Las noticias que involucran hechos de violencia hacia niñas y adolescentes nos mantienen en un estado de constante asombro. Que ocho de cada diez (84%) víctimas de abuso sexual sean niñas y adolescentes mujeres en el 2019 según datos proveídos por el Ministerio Público, así como que Paraguay ocupe actualmente el primer lugar en el Cono Sur en embarazo de niñas y adolescentes, dan cuenta de cómo este grupo de la población es afectado de forma particular por formas de violencia motivadas por su género.
En su amplio espectro, las formas de violencia se decantan hacia las que habitan regiones rurales y, todavía, empeora en aquellas de pertenencia a comunidades indígenas. Hablamos de la violencia explícita que impacta contra sus corporalidades individuales, pero también de aquella que se vale de instrumentos simbólicos y que embiste contra las mujeres, niñas y adolescentes rurales entendidas como un sujeto colectivo. Ambas formas están sustentadas en una estructura patriarcal que permea todos los ámbitos de la vida.