[vc_row][vc_column][vc_column_text]Las elecciones presidenciales y legislativas del Ecuador del pasado domingo 11 de abril, han desnudado una realidad preocupante, triste, y que deja más dudas que certezas de cara al futuro del Estado-Nación. A más de la fragmentación generada en la primera vuelta electoral y la incapacidad del órgano electoral en la gestión de las elecciones, se sumó una campaña para segunda vuelta llena de acusaciones y descalificaciones entre partidarios. Las frases que solo sirven para la inmediatez de las redes sociales, la ausencia del debate de propuestas, y un gobierno irresponsable, fueron la tónica de una realidad presente: la descomposición del tejido social ecuatoriano.
La gestión de las elecciones de primera vuelta mostró la incapacidad del órgano electoral de llevar a cabo un proceso confiable. El punto más alto de estos problemas se generó a partir de una mala lectura de los resultados de conteo rápido de actas, y una fallida mediación con los candidatos Yaku Pérez (Pachakutik) y Guillermo Lasso (alianza CREO-Partido Social Cristiano), llegando a un acuerdo que no tenía ningún tipo de sustento jurídico. Este, duró apenas 48 horas, después de lo cual, ambos candidatos marcaron distancias, y las acusaciones de fraude comenzaron a circular desde la candidatura de Pachakutik en contra de la alianza CREO-PSC, mismas que al final no tuvieron respaldo jurídico alguno.