Aportes a la discusión sobre la legalización, descriminalización y despenalización de las drogas
Por Jorge Rolón Luna*
En el año 1875 la Alcaldía de San Francisco (EEUU) dictó una prohibición a los fumaderos de opio, señalando, tal vez, el momento iniciático de un modelo de ofensiva contra las sustancias alteradoras de la conciencia que aún sigue vigente. 147 años después, el mismo país que inició, prohijó, globalizó y escaló hasta límites de una irracionalidad sin paralelos en la historia “su” guerra contra las drogas, dio sanción inicial a una ley impensada hace muy poco. Mediante la Ley de Oportunidad, Reinversión y Expugnación de Delitos Marihuana (Marijuana Opportunity Reinvestment and Expungement Act of 2020), el baluarte del enfoque bélico hacia un rasgo humano, demasiado humano, como lo es el de superar el estado de conciencia –el filósofo español Antonio Escohotado dixit en su ya clásico Historia General de las Drogas–, se encuentra a un paso de legalizar la marihuana a nivel federal. En breve, parece ser, EEUU eliminará el cannabis de la Ley de Sustancias Controladas, de rango federal, lo que permitirá a los estados legalizar el cannabis, su producción y venta, sin interferencia federal. A hoy, 37 estados norteamericanos ya han legalizado el uso medicinal y 19 (18 más el distrito de Columbia) el uso recreativo del cannabis.
Entre estos dos momentos históricos señalados previamente han pasado muchas cosas, en su mayoría horribles: millones de muertos, cientos de miles de desaparecidos, sistemas judiciales sobrecargados y sistemas penitenciarios colapsados, gravísimas y sistemáticas violaciones de derechos humanos, autoritarismo, corrupción, captura estatal por parte de organizaciones de narcotraficantes, ingentes recursos financieros y humanos dilapidados, distorsiones económicas, destrucción del Estado de Derecho, entre otros.
Y todo por nada. Nunca se estuvo siquiera cerca de ganar una guerra que de entrada era imposible de ganar. Cada vez existen más drogas y su consumo se ha vuelto una pandemia descontrolada. Sólo en México, entre 2006 –año del inicio de la “guerra contra las drogas” del ex presidente Calderón- y mediados de 2021, murieron 350.000 personas y 72.000 se encontraban desaparecidas. Por otro lado, en el buque insignia de esta “guerra” (EEUU), se tenía en 1970 una muerte por sobredosis por 100.000 habitantes, cifra que llegó a 20 por 100.000 en 2019, todo a pesar de la astronómica suma de más de un trillón de dólares invertidos. Sin dudas, el retrato de un fracaso absoluto por sus nulos resultados y su altísimo costo en vidas, dinero y deterioro democrático.
Paraguay es el primer productor de cannabis en Sudamérica, el segundo de Latinoamérica detrás de México y el cuarto mundial. Y seguimos sin aprovechar un producto con importantes usos medicinales y para fines diversos como el alimento (ver el cáñamo), con un potencial productivo, de empleo y de recaudación incalculables en caso de legalizarse su producción y comercialización. Veamos lo que sucede al respecto en EE.UU. En 2020 generó como negocio 17.900 millones de dólares, en 2021 creó 340.00 puestos de trabajo y se estima que para 2025 permitirá recaudar unos 100.000 millones de dólares en impuestos. El potencial del cannabis para la economía paraguaya es incalculable.
Paraguay, como no podía ser de otra manera, se ha plegado a este imperativo mundial, que tiene su otra vertiente en el sistema internacional y que tuvo su momento fundacional en la conferencia de la Comisión Internacional del Opio de Shangai de 1909. Siguiendo mandatos externos, el país ha librado su propia “guerra contra las drogas” y, como tampoco podía ser de otra manera, nunca se obtuvieron resultados esperados. Sin embargo, sí hubo consecuencias terribles, como el deterioro de las condiciones de vida de amplias regiones de frontera, la narcopolítica, el sicariato, la descomposición de las fuerzas de seguridad, la consolidación de organizaciones criminales transnacionales, el hacinamiento de nuestras cárceles, la contaminación del sistema de justicia, la claudicación del sistema político, la asfixia del Estado de Derecho, entre otros.
El botón de muestra del fracaso que se ahonda en nuestra “guerra contra las drogas” es el caso del sicariato, fenómeno marginal en nuestro país hasta hace unos años. El sicariato se encuentra asentado, inocultable y expandido a gran parte del territorio nacional. En 2021 se registraron 180 ataques de sicarios en todo el país, un 32% más que en 2020, representando un ataque cada dos días.
Mientras el país se convierte en un “centro neurálgico de la producción y de distribución del tráfico transnacional” y se empurpura por la violencia creciente del narco y de las fuerzas de seguridad, la política naufraga por los también inocultables vínculos entre el negocio de las drogas ilegales y vastos sectores del oficialismo colorado, algo que también ha salpicado a actores de la oposición, aunque en proporción infinitamente menor y sin la impudicia que muestra el partido de gobierno. Gobiernos locales en zona de frontera tienen a representantes de este negocio directamente instalados en cargos o financiados por el narcodinero, desalentando el involucramiento ciudadano así como las demandas y la participación ciudadana. En ciertos lugares, es arriesgar la vida postularse a un cargo público sin la venia de los señores de la droga, según creíbles testimonios que se refrendan con atentados contra candidatos y funcionarios de municipalidades en la previa de las elecciones del año pasado.
Al mismo tiempo, Paraguay es el primer productor de cannabis en Sudamérica, el segundo de Latinoamérica detrás de México y el cuarto mundial. Y seguimos sin aprovechar un producto con importantes usos medicinales y para fines diversos como el alimento (ver el cáñamo), con un potencial productivo, de empleo y de recaudación incalculables en caso de legalizarse su producción y comercialización. Veamos lo que sucede al respecto en EE.UU. En 2020 generó como negocio 17.900 millones de dólares, en 2021 creó 340.00 puestos de trabajo y se estima que para 2025 permitirá recaudar unos 100.000 millones de dólares en impuestos. El potencial del cannabis para la economía paraguaya es incalculable.
Es cierto que una eventual legalización, despenalización o descriminalización del cannabis no alcanzará para revertir toda la violencia existente hoy alrededor de este negocio. Pero, es posible observar que nadie pierde ni nada se pierde en discutir seriamente este tema. El país podrá reducir su conflictividad social, desinflar sus hacinadas cárceles y abrir las puertas a una actividad económica que puede generar empleo, ingresos fiscales y un ahorro que podría ser destinado a tratar a consumidores problemáticos. ¿No será ya hora?
*Abogado, investigador y ex director del Observatorio de Seguridad del Ministerio del Interior. Autor del libro de relatos “Los sicarios”.
Imagen de portada: Mamá Cultiva Paraguay