Por Juan Francisco Camino.*
En las últimas semanas, Ecuador ha acaparado la atención de medios internacionales, políticos de la región y, por supuesto, de los científicos sociales, especialmente de aquellos dedicados a la poco explorada e incomprendida ciencia política.
Como parte de aquellos experimentos institucionales incluidos en la Constitución de Montecristi, la llamada “Muerte Cruzada” fue aplicada por el presidente Guillermo Lasso el 17 de mayo de 2023. Esta consiste en la disolución del parlamento ecuatoriano y la convocatoria a elecciones anticipadas tanto de legisladores como del presidente y vicepresidente de la República para lo que resta del mandato, es decir, hasta el 24 de mayo de 2025.
Este hecho es inédito en el presidencialismo latinoamericano, mismo que se ha caracterizado por ser altamente inestable y por generar una disputa continua entre el poder legislativo y ejecutivo. Juan Linz lo había advertido ya hace algunos años, y parecería que la élite política ecuatoriana no ha encontrado el camino para vivir en democracia, independencia de poderes y en el respeto a la institucionalidad, misma que es mangoneada conforme sus intereses y no para garantizar una convivencia pacífica. Solo los sistemas políticos de Uruguay, Chile y Costa Rica podrían ser considerados como excepcionales en este contexto.
Pero Ecuador es un caso particular, y a pesar de que muchos comparan la situación actual con la inestabilidad política peruana, las diferencias son notorias. Por un lado, la Constitución del Perú establece en su artículo 134 sólo la disolución del parlamento y la elección posterior de diputados, y por otro, la disolución del parlamento en Ecuador no significó la instauración de un gobierno de emergencia ni declaraciones por fuera de la ley. Lo actuado por el presidente ecuatoriano fue una herramienta institucional para destrabar el conflicto político, y esta impone límites al accionar del presidente, quien si bien mantiene la dirección del gobierno del país, su capacidad legislativa se ve limitada a decretos – ley de emergencia económica, previo control de la Corte Constitucional (sala máxima de interpretación constitucional del país).
Si bien la muerte cruzada destrabó el conflicto político, y era la última opción que tenía el gobierno nacional para evitar su destitución en un controvertido juicio político, es posible que las elecciones nos arrojen un escenario político más incierto. Eso sí, la Ciencia Política tendrá en el Ecuador, un terreno fértil para seguir desarrollando su trabajo, en aras de entender a nuestros sistemas políticos latinoamericanos.
Para quienes están en las antípodas políticas del gobierno, esta medida significó la declaración de una “dictadura”, así, como lo lee. Creen que la constitución avala un golpe de Estado, sólo porque quien la aplicó no es parte de su organización política o receptor de sus simpatías. Por otro lado, quienes aprobaron la medida, pero no han abierto la constitución, han afirmado que el presidente puede realizar una reforma al Sistema Judicial, de un “solo golpe y porrazo”, o puede prohibir partidos políticos. Disparates de esta naturaleza sólo pueden ser un aliciente para replantearse la utilidad de las entrevistas a profundidad como herramienta de recolección de datos para una investigación sobre este tema.
Si a esto sumamos que no existe un procedimiento específico para que la Corte pueda realizar el control previo a los decretos presidenciales. Lo cierto es que podemos inferir que existe un campo amplio de investigación sobre cómo una institución, propia del sistema parlamentario, ha sido aplicada en un sistema presidencialista, en un sistema político caracterizado por una cultura democrática débil, afín a los caudillismos y con unos partidos políticos que han dejado de ser partidos para convertirse en “agencias de colocación” de candidatos.
Y en el proceso de convocatoria a elecciones anticipadas, la clase política ecuatoriana ha dado muestras, una vez más, de la escasa preparación de sus cuadros políticos y una ausencia de carreras políticas. Algunos partidos y movimientos políticos han hecho gala de desesperación, al manifestar apoyo a ciudadanos que no han militado en sus organizaciones, y que, en algunos casos, no tienen la más mínima idea de lo que es la administración del Estado.
Igualmente, algunos candidatos con poca experiencia política, mucho ego y poco interés por evitar una atomización más profunda de nuestro “sistema” de partidos, han decidido participar en estas elecciones, buscando a algún partido que los ampare. Parecería que los partidos han tomado el papel de colocar candidatos, revisando carpetas, imagen del candidato y, tal vez, alguna credencial política o académica que les permita asumir una candidatura. Pero los partidos dejaron de tomar en cuenta tres elementos esenciales para considerar personas para la función ejecutiva: entender cómo se administra el Estado, cómo funciona el sistema político y como tender puentes en un país con una alta fragmentación política.
Parecería que estamos creando una nueva categoría en el estudio de los partidos políticos como “agentes de colocación” de candidatos. Quien sabe que podríamos agregarlos, en un futuro cercano, a la tipología de partidos como el “Catch All”, el partido “cártel”, el partido de masas o el de élites. O quién sabe estamos ante una nueva definición de las “maquinarias electorales”. En fin, el Ecuador es un desafío para quienes estudian la política con rigidez teórica, conceptual y metodológica.
Lo que nos queda claro a todos, es que las organizaciones políticas son miopes ante su prácticamente inevitable implosión, similar a la que viviera el país en el año 2005 y que en 2007 derivó en una aventura que nos llevó a ser un régimen híbrido, más cercano al autoritarismo que a una democracia y que se mantuvo en el poder por 10 años.
Lo único que interesa a los políticos es sobrevivir, arrastrar asambleístas en la elección parlamentaria y satisfacer sus pretensiones personales. Solo pretenden ver su nombre en los libros de historia y mas no hacer historia como líderes responsables, que busquen un acuerdo general en sus respectivas tendencias políticas y llegar a un acuerdo de gobernabilidad para los próximos dos años.
Ninguna organización política toma en cuenta que la próxima Asamblea Nacional tendrá una composición similar a la última, y tendremos un conjunto de minorías disputándose los espacios de poder en las comisiones permanentes y presionando al ejecutivo. Incluso me atrevería a decir que nos espera una mayor fragmentación del parlamento, con más organizaciones representadas que traten de llenar el vacío que dejarán organizaciones políticas que en 2021 tuvieron la ventaja del arrastre electoral de Yaku Pérez y Xavier Hervás y la estructura provincial del Partido Social Cristiano.
Si bien la muerte cruzada destrabó el conflicto político, y era la última opción que tenía el gobierno nacional para evitar su destitución en un controvertido juicio político, es posible que las elecciones nos arrojen un escenario político más incierto. Eso sí, la Ciencia Política tendrá en el Ecuador, un terreno fértil para seguir desarrollando su trabajo, en aras de entender a nuestros sistemas políticos latinoamericanos.
* Profesor Universitario (Quito). Estudiante de doctorado en la Universidad de Salamanca (España). Máster en Relaciones Internacionales por el Instituto de Altos Estudios Nacionales (Ecuador) y en Ciencias Políticas por la Universidad de Salamanca.
Imagen de portada: De Verdad Digital