Por Jorge Rolón Luna*
El término “narcoestado” (NE) se ha vuelto un lugar común a la hora de designar a países que enfrentan graves problemas como la violencia, corrupción, grupos criminales supuestamente controlando territorios, y donde sectores de la clase política, la burocracia estatal y las fuerzas de seguridad se encuentran entregados al “narco”. El Estado paraguayo, donde algunas de estas cuestiones se observan con cierta nitidez de un tiempo a esta parte, no ha escapado a ser caracterizado de esta manera. Lo que ocurre es que esta mirada entraña una equivocación conceptual que lleva a un diagnóstico equivocado de la problemática y, por ende, a la insistencia en supuestas soluciones que ni siquiera alteran el estado de cosas. En una serie de artículos, primero plantearé el trasfondo de esta conceptualización equivocada (originada en el uso de una matriz Weberiana de análisis del Estado); segundo avanzaré con alternativas de conceptualización que son mucho más precisas para analizar la relación entre el Estado y el narcotráfico; y, finalmente, concluiré con un tercer artículo que ilustre por qué Paraguay es, más que un narcoestado, un Estado que dirige una multiplicidad de negocios ilícitos.
Un NE es aquel que normalmente se considera que desarrolla uno o dos roles fundamentales: producir algún tipo de droga ilegal o funcionar como corredor de tránsito de estas. Varios países han sido señalados en esos roles, tales como Colombia, México, Burma, Afganistán. Estos señalamientos provinieron de organismos internacionales especializados de NN.UU (UNOCD), jefes de Estado, políticos, periodistas e incluso, académicos. Siendo que el Paraguay ocupa un lugar de preponderancia en la producción y tránsito de drogas, no sorprende que varios sectores califiquen a Paraguay como un NE. Es lo que se ha visto en medios de comunicación, la sociedad civil, la diplomacia extranjera, organismos internacionales y hasta la academia.
Estas miradas son inconsistentes porque chocan con la matriz conceptual proveniente de la obra de Max Weber con respecto al Estado. Weber define al Estado como “aquella comunidad humana que, dentro de un determinado territorio (el territorio es el elemento distintivo), reclama (con éxito) para sí el monopolio de la violencia física legítima”. Desde esta perspectiva, la tesis de Paraguay como “un NE” lleva a pensar que el “narco” controla partes del territorio, imponiendo su violencia y superando la capacidad del propio aparato público, el cual habría claudicado ante la potencia insuperable de aquél, poniendo su estructura y funciones al servicio de fines ajenos a los de un Estado moderno.
Ni NE ni “ausencia del Estado”. El Estado paraguayo no es un ente que se dedica al negocio del narcotráfico de manera directa, aunque a veces pueda parecerlo, ni la tal ausencia estatal es aprovechada por grupos criminales para medrar ante ese supuesto vacío de poder. En realidad, lo que se verifica es un Estado muy presente para regular, proteger y lucrar con un negocio que es funcional al mantenimiento del sistema político, por un lado; y una ausencia del Estado de Derecho, por el otro
El problema es que, según Weber, para que existan organizaciones no estatales que controlen un territorio solo pueden hacerlo en la medida en que el Estado “les conceda el derecho a la violencia física”. Si quienes controlan territorio en Paraguay —narcotraficantes, en este caso— lo hacen por fuera del Estado, estaríamos ante un caso de poder bicéfalo, un “duopolio de la violencia”, contrario al concepto weberiano de “monopolio de la violencia legítima”.
Para Weber, el monopolio de la violencia es el rasgo distintivo de un Estado. Esto se fundamenta en tres razones: la preservación de la unidad estatal frente al exterior; la eventual necesidad de ampliación de los recursos y el territorio del país por medio de la guerra; la fuerza estatal como amenaza permanente frente a quienes pretenden cambiar la organización de la sociedad (paz interna). En otras palabras, aquel Estado que sea superado por grupos, facciones o entidades de cualquier tipo en la aplicación, detentación y monopolio de la fuerza legítima, carece de una de sus cualidades fundamentales. Sin ser la única fuente del derecho a la violencia, el Estado como tal no existiría y se ingresaría a una anarquía.
Para Weber, el ejercicio legítimo de la violencia es el atributo más importante del Estado, hasta en términos ontológicos. Sin este atributo esencial no hay ni territorio, ni población, ni orden jurídico; no hay Estado. Lo que permite la existencia política del Estado es su superioridad sobre cualquier poder existente en un territorio determinado, lo cual a su vez le permite mantenerse en el tiempo.
Desde este encuadre conceptual resulta arduo explicar cómo los grupos criminales dedicados al narcotráfico encarnarían al Estado mismo. Cómo han constituido un Estado paralelo imponiendo su orden jurídico, monopolizando el uso de la fuerza legítima en un territorio, para convertir a éste en una organización dedicada por completo al tráfico de drogas. No existe a la fecha evidencia empírica de tal cosa. Lo que está probado es que el Estado siempre controló el negocio de las sustancias prohibidas, desde sus albores a fines de los años 60 del siglo pasado; y que dicho modelo no ha sido alterado sustancialmente.
Visto así el asunto, una eventual claudicación del Estado paraguayo —con pérdida, merma, limitación o contestación seria y contra su voluntad del monopolio del uso de la fuerza— deberá necesariamente ser entendida como la inexistencia o reemplazo del Estado como entidad. Esta es la mirada que se encuentra detrás de la también extendida idea de que, al fallar el Estado paraguayo en su capacidad de monopolizar la violencia frente a grupos narcotraficantes, lo que tenemos es un “Estado ausente”.
Es muy frecuente encontrar a políticos, comunicadores e incluso académicos que sostienen que esta supuesta ausencia estatal explica el auge de grupos criminales en ciertas zonas del país. Algo que, dicho sea de paso, ha sido puesto en cuestión por trabajos de Carlos Peris con Sarah Cerna y otro de Sonia Alda Mejías, en los que con datos en la mano se refuta esa visión repetida hasta la náusea para el caso paraguayo.
Ni NE ni “ausencia del Estado”. El Estado paraguayo no es un ente que se dedica al negocio del narcotráfico de manera directa, aunque a veces pueda parecerlo, ni la tal ausencia estatal es aprovechada por grupos criminales para medrar ante ese supuesto vacío de poder. En realidad, lo que se verifica es un Estado muy presente para regular, proteger y lucrar con un negocio que es funcional al mantenimiento del sistema político, por un lado; y una ausencia del Estado de Derecho, por el otro.
*Investigador. Ex director del Observatorio de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior.
Imagen de portada: Roberto Goiriz