por Guzmán Ibarra
¿Cuál es el peso del dinero en las competencias electorales? En qué proporción -la correlación de variables mayor gasto/mejor resultado- aumenta las probabilidades de victoria electoral? Es una inversión, desde el punto de vista de los financistas, de bajo riesgo y alta rentabilidad? No es el objetivo, y además excede a la posibilidad de este espacio, dar una respuesta a estas interrogantes. Pero sí se pueden señalar algunas características de cómo funciona el ámbito institucional-legal del financiamiento político que posibilita que la política sea una oportunidad financiera para grandes inversiones sin control estatal.
Antes, algunas consideraciones. Obviamente el éxito electoral se encuentra condicionado por varios factores, y el peso de cada uno dependerá a su vez de unas diferentes variables. Y seguramente para cada caso, para cada elección, se necesitará un estudio que analice las claves del éxito o del fracaso. Algunos trabajos desde las Ciencia Política mencionan factores como el estado de la economía, el peso de la tradición partidaria, la fidelidad o la volatilidad electoral, el carisma de un candidato que seduce a las masas, una buena coalición electoral, una correcta estrategia de marketing político o de imagen, rivales débiles, el desgaste del partido de gobierno, del apoyo o la hostilidad de los medios de comunicación, la utilización de los meta datos -como en la ficción el PollyHop de House Of Cards- entre otros. Igualmente, una buena cantidad de recursos económicos contribuirá a potenciar algunos de estos factores.
Los partidos se han convertido cada vez más en maquinarias electorales, que sólo suman votos, y cada vez menos en instituciones políticas claves para la democracia.
Observando las últimas votaciones en Paraguay, no me quedan dudas de que en las elecciones generales hay una correlación fuerte entre dinero y ganar elecciones. Para un análisis multinivel, no cuento con evidencia empírica para asegurar que a nivel local esta correlación se mantenga en la misma proporción, algunos resultados del 2015 parecieran indicar que sí otros que no –lo cual sólo indica que las excepciones ayudan a precisar la relación entre variables- desde luego, cómo habíamos señalado, el dinero es una variable importante pero por supuesto no decisiva y ahí entran a tallar otros aspectos.
Ahora, el punto que quiero abordar son las características del financiamiento político y en qué medida la falta de controles constituye un incentivo para la inversión y para el aumento del peso del dinero como clave para ganar elecciones.
Hay cuatro aspectos que ayudan a entender el ámbito del financiamiento político. El primero, es la ley 4743/12 –que aunque es un avance importante en relación a lo anterior; es decir a la nada- no cuenta con una reglamentación clara y con mecanismos adecuados para que los partidos políticos y candidatos realicen rendiciones de cuentas mínimamente auditables; no solo de los recursos públicos que le son conferidos en términos de subsidios y aportes, sino fundamentalmente de los aportes privados que escapan de toda posibilidad de cuantificación. En concreto; las instituciones estatales apenas tienen noción del volumen y forma en que se utilizan los recursos en la política.
Lo segundo, guarda relación con las capacidades institucionales del TSJE –que en los últimos meses pareciera abandonar esa no disputa institucional con la CGR por el control del financiamiento político ensayando ahora tímidos controles y algunas iniciativas legislativas- la misma no se encuentra dotada de la capacidad técnica para hacer cumplir con los requisitos legales establecidos.
El tercer aspecto guarda relación con el entramado de instituciones estatales vinculadas misionalmente al control del financiamiento político -Contraloría General de la República, Secretaría de Tributación, Banco Central del Paraguay, Secretaria de Prevención del Lavado de Dinero, el Ministerio Público- no disponen de un marco institucional mínimo y de mecanismos de control para realizar un seguimiento de los aportes privados, y en alguna medida públicos, que financian a la política. De hecho, muchas de estas instituciones no tienen ningún papel real en el control
Por último, los partidos políticos que aunque contaran con la voluntad política –y no la tienen- de transparentar el financiamiento político no se encuentran en las más mínimas condiciones institucionales de desarrollar mecanismos para una rendición de cuentas adecuada de sus miles de candidatos o sus cientos de movimiento -y ni mencionar a los partidos pequeños o incipientes que apenas dan cumplimento a la existencia formal- que compiten en las elecciones internas y para lo cual no hay un solo control. Los partidos se han convertido cada vez más en maquinarias electorales, que sólo suman votos, y cada vez menos en instituciones políticas claves para la democracia.
Estas condiciones constituyen un desincentivo para invertir dinero limpio en la política y por el contrario, constituyen un ámbito altamente redituable para recursos financieros de dudoso origen.