por Katia Gorostiaga Guggiari
Al leer el análisis recientemente realizado por José Tomás Sánchez en Tereré Cómplice, me surgieron un par de dudas respecto al tema de la reelección. Por un lado, por qué parte de la ciudadanía quiere la reelección y, por el otro, por qué existe un número importante de personas que la rechazan. Más allá de la opinión respecto de cómo debe introducirse esta figura a fin de respetar las normas constitucionales, en esta columna no pretendo abocarme a dicho tema, sino más bien, a ver algunos aspectos relacionados con la posibilidad de tener la opción de reelegir autoridades.
La posibilidad de reelección de autoridades conlleva aspectos positivos para la construcción de la democracia. Por un lado, es una manera de inducir a las autoridades a intentar realizar una buena gestión y, por otro lado, constituye una herramienta ciudadana fundamental a la hora de premiar o castigar a las autoridades.
Respecto de la primera cuestión, si se asume que la política es una carrera profesional como cualquier otra, resulta lógico pensar que quien ejerce un cargo electivo estará interesado en permanecer en el mismo. De una forma u otra, la política constituye su medio de vida. Entonces, es natural pensar que esta autoridad buscará escuchar a sus votantes, satisfacer sus reclamos e, incluso, pretenderá representar sus intereses de la mejor manera posible. Sin embargo, si no tiene la posibilidad de ser reelecto ¿qué incentivos tiene para realizar una buena gestión? De esto deviene claro que la reelección puede funcionar como un elemento que genere atractivos para la buena gestión política.
Este análisis pareciera sugerir que quienes rechazan la reelección lo hacen más bien por la forma en que pretende ser introducida, antes que por el contenido y las posibilidades que la misma trae aparejada.
La segunda cuestión -o sea, la opción de la reelección como herramienta ciudadana- sin embargo, puede resultar más compleja. Si bien es cierto que la reelección puede constituir un mecanismo apto para que el pueblo premie o castigue a sus representantes, no menos cierto es que, para hacerlo, se necesita una ciudadanía informada respecto de la gestión y, a la vez, interesada en las consecuencias de la misma. A tal efecto, es fundamental que existan vías formales que conlleven la obligación para las autoridades de informar los procesos de decisión, los aspectos positivos y negativos de los mismos, así como sus resultados.
Sin embargo, estas vías no pueden limitarse a los informes de gestión anuales o a la comunicación mediada por los partidos políticos. En relación con esto, debe recordarse que la información es un derecho que nos corresponde a todos y todas. Es por eso que deben construirse mecanismos que permitan que los ciudadanos y ciudadanas podamos conocer la gestión de nuestras autoridades. Esos mecanismos deben ser accesibles y la información debe estar expresada en un lenguaje claro y cotidiano que no requiera un conocimiento a profundidad de la mecánica del Estado.
Hoy en día existen múltiples vías para llegar a la ciudadanía que no requieren mayores costos. En primer término, se puede dar esta información a través de las redes sociales. En relación con esto, debe decirse que no bastan las páginas de las diferentes instituciones que componen el Estado. Se debe diseñar una estrategia que invite a leer la rendición de cuentas de las autoridades. Asimismo, hay varios canales de televisión y numerosas estaciones de radio que llegan a casi todo el país con las cuales el Estado puede acordar que dediquen un espacio a informar a ciudadanos y ciudadanas sobre su gestión. Y, si esto no parece suficiente, deberían elaborarse resúmenes escritos que estén en todos los organismos y entidades del Estado que reciben cientos de consultas personales todos los días. Sin duda, existen otros medios. La cuestión es informar y tener voluntad política para hacerlo.
La posibilidad de premiar o castigar a los representantes, teniendo como supuesto fundamental que existe información clara y precisa respecto de su gestión, implica también tener en cuenta cómo votamos los paraguayos y las paraguayas: ¿Ejercemos el voto racional? ¿Votamos por los colores? ¿Depositamos nuestro voto por aquél candidato o candidata que nos cae mejor? Responder estos cuestionamientos resulta harto difícil.
El voto racional es aquél donde, a grandes rasgos, el elector busca maximizar la utilidad de su voto, es decir, obtener el mayor beneficio posible. Por ejemplo, tenemos al candidato A y B. El Candidato A promete que va a invertir mayor presupuesto en educación y en salud, mientras que el candidato B expresa que pretende aumentar el presupuesto en las Fuerzas Armadas. Como que a mí, ciudadano de a pie, me importa poco o nada lo que hacen las FFAA, prefiero que el gobierno invierta más en salud y educación. Por lo tanto, voy a votar al candidato A.
En este tipo de votación racional, la posibilidad de reelección puede resultar sumamente útil. Veamos, resultó ganador el candidato A. Sin embargo, luego de 5 años de gestión, vemos que violó sus promesas electorales y, en lugar de invertir más en políticas sociales, prefirió invertir en salarios de senadores y diputados y, además, incrementó porcentualmente la partida presupuestaria destinada a las FFAA. Ante este resultado, si existe la posibilidad que el mismo sea reelecto, es probable que el elector racional que lo votó por su programa de gobierno, en lugar de elegirlo nuevamente, utilice el voto castigo y elija al otro candidato. Esto es lo que se conoce como voto retrospectivo. Evaluamos la gestión del candidato luego de la gestión y, de acuerdo con que nos haya parecido positiva o negativa, votamos nuevamente a favor del mismo o en su contra respectivamente.
Sin embargo, este no es el único tipo de decisión racional que ejercen los electores. En muchos casos, al momento de elegir, los votantes, más que en el beneficio para toda la ciudadanía, piensan en cómo tal decisión le puede otorgar réditos personales. Por ejemplo, si gana el candidato B, me aseguro un puesto de trabajo en tal o cual institución, entonces, claramente lo voy a elegir. Esta opción, aunque puede no ser informada en el sentido expresado previamente, también tiene fundamentos que pueden ser calificados como razonables.
En el electorado –tanto en el paraguayo como en el de casi todos los países- siempre se encuentran votantes de ambos tipos, es decir, los racionales con miras a lo colectivo, y los racionales con miras a los fines propios. Es por eso que la reelección es un mecanismo que difícilmente tenga aspectos negativos. Al elector que apunta al beneficio propio, no le afecta porque va a seguir votando igual, mientras que al elector racional que realiza el voto retrospectivo, le da la posibilidad de castigar o premiar al candidato que optó por presentarse nuevamente a las elecciones. En efecto, ambos tipos de votantes se ven cada cinco años cuando llega el momento de marcar la boleta.
Asimismo, cuando se marca la boleta para senadores, diputados, gobernadores o intendentes, se realiza también una elección racional. Es más, en estos casos el electorado vota retrospectivamente y castiga o premia a sus representantes. ¿O acaso no hemos castigado a Arnaldo Samaniego en Asunción o premiado a Federico Alderete en Villarrica?
Este análisis pareciera sugerir que quienes rechazan la reelección lo hacen más bien por la forma en que pretende ser introducida, antes que por el contenido y las posibilidades que la misma trae aparejada. Dejemos de lado por un rato las formas y miremos los aspectos positivos que el voto retrospectivo puede aportar. A mí me gustaría -asumiendo que tengo toda la información necesaria- poder premiar y castigar a mis representantes, ¿a vos no?