por José E. Rivarola
Érase un vez un país maravilloso. Sobre un mapa verde-amarelo, millones de almas dejaban atrás la pobreza para engrosar las filas de una creciente clase media.
La fiesta, organizada por un ex líder sindical capaz de sintonizar las aspiraciones populares, se pagaba con dividendos generados por una economía en expansión. Eran años de auge de las commodities, cortesía de la aceleración del consumo chino y de buena reputación financiera, ganada gracias la probidad administrativa de los años 90.
Las cosas andaban bien en el Brasil. Los tiempos de inflación record, devaluación vertiginosa, deuda inmanejable y economía en terapia intensiva, eran cosa del pasado.
Ricos y pobres estaban de parabienes.
Los unos porque sus industrias y negocios florecían gracias a estímulos, créditos ventajosos y ayudas gubernamentales (o de amigos del Gobierno).
Los otros, en razón de su repentino acceso a la televisión por cable y a celulares de última generación, así como a un sistema previsional que alcanzaba a caipiras y gauchos. Con un año de trabajo se podía financiar otro de reposo o carnaval. Y aun sin trabajar, se llenaba el estómago con arroz, feijão y hasta carne, merced a las ayudas y subsidios que no discriminaban raza, color, ni capacidad real de producir o ahorrar.
A penas estrenado el segundo mandato de Lula, explotó el “Mensalão”. La investigación así denominada, desnudó un esquema de desvío de dinero público y cobros de propina, aplicados a la financiación de favores y votos afines a las causas del Ejecutivo.
Las mieles del progreso habían llegado a la base de la pirámide. El desarrollo se podía ver y cuantificar. Estos atributos situaron al Brasil en categoría de tigre americano, transformándolo en jugador de peso universal. Debía actuar en consecuencia.
Las huestes de Itamaraty se lanzaron a la caza de eventos de envergadura, a ampliar su presencia en el mundo y a ganar espacios en foros internacionales. Aparecieron así, de un día para el otro, consulados brasileros en Vanuatu y otros Estados de similar peso geopolítico. Diplomatas do Imperio intervenían directamente en negociaciones sobre Irán y la reforma del Consejo de Seguridad. Poco importaba si estas representaciones o cuestiones eran relevantes para Seu José o Dona Dorilda.
En el plano nacional, un frenético impulso edificador llamado a dejar testimonio de los días de gloria del periodo “socio-petista”, tomó cuenta del territorio brasilero. A su paso, estadios monumentales, imponentes edificaciones, autopistas, puentes, entre otras obras de grueso calibre, empezaron a multiplicarse. También las fortunas de quienes se beneficiaron con el “toma daca” transaccional propio de las contrataciones públicas.
El modelo instaurado, presentado como ejemplo regional y mundial de cordura administrativa y buena praxis social, sin embargo, pronto empezaría a mostrar su contracara.
A penas estrenado el segundo mandato de Lula, explotó el “Mensalão”. La investigación así denominada, desnudó un esquema de desvío de dinero público y cobros de propina, aplicados a la financiación de favores y votos afines a las causas del Ejecutivo. No obstante su fuerte repercusión inicial, la operación fue perdiendo vigor hasta desfallecer sin mayores cuestionamientos. Eran, desde luego, tiempos de bonanza. Rico Mc Pato se bañaba y salpicaba a Juan Pueblo. Y como el bien comido (que además tiene televisión y celular) no chilla, el caso se desvaneció. Dejó como saldo unos pocos presos y una alerta roja sobre la financiación del modelo de desarrollo imperante, que la generalidad escogió ignorar.
En 2013 la ley de la gravedad había hecho su parte. La baja de las cotizaciones de materias primas y el consecuente agravamiento del déficit, degeneraron en una crisis que terminó por tocar el bolsillo ciudadano.
Los signos de tormenta eran evidentes. Pero el gobierno no atinó a adoptar correctivos a tiempo. En vísperas de la Copa del Mundo 2014, el enojo estaba en la calle. Las movilizaciones, frecuentes en aquellos días, amainaron con la llegada de las primeras delegaciones mundialistas y regresaron con furor a inicios del 2015. El deterioro de la calidad de vida, para entonces, era notorio.
Por aquel tiempo, otra investigación con ribetes escandalosos empezó a incubar. Al frente de la operación “Lava-Jato”, el temerario Juez paranaense Sergio Moro, puso al desnudo las entrañas de una sofisticada maquinaria. Esta recaudaba, lavaba y repartía sumas siderales entre cientos de funcionarios de todos los partidos y regiones, financiando campañas, votos, favores, silencios y lujos.
A mediados de 2017, los tentáculos de esta investigación alcanzaban a presidentes, ministros, parlamentarios, gobernadores y alcaldes. Quedaron pegados, igualmente, personeros de empresas y conglomerados responsables por buena parte del PIB brasilero y los empleos generados en Brasil .
La irresponsabilidad financiera y la corrupción concitada en torno a los negocios estatales de los últimos tres lustros, descubiertos por la “Lava-Jato”, desataron una inédita crisis de doble vertiente, política y económica. Una Presidenta depuesta, un Presidente tambaleante, líderes fuertemente desacreditados y una población que repudia la política y a quienes se dedican a ella, son a penas las derivaciones más visibles del momento que se vive.
En el plano económico, aunque no se llegó a extremos en materia de inflación o devaluación, el déficit dificulta a extremo el cumplimiento de obligaciones básicas. Así la preservación de programas sociales o el pago de haberes a trabajadores de sectores de la salud, la educación y la fuerza pública. Los excesos en materia de previsión laboral, por otra parte, contribuyeron de manera significativa a la huida de capitales, cierre de negocios y consecuente incremento del desempleo.
Este cuento está lejos de tener final feliz. El crecimiento brasilero a mediano plazo fue hipotecado a cambio de minutos de “samba, carnaval y futbol”. El debate está centrado hoy en las estructuras legales ligadas la financiación de campañas políticas y la migración hacia un sistema semi-parlamentario.
Si la gavilla responsable del descalabro actual reunió a miembros del Parlamento y el Ejecutivo y se financió con dinero originados fuera del radar, será suficiente crear nuevas prohibiciones o migrar hacia formas de gobierno distintas, para garantizar la no repetición de la historia?.
No lo creemos. Pero puede ser parte de una solución integral que deberá, además, al menos comprender controles jurisdiccionales fuertes y amplios, altas dosis de racionalidad y responsabilidad administrativa y políticas sociales inclusivas, equitativas, pero sostenibles.