Por Shirley Gómez Valdez.
España, y en especial la comunidad catalana, están viviendo días históricos. El Gobierno de la Generalitat de Cataluña convocó, para hoy domingo 1 de octubre, un referéndum que tendrá impacto no sólo a nivel país sino también en Europa. La pregunta es si están de acuerdo (o no) con que Cataluña se constituya en un Estado independiente en forma de República. Pero, parte de la tensión que se generó con esta convocatoria es justamente que no se sabía si se llevaría a cabo.
Estas intenciones independentistas no son exclusivas de los catalanes, ni tienen un origen reciente. Históricamente, desde el centro de España nunca tuvieron la capacidad para imponer, ni siquiera por la fuerza, un imaginario nacional a aquellas regiones con tradiciones, lenguas y culturas propias: Cataluña, Galicia y Euskadi (País Vasco). Sin embargo, en el caso catalán existe un amplio debate histórico sobre su soberanía. Más allá de esa puja, hoy la principal base del conflicto se centra en el ámbito político, y los antecedentes históricos sólo son una herramienta más para hablar a favor o en contra de las partes de este momento.
No es la primera consulta que se realiza a los catalanes para saber si quieren ser un estado independiente. La consulta sobre el futuro político de Cataluña, realizada el 9 de noviembre de 2014 no fue vinculante, aunque para Rajoy ambos procesos son ilegales. El factor que diferencia a este referéndum es la crisis que se generó en las últimas semanas, relacionada principalmente con el ámbito jurídico. El 6 de septiembre pasado el Parlamento Catalán aprobó una ley de referéndum que, rápidamente, fue respaldada por el Gobierno Catalán. Todo esto en contra de la posición del Tribunal Constitucional español, máxima instancia judicial, que reafirmó que no se puede llevar adelante una consulta de autodeterminación sin una reforma constitucional previa. Los representantes del Gobierno Catalán defienden sus posiciones jurídicas basándose en resoluciones de organismos internacionales relacionadas al derecho de autodeterminación.
“No existen las garantías mínimas para que el referéndum pueda llevarse a cabo, responsabilidad tanto del Gobierno Español como del sector soberanista catalán.Tanto por la predisposición del ejecutivo español de emplear todos los medios posibles para impedirlo como por la ventaja partidaria del sector que impulsa la consulta”
En medio de esta puja jurídica, la respuesta del Gobierno español fue la detención de altos funcionarios catalanes involucrados en los preparativos del referéndum (ya existen antecedentes de medidas judiciales en las anteriores consultas).Una medida poco inteligente para un conflicto político que dio fuerza a la convocatoria para el 1 de Octubre y motivó a los catalanes independentistas a salir a las calles a protestar de diferentes formas, como los cacerolazos diarios. Más allá de los cuestionamientos que puedan hacerse a los bandos de esta crisis, hay que reconocer la negligencia del Ejecutivo español para manejar este conflicto político por vías judiciales. Muy al contrario de dialogar, lo que han hecho los gobiernos anteriores y Rajoy es básicamente ir reduciendo las atribuciones económicas y políticas que el estatuto catalán permitía.
El Presidente Mariano Rajoy actuó de forma poco acertada porque en vez de propiciar un diálogo en condiciones serias se aferró a la interpretación judicial restrictiva de la Constitución para ir en contra de los esfuerzos de los catalanes para lograr una mayor autonomía. Esta intransigencia es la que ayudó a que el conflicto cobre visibilidad a nivel mundial, cuando antes era conocido pero no estaba posicionado con fuerza en la comunidad internacional. Varios referentes y líderes, como por ejemplo Julian Assange, diariamente están refiriéndose en diferentes espacios a la situación de Cataluña.
En relación a la posición de los partidos políticos, la CUP (Candidatura D’Unitat Popular, en catalán) y los grupos integrados en Junts pel Sí (coalición que nació en el 2015 para las elecciones del 27-S) son los principales referentes del independentismo catalán.El partido de Gobierno, el PP (Partido Popular) y el PSOE (Partido Socialista Obrero Español) encontraron en esta situación un punto de alianza. Por su parte “Ciudadanos”, presidido por Albert Rivera, se mostró siempre claro en contra de lo que consideran la imposición del nacionalismo catalán.”Podemos” sin embargo, no se mostró muy claro durante este proceso, en donde constantemente Pablo Iglesias abogó por un referéndum pactado y con garantías legales, lo que conlleva grandes diferencias a nivel interno.Izquierda Unida (IU) prácticamente sigue la línea de Podemos en su posición ambigua.
No existen las garantías mínimas para que el referéndum pueda llevarse a cabo, responsabilidad tanto del Gobierno Español como del sector soberanista catalán.Tanto por la predisposición del ejecutivo español de emplear todos los medios posibles para impedirlo como por la ventaja partidaria del sector que impulsa la consulta.
De todas formas, quienes supieron aprovechar estratégicamente el conflicto, fueron los del sector pro referéndum que reforzaron sus bases sociales y hoy tienen una fuerza ciudadana que presiona con mayor determinación.
Imagen: fotografía de Juan Abad.