Por Claudia Pompa
Las recientes declaraciones del actual ministro de trabajo, empleo y seguridad social, Guillermo Sosa, traen a la memoria la siguiente frase “un gran error es arruinar el presente, recordando un pasado que ya no tiene futuro.”
Su rechazo al proyecto de ley que aprueba abonar el salario mínimo para los trabajadores domésticos no solo produce frustración, sino que demuestran lo mucho que todavía nos queda avanzar como sociedad a fin de asegurar la igualdad de derechos y oportunidades para los mismos.
El trabajo doméstico en Paraguay
En Paraguay la cara del trabajo doméstico es femenina, joven y en situación de pobreza. Según los datos de la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos (DGEEC) del 2013, más de 220 mil mujeres se dedican al trabajo doméstico, la mayoría de ellas se caracterizan por ser mujeres jóvenes – 45% de ellas tienen menos de 30 años y 19% menos de 19 años. Al mismo tiempo, 22% de las trabajadoras domésticas se encuentran en situación de pobreza.
Las trabajadoras domésticas además se enfrentan a diversos y complejos tipos de vulnerabilidades. La mayoría de ellas son jóvenes nacidas en zonas rurales, migrantes del campo a la ciudad, guaraní parlantes y con bajos niveles de escolaridad – 70% de las trabajadoras domésticas tiene menos de 10 años de estudio. El trabajo doméstico es, en la mayoría de las ocasiones, la única alternativa de ingreso al mercado laboral. Sin embargo, factores como la baja paga, la precariedad de las condiciones de trabajo, y una cultura fuertemente arraigada en la creencia de que el trabajo doméstico es de menor valor y calidad hacen que el progreso económico de las trabajadoras domésticas – y sus familias – sea virtualmente imposible.
Derechos laborales de las trabajadoras domésticas
El la última década, la región ha visto importantes avances en cuanto a la regulación de los derechos laborales para los trabajadores domésticos. Gran parte de estas reformas se dieron gracias a la inclusión del trabajo doméstico como parte de la agenda de trabajo decente por parte de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El Convenio OIT Nº 189 Sobre las Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos ha logrado que varios países de la región presten atención al tema y regulen temas importantes como el salario mínimo, la limitación de la jornada de trabajo, las vacaciones y descansos remunerados, la protección de la maternidad, el acceso a la protección social, etc.
Paraguay no ha sido la excepción, con la introducción en el 2015 de la Ley del Trabajo Doméstico N° 5407 que ha logrado importantes avances en la regulación del trabajo doméstico, tales como el pago de horas extras, la exigencia de un contrato laboral por escrito, la regulación de la jornada laboral, etc. No obstante, a pesar de los avances, todavía quedan importantes aspectos que necesitan ser mejorados o modificados a fin de que las trabajadoras domésticas en verdad tengan acceso a trabajo decente con igualdad de derechos.
La Ley N° 5407 establece que el salario mínimo de los trabajadores domésticos es equivalente al 60% del salario mínimo vigente. Desde una perspectiva de derecho, esta ley no reconoce con igual valor – y por ende con igual retribución y mismos derechos – la labor realizada por las trabajadoras domésticas.
Es por ello que las trabajadoras domésticas han continuado su lucha para la obtención del salario mínimo. La cámara de Senadores actualmente ha dado media sanción a fin de establecer el mismo y ahora se espera la ratificación por parte de la Cámara de Diputados. Argumentos como los presentados por el Ministro Sosa para justificar su rechazo a la modificación de la ley – de que el sueldo mínimo generará desempleo por los altos costos asociados al mismo – no solo ignoran que el servicio doméstico puede ser contratado en varias modalidades (mensual, semanal, diario) sino que también rechaza la idea de que el mismo está basado en una relación de derechos y no de caridad.
La igualdad de valor y de derechos no solo es importante porque ayudan a prevenir situaciones de explotación y aseguran acceso a trabajo decente que ayude a estas mujeres a tener condiciones de vida digna para ellas y sus familias; sino que también porque ayudan a combatir una arraigada idea cultural de que existen ciudadanos de diferentes categorías: los que sirven y los que son servidos.
Un pasado que ya no tiene futuro
A pesar de las numerosas dificultades y obstáculos que enfrentan las trabajadoras domésticas, las mismas han logrado organizarse – hoy día existen tres organizaciones diferentes que aglutinan a las mismas – y posicionar la discusión del trabajo doméstico como parte de la agenda legislativa y social.
Gracias a su trabajo tenaz y perseverante por más 25 años, las mismas han logrado importantes cambios en la legislación y el reconocimiento de derechos fundamentales. Sin embargo, esta lucha hoy se ve truncada por quien debería ser su principal aliado por más y mejores condiciones laborales.
El rechazo del proyecto de ley que busca dar igualdad de valor y derechos a las trabajadoras domésticas por parte del Ministro Sosa está anclado en una mentalidad que busca perpetuar un pasado que ya no tiene futuro. Es hora de que entendamos que no existen ciudadanos de diferentes categorías, y que esto se demuestre ante la ley.
Será mucho pedir a nuestras autoridades – quienes deberían ser los líderes que marquen las pautas para la generación de necesarios cambios sociales – que no arruinen el presente?
Foto de portada: ABC Color.