Por Jazmín Duarte Sckell.
La religión es una de las formas que el ser humano tiene para dar sentido a su existencia y la mayoría de ellas se basan en el amor y el respeto. Está claro que las religiones son instituciones sociales que tienen una importancia suprema en la vida de la gente, de ahí que existan situaciones que llevan a que las mismas puedan adquirir un poder desmedido en la sociedad. Un ejemplo de ello se da cuando combinan la capacidad de dictar lo que está bien y lo que está mal, la capacidad de obtener obediencia y dictaminar castigos, sumado a su acceso al aparato del Estado. Con esta combinación, los resultados pueden atentar contra el bienestar general, sancionando a aquellas personas que, aunque no profesen ninguna fe, no cumplan con los cánones religiosos o inclusive no se adhieran al aliado político de turno.
Cuando se habla de Estado Laico en Paraguay, nos referimos justamente a eso: a la necesidad de que el órgano de administración pública y representación de toda la población promueva el bienestar y el derecho de todas las personas, más allá de una religión específica. A esto refiere el Art. 24 de la Constitución cuando habla de que ninguna confesión tendrá carácter oficial y que se reconoce la libertad religiosa e ideológica. Hasta los inicios de la transición a la democracia, la religión católica era la religión oficial del Estado paraguayo. La nueva Constitución incluyó amplias garantías y derechos a la sociedad paraguaya, por encimas de las creencias sectoriales, dejando atrás la dictadura.
Estos avances entran en contradicción con las declaraciones del nuevo ministro del MOPC, Arnoldo Wiens. Las mismas, por atentar contra la noción de Estado Laico, resultan bastante problemáticas. Refiriéndose a los ejes que se priorizarían en este gobierno, el nuevo ministro citó: “Dios, patria, familia, paz y bienestar”. Nótese que “bienestar” se encuentra en el último lugar. De ahí que surgen varias preguntas, ya que no toda la sociedad paraguaya profesa la religión de Wiens. ¿Qué pasa si no creo en el Dios cristiano? ¿Tengo derecho al igual que un/a creyente a tener bienestar? ¿A poder vivir la vida como decida y que el Estado garantice mis derechos? El slogan en sí, además, es poco feliz, ya que el discurso “Dios, Patria y Familia” está asociado con movimientos no democráticos, de extrema derecha y anti libertades públicas.
Al inicio de este nuevo gobierno, es necesario seguir profundizando la separación entre Estado e Iglesia en nuestro país para garantizar el fortalecimiento de la democracia y el respeto a la vida de todos los tipos de personas que integran la sociedad.
En la misma línea de estas declaraciones, ciertos eventos en el marco del Estado, como el “Simposio Fortaleciendo a la Sociedad desde la Familia” indica que se está queriendo imponer una línea de pensamiento que niega la pluralidad de la sociedad. Se restringen conceptos como la familia, el comportamiento de la mujer y el hombre, la sexualidad de una persona y qué es la vida. ¿Acaso existe una única mirada posible y universal sobre estos temas? Este reduccionismo es sumamente violento y se viene justificando con una creciente campaña de desinformación y miedo sobre lo que significa “género”, así como un generalizado odio contra las feministas y la comunidad LGTBI.
Este caso específico atenta en la práctica, contra toda persona, inclusive creyente, que no se defina en los parámetros de familia: las personas que viven solas o no se casan; las madres solteras; las abuelas cabezas de familia o las familias extensas de tías y tíos, primas y primos; las personas que viven entre amigas y amigos; las personas que tienen más de una pareja sexual o que son simplemente asexuales, etc. La suposición de la “naturalidad” de la familia, como constituida por un hombre y una mujer casados con hijos, es una proposición sumamente ideológica. Solo basta ver la historia de nuestro país y de otros lugares del mundo para notar que tal constitución no es natural ni ahistórica.
Debemos cuidar el Estado Laico. Éste garantiza el resguardo del bienestar y respeto de los derechos de toda la población, sin importar su ideología o credo religioso. También propone que no se utilice el Estado o el dinero público en favor de alguna institución religiosa, como se vio recientemente en el Municipio de Salto del Guairá (Canindeyú). Ésta, lastimosamente, es una práctica instalada hace décadas en nuestro país, donde las instituciones religiosas reciben beneficios y recursos públicos todo el tiempo, sin ni siquiera pagan muchas veces los impuestos correspondientes. Algunos ejemplos son la adjudicación de tierras pertenecientes a la reforma agraria, la evasión del pago de impuestos inmobiliarios y la subvención pública de escuelas a la Iglesia Católica.
Al inicio de este nuevo gobierno, es necesario seguir profundizando la separación entre Estado e Iglesia en nuestro país para garantizar el fortalecimiento de la democracia y el respeto a la vida de todos los tipos de personas que integran la sociedad. Porque el Estado Laico permite que toda persona – religiosa, feminista, gay, etc. – tenga la garantía de poder desarrollar su forma de vida y pensamiento sin una imposición o sanción, porque es la garantía del respeto a la libertad propia, así como la de las demás personas.
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