De “Zona de Guerra” a “Zona de Coima” (¡Es la impunidad estructural estúpido!)

*Por Jorge Rolón Luna

¿Qué tienen en común el Gral. (SR) Ramón Benítez y tantos otros servidores públicos ubicados en los más altos cargos del Estado paraguayo? Usted ponga los nombres, del poder del Estado que sean, de binacionales o de órganos extra poder.

Pues verá usted, sus antecedentes. Sus gestiones previas dignas de películas de terror, sus hechos expuestos por los medios, denunciados ante organismos internacionales o ante el sistema de “justicia”. Y el hecho de que siguieron tan campantes. No debe haber país en el mundo donde se dé con tanta frecuencia que un funcionario es acusado de las peores cosas, se publiquen fotos de su fastuosa vida, se publiciten sus imposibles bienes, mate a alguien borracho siendo el que debe perseguir a los que violan la ley, sortee juicios por hechos de corrupción, y el sistema no lo expulse, sea reelecto o nombrado posteriormente para un alto cargo. Sólo las manifestaciones populares pueden contra esta maldita cultura de la impunidad estructural, sistémica, entroncada en el ethos cultural del sector público y la práctica institucional paraguaya. Pero ya se inventó un antídoto al castigo popular vía escrache: le dan un cargo a tu padre septuagenario para que él te pase su salario, como fue el caso del nombramiento en Itaipú para el padre -también con excelsos antecedentes- del ex diputado Ibáñez. I vale koaa tipo.

Pasemos al General (SR) Benítez. Corría el año 2014 y el comandante era idolatrado por los medios, muchos periodistas (no son la misma cosa) y “la gente” en general, valga el juego de palabras. Desde el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, sin embargo, o al menos para un par de sus integrantes, nada de lo que brillaba parecía ser metal precioso. Quien escribe esto fue el co-firmante de un Informe Especial de tres partes que analizaba la actuación de la FTC y del sistema de justicia en la zona norte del país. La investigación nos permitió ver de cerca lo que los medios no contaban. Hablamos con pobladores, jueces, fiscales, defensores públicos, policías, imputados, funcionarios penitenciarios y estudiamos las causas judiciales. Cuando quisimos hablar con el entonces comandante de la FTC, para tener su versión de los hechos, ni siquiera nos permitió entrar a “su” cuartel; al llegar allí un soldado con mirada menos amable que el virus del Ébola nos apuntó sin pausas con su M16 mientras un coronel que se negó a darnos su apellido, nos advertía sobre la necesidad de “cuidarnos”, porque estábamos en una “zona de guerra”. No se olía pólvora ni humo, ni se veían helicópteros, ni se escuchaba el estruendo de la artillería o el tableteo de las ametralladoras. Era la famosa “guerra de baja intensidad”, que según la tradición latinoamericana, se dirige contra la población local, especialmente campesina.

A comienzos del 2015 realizamos una comunicación al Subcomité de Prevención de la Tortura de NNUU. Este órgano, a pesar de las predicciones negativas y el nulo apoyo de nuestros colegas del MNP -por no decir obstaculización activa-, en tiempo récord dio un fuerte akapete al estado paraguayo y manifestó textualmente: “El SPT manifiesta su preocupación por la gravedad de las violaciones a los derechos humanos denunciadas, entre ellas casos de torturas y otros tratos crueles inhumanos y degradantes, y la alta probabilidad de su repetición. El SPT observa con beneplácito que el MNP (…) ha producido información adecuada respecto de la situación (…), el SPT insta al Estado para que sin más dilaciones (…)  tome todas las medidas necesarias para hacer cesar la situación descrita y para prevenir futuros hechos de tortura y malos tratos”.

El Comité contra la Tortura no se quedó atrás y en el 2017 siguió con el tema: “El Comité expresa su preocupación ante el informe del MNP que da cuenta de numerosas violaciones de derechos humanos, incluidos actos de tortura, en los departamentos del norte del país por parte de la unidad militar-policial denominada Fuerza de Tarea Conjunta (FTC)”.

“Sólo las manifestaciones populares pueden contra esta maldita cultura de la impunidad estructural, sistémica, entroncada en el ethos cultural del sector público y la práctica institucional paraguaya”

La caída de Benítez no se hizo esperar; sus desmanes ya lo estaban convirtiendo en un tipo molesto, ya estaba avergonzando internacionalmente al Estado paraguayo. Luego de la comunicación del SPT, fue destituido.

Lo que develó la investigación del MNP fue que durante la gestión de Benítez, la población local era aterrorizada por los militares—la policía tenía un rol marginal y la SENAD sólo participaba de los “procedimientos”, la parte más turbia del asunto. También se reveló que hubo muertes y torturas en dudosos procedimientos, que se plantaban pruebas, que hubo casos con todo el aspecto de “falsos positivos”. Entre los operativos se destacaron -no por nada bueno- el que terminó con la muerte de un adolescente de 18 años, baleado en la cabeza desde un helicóptero y un procedimiento en Kuruzu de Hierro en donde murieron dos personas y fue baleada en la cara María Gloria –estos últimos acusados de ser “apoyo logístico del EPP”, a pesar de que en el lugar no se encontró ni una galleta.  Mientras, la fantasmagórica banda criminal siguió intacta, tanto así que en agosto de 2016, luego de la “gran gestión” de Benítez, la banda criminal mató a 8 militares en un atentado.

Pero nunca el Estado paraguayo investigó lo que el MNP y Naciones Unidas reclamaron. Tampoco produjeron investigaciones serias los oscuros sucesos en los que fallecieron el comisario Escurra y el capitán Piñánez. 

Pero lo peor, lo más nefasto de todo esto es que Benítez, luego de su cuestionable paso por el servicio público, no sólo no respondió por sus hechos, sino que fue nombrado para un cargo de mucha responsabilidad.

Dijo alguien que quien es mala persona, no puede ser buen profesional. Nos permitimos pues un parafraseo: quien no respeta los DDHH, no será alguien respetuoso de la ley ni será funcionario honesto. Por una simple cuestión de escala de valores y bienes jurídicos. Si no te importa la vida o la integridad física del prójimo, ¿qué te puede importar dejar entrar pollos o cebollas de contrabando a cambio de dinero? No es de extrañar que un militar tan poco profesional y con nulo apego a las normas jurídicas, se encuentre involucrado en un episodio de sobornos tan grave. La pregunta que cabe es la siguiente: ¿Qué resultados espera quien nombra o mantiene en la función pública a alguien como Ramón Benítez?   

*Ex Comisionado del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura

Imagen de portada:
http://www.paraguay.com/nacionales/general-benitez-se-abstuvo-a-declarar-188261

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