Por María del Pilar Abente*.
El pasado lunes 30 de marzo, finalmente el presidente de la República se jugó por escuchar algunos reclamos ciudadanos. Resolvió recortar —en medio de la crisis sanitaria del coronavirus— los salarios de sumas siderales que perciben algunos funcionarios públicos, ante el sufrimiento de la mayor parte de la ciudadanía, que cumple con la cuarentena y no puede generar sus ingresos.
Este hecho permite ver dos datos de suma importancia. Por un lado, que la ciudadanía empieza a reconocer la existencia de privilegios de unos pocos a costa del sacrificio de los demás en el sector público. Por otro lado, que la reacción ciudadana puede impactar en las decisiones estatales. Todo esto es una prueba de que el ejercicio de la ciudadanía de reclamar a las autoridades es esencial para la calidad del cualquier sistema democrático.
Sin embargo, si bien es importante que la ciudadanía reflexione y debata sobre los privilegios de unos pocos en el sector público, sus reclamos no deben detenerse allí. Aparte de exigir una reforma del Estado (luego de definir qué implica exactamente y de ponerse de acuerdo con, por ejemplo, el alcance que tiene y el que debería tener), sería también justo preguntarse qué pasa con los “privilegiados” del sector privado.
En medio de tanta confusión, indignación, desesperación, fake news y caos, emergen posturas que parten desde una falsa polarización entre sectores que identifican problemas por corregir en el sector público, por un lado, y en el sector privado, por el otro. Pero esta es una ficción inútil, ya que identificar los problemas que genera un sector no debería ser un impedimento para identificar los que genera el otro. Es decir, se puede reconocer que existen privilegios a costa de las mayorías en ambos sectores.
Este ejercicio tiene un sentido práctico, ya que permite reconocer alternativas para enfrentar esta crisis. La decisión gubernamental implicó recortes provisorios sobre salarios altos en el sector público. Pero esto por sí solo no es suficiente para absorber todos los costos e impactos de esta pandemia. Por lo tanto, ¿qué sacrificio podemos exigir de ese minúsculo grupo de privilegiados del sector privado?
Incorporemos al análisis elementos del Derecho Tributario. Muchos manuales básicos de cualquier carrera de Derecho indican que un sistema tributario puede ser progresivo o regresivo.
Un sistema progresivo es aquel en el que los que tienen más aportan más, proporcionalmente respecto a quienes tienen menos, por una cuestión de justicia. Gran parte de la literatura jurídica en materia tributaria hoy está de acuerdo con la conveniencia de un sistema progresivo para países con tanta desigualdad como el nuestro. Paraguay es uno de los países con los más altos índices de desigualdad en América Latina. Además, esta noción forma parte de nuestra misma Constitución, la que en su artículo 181 “De la Igualdad del Tributo” dice que los tributos atenderán a la capacidad contributiva de los contribuyentes y a las condiciones generales de la economía del país. Además, el artículo 179, “De la Creación de los Tributos”, exige que estos respondan a principios económicos y sociales justos, así como a políticas favorables al desarrollo nacional.
Sin embargo, a pesar de lo establecido en la Constitución, nuestro sistema tributario es regresivo. Veámoslo con un ejemplo reciente. La tabla 1 indica cómo, en el 2018, el principal ingreso provino del Impuesto al Valor Agregado (IVA), y los demás impuestos quedaron relegados a los lugares más bajos. El IVA es un impuesto indirecto que afecta a los consumidores independientemente de sus ingresos o capacidad contributiva; mientras que el Impuesto a la Renta (IRP, IRACIS, IRAGRO e IRPC) —al ser directo— sí incorpora elementos que atienden a los ingresos de cada contribuyente. La tabla también muestra la diferencia de recaudación que existe entre el IVA y el IRP. Por lo tanto, si el fisco se sostiene en un impuesto como el IVA, a pesar de tratarse de un país con altos índices de desigualdad, lo que el sistema tributario está logrando, en lugar de disminuir la desigualdad, es sostenerla o aumentarla.
Tabla 1: Recaudación por impuestos correspondientes al ejercicio fiscal 2018
| Impuestos | 2018 |
| IVA (comercio, industria, servicios y agropecuario) | 6.684.580 |
| IRP | 266.523 |
| IRACIS | 4.524.063 |
| IMAGRO | 210 |
| IRAGRO | 359.792 |
| Total IMAGRO-IRAGRO | 360.003 |
| Renta del Pequeño Contribuyente | 25.540 |
| Impuesto Selectivo al Consumo | 606.744 |
| Tributo Único Maquila | 27.070 |
| Otros | 285.670 |
Lo injusto de nuestro sistema tributario es palpable. El año pasado, de los cinco contribuyentes más ricos del país, solo uno aportó al Impuesto a la Renta Personal. Leyó bien: uno. Esta falta de aportes al IRP por parte de los más millonarios es, sin duda, un privilegio indebido. Es cierto que, a partir de esta situación, se hicieron modificaciones al sistema tributario, especialmente al IRP, para subsanarla. Habrá que ver si serán suficientes.
Ante este panorama, fue acertada la medida de la SET de suspender el pago de ciertos tributos, ya que, finalmente, los que menos tienen sufren más la presión tributaria. Sin embargo, el Estado puede hacer mucho más para enfrentar y mitigar de forma equitativa esta crisis a través de políticas tributarias.
Volviendo a los manuales básicos que estudiamos en la Facultad de Derecho, podemos recordar más ideas de utilidad en este momento en el que debatimos cómo generar recursos para enfrentar esta crisis. Todo estudiante y profesional del Derecho sabe que existe una clasificación de impuestos como ordinarios y extraordinarios. Los impuestos ordinarios son los permanentes que todos y todas conocemos (IVA, ISC, IRP, IRPC, IRACIS, IRAGRO). Los extraordinarios son aquellos solo aplicables en circunstancias especiales, como —por ejemplo— en épocas de crisis.
Un sistema progresivo es aquel en el que los que tienen más aportan más, proporcionalmente respecto a quienes tienen menos, por una cuestión de justicia. Gran parte de la literatura jurídica en materia tributaria hoy está de acuerdo con la conveniencia de un sistema progresivo para países con tanta desigualdad como el nuestro.
Sin perjuicio de que se debe realizar una revisión de nuestro sistema tributario regresivo de forma definitiva y urgente, es momento de al menos plantearnos si los privilegiados del sector privado no deberían contribuir con un impuesto extraordinario. De esta manera se obtendrían más recursos para paliar los efectos negativos de esta crisis, mientras dure la crisis. Esto, por supuesto, deberá darse respetando todas las garantías constitucionales.
Si estamos de acuerdo con que es tarea de todos y todas soportar la carga de esta crisis, se supone que coincidimos en que no solo los privilegiados del sector público deberían aportar con sus recursos. También los privilegiados del sector privado deberían contribuir en proporción a sus privilegios y verdadera capacidad contributiva.
*Abogada (Universidad Nacional de Asunción). Especialista en Derecho Administrativo (Universidad de Belgrano – Buenos Aires) y Máster en Acción Política en el Estado de Derecho (Universidades Francisco de Vitoria y Rey Juan Carlos – Madrid). Docente Universitaria.
Imagen de portada: Red Chaqueña de Comunicaciones.
One thought on “COVID-19: Llegó la hora de considerar impuestos extraordinarios a los más privilegiados”