Por Isaac Buergo Almirón*.
Paraguay, como el mundo entero, parece estar viviendo una coyuntura crítica desatada por la pandemia de COVID-19. Desde la perspectiva del institucionalismo histórico, nos encontramos en un momento en el que los equilibrios preexistentes se están rompiendo y, dentro de las múltiples decisiones posibles, aquellas que asuman los actores tendrán un efecto fundamental en el futuro, especialmente en la modelación de las instituciones.
Es importante resaltar que un elemento fundamental en toda coyuntura crítica es la contingencia, es decir, ese momento en que toda restricción estructural se relaja sustancialmente. Observamos que en todos los países donde la pandemia ha calado fuertemente, las restricciones estructurales han disminuido. Es así como organizaciones de la sociedad civil, el sector privado y los parlamentos han dado una especie de cheque en blanco a las autoridades gubernamentales.
El caso paraguayo no es la excepción. Pueden observarse varios elementos en los que se identifica un relajamiento de estas restricciones estructurales. Entre los ejemplos se destaca la aprobación de las resoluciones 90/2020 y 99/2020, mediante las que el Ministerio de Salud prohíbe todo tipo de encuentros de asistencia masiva, de carácter público, privado y político, y dispone el aislamiento en carácter de cuarentena. Además, el Presidente ha aprobado decretos que refrendan las medidas ya adoptadas y restringen aún más la circulación de personas, e incluso dispuso el traslado obligatorio de las personas que han dado positivo a la enfermedad a un recinto especial para el caso.
Aquí́ se observa una gran libertad de acción por parte del Poder Ejecutivo, sin ningún tipo de restricción, al asumir prerrogativas no reconocidas por la Constitución Nacional. En términos de derecho constitucional, la constitución no plantea un “derecho de crisis” para estas situaciones, ya que solo cuenta con un estado de excepción que aún no se aplica al caso. Este punto es fundamental. Los hechos terminan imponiéndose al derecho, colocando toda la acción del gobierno en una situación de irregularidad legal, pero aceptada por los actores políticos y la ciudadanía en general, debido a esta crisis sanitaria
Por otro lado, la aprobación de la Ley que declara Estado de Emergencia establece como una de las medidas administrativas la posibilidad de que el Poder Ejecutivo solicite un crédito de USD 1600 millones. Este elemento de carácter político denota también una situación de contingencia. La ley presentada por el Poder Ejecutivo y tramitada en el Parlamento dio absoluta libertad al Ejecutivo de disponer de estos recursos, con mínimas propuestas de control de manejo sobre ellos. Ciertamente, podría plantearse que la institución responsable es la Contraloría General de la República, pero esta solo tiene una responsabilidad en el control ex post.
Parecería que cualquier restricción estructural sobre las acciones de los actores de poder relevantes se encuentra desaparecida. Esto abre la posibilidad de entrar en la fase de coyuntura crítica. Ahora bien, este momento es fundamental, no solo por los hechos que desencadena la coyuntura crítica, sino por el resultado que esta tiene, ya que pueden desatar “mecanismos de retroalimentación que refuerzan la recurrencia de un patrón particular en el futuro”. Es decir, un proceso conocido como path dependence, cuya característica fundamental radica en la dificultad de revertir las trayectorias y decisiones una vez tomadas.
Se puede observar que existe una libertad de acción para elegir por distintas opciones. Por un lado, existen perspectivas de cambio cuya opción radica en la mejora del bienestar social, a través de una política de salud pública con carácter universal y gratuito. También se puede avanzar en el establecimiento de una política educativa acorde a las nuevas tendencias tecnológicas, que exigirá a su vez una mejoría en la instalación de redes en todas las instituciones educativas del país y una modernización pedagógica. En suma, un camino a una modernización del Estado con un énfasis en nuevas formas de recaudación, teniendo en cuenta el alto costo económico que este tipo de acciones conlleva, algo que es imposible solamente con el ordenamiento administrativo del Estado. Por otro lado, existe una perspectiva más conservadora en términos teóricos, que consiste en optar por mantenerse en la misma senda en la que ya nos encontrábamos antes de esta crisis.
Así como mencioné al inicio, las coyunturas críticas se dan en momentos de gran contingencia, lo que además permite que se generen contradicciones en la toma de decisiones. En este sentido, hay ejemplos en que las decisiones asumidas parecen optar por un camino, pero el resultado final termina desviándose de este. En el caso paraguayo, el Gobierno fue asumiendo decisiones tomadas con criterios sanitarios. Hasta en momentos de gran presión por parte del sector privado del país, siguió primando la salud pública. Por consiguiente, daba indicios de que se podría estar optando por la perspectiva del cambio. Sin embargo, se observó que fue dando ciertas cesiones de movilidad a sectores como el de la construcción civil y pública, así como al sector financiero, que moviliza alrededor de 250 000 personas, contradiciendo las recomendaciones sanitarias de confinamiento expresadas por los expertos del propio Gobierno.
Es importante resaltar que un elemento fundamental en toda coyuntura crítica es la contingencia, es decir, ese momento en que toda restricción estructural se relaja sustancialmente. Observamos que en todos los países donde la pandemia ha calado fuertemente, las restricciones estructurales han disminuido. Es así como organizaciones de la sociedad civil, el sector privado y los parlamentos han dado una especie de cheque en blanco a las autoridades gubernamentales.
Otro hecho que normalmente ocurre en las coyunturas críticas y que aquí se puede observar es que, en esa libertad de acción, y ante la incapacidad de hacer frente de manera eficaz a la emergencia, los gobiernos presentan propuestas que nada tienen que ver con la emergencia. Este sería el caso de la propuesta de reforma del Estado planteada por el Poder Ejecutivo. Esta apunta a disminuir el aparato burocrático como una opción para obtener una mayor recaudación, en vez de buscar transformar aspectos del Estado más importantes y necesarios, como el fortalecimiento de los derechos fundamentales.
Ante este escenario un tanto pesimista, surge la posibilidad de que la sociedad civil pueda generar un escenario de posible modernización del país. Estos momentos de cambio abren espacio para que actores de diferentes espacios, no solo gubernamentales, cobren relevancia, incluso en medio de la compleja situación que impone la cuarentena. Los sectores de la sociedad civil que históricamente han defendido políticas sociales de calidad no deben dejar el terreno libre a actores políticos y económicos de poder, ya que estos podrían optar por caminos que debiliten a nuestra frágil democracia y fortalezcan el statu quo.
*Politólogo.
Imagen de portada: UltimaHora