Por Alejandra Najenson*.
Recientemente, la diputada Kattya González (Partido Encuentro Nacional) presentó una nota al presidente de la República compuesta por dos partes. En un primer momento, sienta su posición ideológica (o “filosófica”, según sus palabras), caracterizada por una reivindicación del bienestar general, una mirada crítica al mercado y el repudio a la corrupción. En un segundo momento, propone una serie de reformas al Estado, entre las cuales se incluye la abolición de la bicameralidad, la adopción de un régimen unicameral de representación proporcional plurinominal según departamento y la conformación de una nueva institución corporativa.
A esta instancia representativa la llama “Cámara ciudadana”: consiste en un órgano de “no más de 30 miembros, electos el 60% entre ciudadanos de trayectoria notable y sin 10 años de participación partidaria antes y después (sic) y el 40 % restante sería por elección de representantes de la sociedad civil a través de sus asociaciones”. La función de esta nueva cámara sería la de seleccionar a los más idóneos para ocupar cargos públicos que “requieran de idoneidad técnica y no partidaria”.
Más allá de ciertas inconsistencias conceptuales y la poca claridad de alguna de sus “propuestas”, considero que la diputada Kattya González con su misiva al presidente ha dado pruebas de su vocación “revolucionaria” (como se describe en su bio de Twitter). Su gesto es subversivo y disruptivo. González desafía al llamado “Fin de la Historia”, según el cual las instituciones de la democracia liberal y la economía de mercado serían verdades definitivas y no contingentes e históricas. La diputada discute la mismísima estructura del orden político del país y propone un cambio de régimen. Con su propuesta, se coloca en una posición incluso más radical que la propia izquierda paraguaya, que se limita a pregonar modificaciones fiscales dentro del sistema vigente. En definitiva, Kattya desafía el status quo, proponiendo un cambio de régimen político: un neocorporativismo del siglo XXI.
Su postura generó la reacción de algunos periodistas, como Enrique Vargas Peña, quien la catalogó de fascista por proponer una cámara corporativa. Sin bien es cierto que muchos fascismos y autoritarismos, como el italiano, portugués e incluso la Carta orgánica de Paraguay (1940), son manifestaciones antiliberales y antidemocráticas del sistema corporativo, lo cierto es que corporativismo y fascismo no son sinónimos.
Pensemos, por ejemplo, en que el fundador de la sociología moderna, Émile Durkheim (1858 – 1917), propuso que la organización política se diera por medio de asociaciones socioprofesionales. Retomaba la figura de las corporaciones medievales, pero de una manera renovada, con el objetivo de afrontar el problema de la anomia y el egoísmo que genera la división social del trabajo en las sociedades modernas.
Sería ridículo caracterizar a Durkheim como un teórico del fascismo porque, además de anacrónico (Durkheim murió antes de finalizada la Primera Guerra Mundial), sería injusto. Él buscaba, no anular, sino potenciar la individualidad a través de las corporaciones. Consideraba que el individuo no puede alcanzar su desarrollo al margen de espacios comunes, fuera de algún tipo de pertenencia social.
Si, en sus diferentes versiones, el liberalismo ha defendido la división entre lo público —donde reina el interés general— y lo privado —imperio de la particularidad—, el corporativismo de Durkheim tuvo como motivación original el proyecto de conducir la particularidad social al espacio político. Criticaba así los sistemas de representación que descansan únicamente en el elector, dado que este sería una figura abstracta, sin cualidades concretas, despojado de su pertenencia socioprofesional.
Como lo explica en sus Lecciones de Sociología, el Estado, para Durkheim, no pretende ser un espacio de superación de las diferencias, sino el mediador entre estas; el recuerdo de que cada interés particular debe convivir con otros. En este sentido, Durkheim piensa la figura del Estado como el lugar en el que se da coherencia a las representaciones colectivas, dándoles mayor reflexividad.
Entonces, el corporativismo de Durkheim habilita una idea de Estado como lugar de la planificación racional de lo social. Esta visión está ausente tanto en la tradición liberal —cuyo principio es la creencia en la autorregulación espontánea de la sociedad civil— como en las distintas tradiciones de izquierda, que consideran que las contradicciones en lo social son insalvables dentro del capitalismo.
Retomando la crítica de Vargas Peña, la asociación del fascismo al corporativismo no agota las posibilidades de este último como sistema de organización política y social. Podemos pensar que el horizonte que le daba Émile Durkheim pervive aún en los defensores de la tecnocracia, como fundamento de una administración racional de lo público: la idea de que los técnicos aplicarán un saber libre de intereses partidarios, científico y objetivo, conducente a un bien común.
La diputada discute la mismísima estructura del orden político del país y propone un cambio de régimen. Con su propuesta, se coloca en una posición incluso más radical que la propia izquierda paraguaya, que se limita a pregonar modificaciones fiscales dentro del sistema vigente. En definitiva, Kattya desafía el status quo, proponiendo un cambio de régimen político: un neocorporativismo del siglo XXI.
Algunas voces como la de Mario Trinidad ya fundamentaron una suerte de retorno del espíritu corporativista en Occidente. La pandemia profundizó el prestigio de los técnicos en momentos de incertidumbre y potenció el descrédito y descreimiento generalizado para con los políticos. Pensemos en Paraguay y el prestigio del que gozan el Ministro Mazzoleni y los doctores Sequera y Portillo. Pero también en muchos otros países, como Argentina y Francia, donde los presidentes toman decisiones de acuerdo a la opinión de comités de expertos científicos creados ad hoc, o en Estados Unidos, donde el rol comunicacional del médico infectólogo Fauci es fundamental para salvar a Donald Trump de los dislates que suele cometer.
Si bien la adhesión al espíritu corporativista no está explícita en la carta de Kattya González, este parece ser el trasfondo ideológico de la diputada cuando propone la creación de una cámara ciudadana con personas sin vínculos políticos, destinada a seleccionar a los mejores técnicos. Así, la diputada González conecta con la coyuntura. Es probable que su propuesta no prospere, pero es la primera política en Paraguay que busca formalmente darle una expresión institucional a un clima de época.
*Socióloga (UBA), Maestría en Estudios Políticos (EHESS – Francia) y en Sociología y Estadística (EHESS – Francia).
Ilustración de portada: Roberto Goiriz.