Por José Duarte.
El pacto cívico-militar que estructuró la política en Paraguay desde 1947 hasta 1999 (con la derrota del oviedismo en la ANR) se terminó de desmoronar el 15 de agosto de 2003, cuando asumió Nicanor Duarte Frutos, el primer presidente democráticamente electo por fuera de dicho pacto. Aunque Duarte Frutos ganó por amplio margen, no superó el 37% de los votos, en una contienda marcada por la fragmentación de la oposición. Con este gobierno se llevó adelante el proceso de recuperación del Estado paraguayo, que estaba prácticamente en default. Contrariamente a lo que se suele plantear, esto no fue solamente un asunto de técnicos competentes al mando del área económica (liderados por Dionisio Borda), sino que tuvo su condición de posibilidad en la capacidad política del Ejecutivo para plantear una nueva ingeniería de gobierno, logrando importantes acuerdos legislativos e impulsando nuevas políticas sociales y económicas que marcaron el gobierno 2003-2008 y los subsiguientes.
Ahora bien, dichos acuerdos no carecieron de contestaciones dentro de la propia ANR. La fuerte dinámica de movimientos internos en el coloradismo fue uno de los obstáculos que encontró el oficialismo de aquel momento para concretar medidas que, más tarde, se volvieron políticas de Estado. El momento fundamental quizás fue el año 2006. En un movimiento imprevisto, Duarte Frutos decidió ser candidato a Presidente de la Junta de Gobierno contra Osvaldo Domínguez Dibb, líder de la disidencia interna colorada. El único antecedente cercano de un presidente de la república candidato a la presidencia del partido, fue la candidatura en el año 1996 del entonces vicepresidente Ángel Roberto Seifart. Seifart, quien fuera el mentor político de Nicanor, fue derrotado en aquella ocasión por Luis María Argaña. Otro resultado tendría Duarte Frutos una década después, con su aplastante victoria que “pulverizó” a la disidencia interna partidaria, a tal punto que todos los candidatos que el coloradismo presentaría en 2008 surgieron del mismo gobierno (Luis Alberto Castiglioni, Blanca Ovelar, José Alberto Alderete).
Muy pocos recuerdan este antecedente de la candidatura del vicepresidente Seifart a la presidencia de la ANR. Aunque nuestra Constitución, en su artículo 237, establece las mismas incompatibilidades para presidentes y vicepresidentes, la candidatura de Seifart no despertó grandes controversias, al contrario de lo que sucedió con la de Nicanor en el 2006. Al contrario que en 1996, la candidatura de Duarte Frutos a la presidencia de la ANR supuso un punto de quiebre en su periodo de gobierno. Se trató de un momento decisionista en el sentido schmittiano del término, porque se apeló a la primacía de la política por sobre la rigidez normativa, es decir, al recurso de la soberanía popular por sobre lo procedimental. De esta manera, en 2006 Nicanor plebiscitó su gobierno con éxito dentro de la ANR, logrando desmantelar toda resistencia intestina, como primer paso para un proceso constituyente que consolide y profundice las principales políticas públicas llevadas a cabo a partir de 2003.
Sin embargo, dicha pretensión de continuidad fue rápidamente neutralizada, y lo que sobrevino con fuerza contra dicho decisionismo fue el uso retórico de la Constitución como arma política de combate, a la que se le atribuyó una dimensión sagrada. El pacto constitucional del 92, marcado por reglas de juegos electorales tributarias del stronismo, fue el escudo protector ante las aspiraciones instituyentes de ese momento. Recordemos que las movilizaciones más grandes contra ese gobierno fueron en protesta contra el hecho de que Nicanor asumió simbólicamente su cargo de presidente de la Junta de Gobierno, para renunciar inmediatamente en favor del vicepresidente primero, José Alberto Alderete.
El entonces Monseñor Lugo emergió como líder en esas movilizaciones y, sin entrar en el debate sobre la dudosa constitucionalidad de su posterior candidatura dada su calidad de obispo de la Iglesia Católica, lo cierto es que fueron la defensa de la Constitución Nacional y las instituciones republicanas el núcleo programático central de la heterogénea Alianza Patriótica para el Cambio, que ganó las elecciones presidenciales de 2008. Este es un punto que el luguismo comparte plenamente con el abdismo: ambos llegaron al poder poniendo como eje de campaña el carácter sagrado de una Constitución instaurada en un contexto frágil, donde la influencia militar era determinante y los órganos electorales todavía no habían sido saneados.
Así, la primera alternancia pacífica de la historia de Paraguay se dio bajo la bandera de la defensa de la Constitución y dio impulso a lo que podríamos denominar una suerte de “constitucionalismo folklórico”. Este término lo utilizo para referirme a una determinada actitud respecto a los intentos de modificar nuestro pacto constitucional. Ante cada intento de un cambio en las reglas de juego, ante cada posibilidad de que irrumpa la dimensión más alta de la política -que es la de fundar nuevas instituciones- se volvía omnipresente el léxico del derecho constitucional para clausurar y secuestrar de antemano el debate público. Lo mismo sucedió cuando referentes del luguismo y después Horacio Cartes reivindicaron el mecanismo de la enmienda para habilitar la reelección.
En cada uno de estos contextos, el constitucionalista se volvió un personaje estrella de los medios de comunicación, al igual que los convencionales constituyentes de 1992. Todos ellos se volvieron órganos de consulta permanente, como si fueran encarnaciones vivientes del “espíritu de la Constitución”. Al mismo tiempo, el uso del registro jurídico se masificó, y se transformó en una formación discursiva que, al decir de Foucault, habilita lo que puede ser dicho y visto.
…lo que sobrevino con fuerza contra dicho decisionismo fue el uso retórico de la Constitución como arma política de combate, a la que se le atribuyó una dimensión sagrada. El pacto constitucional del 92, marcado por reglas de juegos electorales tributarias del stronismo, fue el escudo protector ante las aspiraciones instituyentes de ese momento.
Es importante tener en cuenta este hecho para comprender el presente. Entre 2006 y 2020 hay algo en común: la excepcionalidad. Sin embargo, persiste una diferencia fundamental: mientras que en 2006 esa excepción surgió de un decisionismo estrictamente político, en 2020 la excepción surge de una reacción a un mundo que perdió su normalidad. No obstante, ambos pueden ser analizados como momentos donde irrumpieron formas de decisionismo político y aspiración de un nuevo contrato social. Como en 2006, vivimos en una excepcionalidad, incluso mucho más radical, que obedece a una lógica global de orden sanitario y no puramente político. También ahora se comienza a hablar de un nuevo contrato social y los temas que están sobre la mesa tienen que ver con reformas del Estado, del gasto público, de la cuestión fiscal y demás asuntos ligados a la vida de la población: salud, seguridad y protección social. Pero a diferencia de 2006 y de los años que siguieron, en los medios de comunicación hoy el constitucionalismo folklórico está enteramente ausente. Hoy no se discute si el cierre de fronteras es o no es constitucional, si una Reforma del Estado exige una Constituyente o meros actos legislativos, mucho menos si los salarios son derechos adquiridos o no lo son. O, como interroga César Trapani, si la ley de emergencia sanitaria es o no la mejor figura jurídica para enmarcar las medidas gubernamentales para hacer frente a la pandemia.
Estamos viviendo un momento signado por la primacía de la decisión por sobre los recaudos procedimentales. Queda por saber si, en el tiempo por venir, por fin se dará lugar a una nueva constitución o si las reglas de juego instauradas en un precario contexto democrático de 1992 seguirán rigiendo los procesos políticos del Paraguay.
Foto de portada: Ángel Roberto Seifart y Nicanor Duarte Frutos. Año 1991. Presidencia de Andrés Rodríguez. A. R. Seifart se desempeñaba como Ministro de Educación y N. Duarte Frutos ocupaba el cargo de Viceministro de Culto. Fuente: Gentileza.
One thought on “Auge y declive del constitucionalismo folklórico”