De la Primavera Estudiantil al COVID-19: continuidades y rupturas en la politización del movimiento estudiantil
Por Oscar Jr. Mereles*.
Una mirada a los acontecimientos sociales y políticos de la segunda década del siglo XXI en el Paraguay pone en evidencia que su principal característica fue la conflictividad. En los últimos diez años se dio una seguidilla de eventos que, con sus matices propios, agitaron la sociedad. En el año 2012 se produjo el golpe parlamentario al expresidente Fernando Lugo. En el año 2015 tuvo lugar la denominada “primavera estudiantil”, que se inició con la Marcha Nacional de Colegios Públicos y Privados (MNCPP) y se expandió a la movilización de estudiantes universitarios que trascendió por su eslogan “UNA no te calles”. Estas protestas derivaron en la renuncia de la exministra de Educación y Ciencia, Marta Lafuente y, también, en la del rector de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), Froilán Peralta. Finalmente, en el 2017 se suscitó una protesta contra el intento de enmienda constitucional que culminó con la quema de la sede del Congreso Nacional.
De los tres momentos citados, la “primavera estudiantil” fue el único evento esperanzador, ya que estuvo conducido por sectores de la sociedad que gozan de mucha legitimidad: el estudiantado secundario y el universitario. Desempeñaron el rol protagónico en una lucha cuya causa principal fue la transformación del modelo de educación imperante: mercantilizado, excluyente y de baja calidad. Las décadas de gestión educativa basada en prácticas clientelares y corruptas, así como la falta de representación real de estos sectores en la toma de decisiones, fueron algunos de los factores que los movilizaron.
Por un lado; la corrupción se denunció en la UNA con el caso Froilán Peralta —entonces rector de la institución— acusado de malversación de fondos, lesión de confianza, inducción a un subordinado a un hecho punible, entre otros; y en el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) la corrupción se mostró con el caso “cocido de oro”, que salpicó a la exministra, en el que se denunció la sobrefacturación de insumos adquiridos. Por el otro; la casi nula representación del estudiantado en la toma de decisiones se manifestó en los numerosos intentos de los estudiantes secundarios por dialogar con las autoridades del MEC acerca de sus demandas y perspectivas sobre la educación que reciben; también se evidenció la falta de representación estudiantil en los múltiples intentos fallidos de los universitarios por lograr que la reforma del estatuto de la UNA garantice una mayor democratización de sus órganos internos de representación. A la larga, todo lo mencionado resultó en una enérgica movilización de una parte importante del estudiantado secundario y universitario a nivel nacional.
Hoy, con las diferencias correspondientes, se presenta un escenario similar: el desajuste existente entre la oferta educativa y la demanda estudiantil que se vio recrudecido por la pandemia. Esto, en teoría, abre una brecha para un nuevo proceso de politización. Pero, en la práctica, ¿será posible?
Aunque aún no podamos saberlo, los efectos sociales y económicos del COVID-19 pueden representar, al igual que con la “primavera estudiantil”, un episodio importante de politización del estudiantado universitario y secundario, tanto del sector público como privado, a nivel nacional. Esto es así, principalmente, por dos razones.
En primer lugar, porque la politización estudiantil no responde, exclusivamente, a cuestiones internas del campo educativo. La pandemia, en tanto hecho social total, penetró todas las áreas de la vida humana. El deterioro de las condiciones económicas, laborales y sanitarias está afectando directamente el derecho, acceso y calidad de la educación de todo el estudiantado nacional. No se trata, como en el 2015 y 2016, de factores meramente del ámbito educativo o vinculados a problemas institucionales como la corrupción o la falta de democracia interna. Entonces, es probable que el descontento social provocado en las otras áreas de la vida de un estudiante, tales como la falta de trabajo y las dificultades económicas en general, encuentren su vía de canalización política en el movimiento estudiantil, que se caracteriza (por lo menos en Paraguay), no por una actividad estable y continua a lo largo del tiempo, sino por momentos breves, pero intensos, de agitación política.
En segundo lugar, porque también en su carácter de hecho social total, la pandemia está afectando en iguales proporciones a los estudiantes de instituciones públicas y privadas. Anteriormente, la mayoría de los estudiantes de instituciones privadas consideraba estar por fuera de las problemáticas educativas del país, puesto que el pago de las cuotas, de alguna manera, garantizaba su “derecho” a la educación. Ahora, el estudiantado del sector privado también se está enfrentando a las enormes deficiencias y debilidades del modelo educativo en Paraguay, agudizado por la difícil migración a formatos de educación digital sin previa planificación.
Estas dificultades han ido uniendo y politizando a estudiantes de ambos sectores, como puede verse en los reclamos conjuntos como la ley de exoneración del 50% de las cuotas de instituciones educativas privadas y subvencionadas, la interpelación al ministro de educación Eduardo Petta, la campaña por el arancel cero en la UNA, el Primer Congreso Nacional Estudiantil entre Universidades Públicas y la manifestación en defensa de la educación pública propuesta para el jueves 23 de julio. Es cierto que el distanciamiento físico y las desigualdades en el acceso a la tecnología —propias de lo que se denomina “brecha tecnológica”— son impedimentos fundamentales para el relacionamiento y la movilización de los estudiantes. Pero también es posible que estos condicionamientos den paso a una reinvención de las formas y los mecanismos de la acción política.
Las potencialidades de la movilización estudiantil están ahí. Sin embargo, no puede predecirse que vaya a derivar en una nueva “primavera estudiantil” que mueva los cimientos de la situación actual y genere reformas estructurales. Esto porque hay al menos dos escenarios posibles. Uno en el que el individualismo y el “sálvese quien pueda” primen en el estudiantado, dejando a merced de las instituciones educativas, de sus autoridades (y de sus dueños, en el caso de las privadas), el porvenir de la educación tras la pandemia. Otro, en el que el estudiantado refuerce sus vínculos de solidaridad e inicie discusiones y acciones conjuntas, teniendo como eje central el aseguramiento de las condiciones básicas necesarias para el ejercicio de su derecho a la educación.
De los tres momentos citados, la “primavera estudiantil” fue el único evento esperanzador, ya que estuvo conducido por sectores de la sociedad que gozan de mucha legitimidad: el estudiantado secundario y el universitario. Desempeñaron el rol protagónico en una lucha cuya causa principal fue la transformación del modelo de educación imperante: mercantilizado, excluyente y de baja calidad.
Solo el tiempo traerá las respuestas y mostrará los caminos que fueron tomados. De lo que no hay dudas es de que nada volverá a ser como antes.
* Ajedrecista y estudiante de la carrera de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales (FACSO) de la UNA.
Portada: Estudiantes movilizados durante la pandemia por reivindicaciones como “arancel cero” en la UNA. Agradecemos a Agencia T @agenciat.py por la imagen.