Por Verónica Ayala Richter*.
La semana del 9 al 16 de noviembre del 2020 reflejó el punto máximo de una crisis política en el Perú que inició con las elecciones que proclamaron presidente a Pedro Pablo Kuczynski (PPK) el 5 de junio del 2016. En aquella fecha, Keiko Fujimori, su rival, colocó 73 parlamentarios en un Congreso unicameral de 130. Así se inició un gobierno con oposición parlamentaria y una dinámica de tensión entre ambos poderes, reflejada en una serie de enfrentamientos que dieron como resultado cuatro juramentaciones al cargo de presidente de la República y la composición de dos Congresos en tan solo cuatro años.
Durante este periodo, se sucedieron —en ese orden— dos mociones de vacancia contra PPK y su posterior renuncia en el 2018; la asunción a la Presidencia de su vicepresidente, Martín Vizcarra; el cierre del Congreso; elecciones de un nuevo Parlamento y otras dos mociones de vacancia contra Vizcarra. La última moción sí logró destituirlo y permitió la ocupación de la Presidencia de la República del presidente del Congreso, Manuel Merino, quien, finalmente, renunció al cargo el domingo 15, tras protestas masivas de rechazo en todas las regiones del país y la muerte de dos jóvenes el sábado 14 a causa de la represión policial.
El último hito de esta serie de sucesos fue la renuncia de la mesa directiva del Congreso, de la cual Merino era presidente, y el vacío de poder que ello representó. El país permaneció hasta 24 horas sin presidente ni mesa directiva del Congreso, es decir, con dos poderes del Estado sin cabeza ni dirección. Finalmente, los congresistas eligieron una nueva mesa directiva, de la cual salió otro presidente de transición —Francisco Sagasti—, quien deberá ocupar el cargo hasta las próximas elecciones en el mes de abril.
No es posible entender esta crisis sin considerar algunas de las causas que se encuentran detrás. Los factores son muchos, pero en este espacio nos centraremos en tres: los partidos políticos, la selección de candidatos y los mecanismos de balance de poder entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo.
Es importante tener en cuenta que la democracia peruana descansa sobre un sistema político precario. Los partidos son el claro ejemplo de esta precariedad, la cual se viene desarrollando desde hace 30 años. La década de los 90 marca la descomposición de un sistema que aún no lograba fortalecerse, cuyos miembros ya estaban golpeados y desprestigiados por su actuación en la década anterior, marcada por una profunda crisis económica y la amenaza de organizaciones terroristas, así como por gestiones presidenciales deficientes. Este contexto fue aprovechado por el fujimorismo, que estaba encaminado a promover al interior de la sociedad un sentimiento de escepticismo y desconfianza en la política.
De esta manera, los partidos se convirtieron en instituciones vaciadas del propósito básico para el que fueron creadas: representar y canalizar las demandas de diversos sectores ciudadanos. Por el contrario, se originó un sistema conformado por organizaciones con liderazgos personalistas, incapaces de conectar con los ciudadanos, es decir, con poca legitimidad de sus acciones y decisiones. Asimismo, aparecieron “partidos cascarón” que hicieron uso de su inscripción para albergar candidatos presidenciales con posibilidades de triunfo e incluyeron en las listas de candidatos al Parlamento a personas con recursos para financiar sus campañas.
Esta dinámica afectó el criterio de selección de candidatos para el cargo de congresista y, en consecuencia, facilitó la presencia de quienes buscan alcanzar puestos de representación para promover sus agendas particulares o los intereses de los grupos que sostuvieron sus campañas. En ese contexto, su lealtad y disciplina partidaria no siempre obedecen a las de los líderes de su partido, sino a cálculos basados en intereses particulares.
La precariedad de este sistema se combinó, además, con dos elementos que configuran el balance de poder en el régimen político peruano: por un lado, un sistema presidencialista débil o semiparlamentario y, por el otro, la prohibición de reelección durante dos períodos consecutivos del presidente y de los parlamentarios.
Perú es un país que posee un régimen presidencialista, es decir, el presidente es elegido por sufragio universal, es el jefe de Estado y la cabeza del Gobierno. Sin embargo, la Constitución de 1993 contempla mecanismos de control político semejantes a los de sistemas parlamentarios —por ejemplo, el voto de confianza que el Congreso debe otorgar al primer ministro, elegido por el presidente y su gabinete, a fin de que puedan ejercer sus cargos—. Además, tienen la capacidad de censurar a todo el gabinete de ministros o a uno en particular. Esta censura, en el caso de prosperar, se convierte en un mandato de renuncia al cargo. Para contrarrestar estas prerrogativas, el presidente tiene la capacidad de cerrar el Congreso en caso de que este negara dos veces la cuestión de confianza hacia su gabinete o por otro tema que el Ejecutivo proponga.
En este contexto, cuando PPK asumió el poder, lo hizo con mayoría parlamentaria opositora y no cooperante, lo que generó situaciones de tensión entre ambos poderes que, en última instancia, derivaron en su renuncia tras los dos pedidos de vacancia. El artículo 113 de la Constitución establece las causas que permiten al Congreso destituir al presidente. Entre estas condiciones se encuentra la “incapacidad moral permanente”, pero no se especifica a qué hace alusión esta incapacidad: si a alguna limitación mental que impida que el presidente ejerza sus funciones o a una de tipo moral o de conducta que riña con el ejercicio del cargo.
Al no tener contenido, este mecanismo está sujeto a la libre interpretación y a sustentarse en alguna denuncia o inconducta que estimen los integrantes del Congreso. De esta manera, se abre la posibilidad de aplicar una suerte de impeachment o juicio político en el que solo se necesitan 87 votos para la destitución. Es por ello que la Presidencia se apoya en la necesidad de tener una representación parlamentaria mayoritaria o significativa, capaz de establecer negociaciones que permitan garantizar su estabilidad.
Por su parte, Martín Vizcarra, el vicepresidente sucesor, apoyó su gestión en el alto grado de popularidad que fue adquiriendo gracias a la posición de enfrentamiento contra los parlamentarios y su discurso de lucha contra la corrupción. Esta tensión culminó con el cierre del Congreso y la convocatoria a nuevas elecciones para reconstituirlo.
Para estas elecciones Vizcarra cometió el error de no presentar lista parlamentaria, por lo que quedó desprotegido ante un nuevo Parlamento, cuyos miembros pertenecen a agrupaciones que buscan objetivos concretos. Algunos de ellos: atentar contra la reforma universitaria (sus líderes tienen universidades privadas que deben cumplir con los estándares que la reforma establece); impulsar medidas que favorecen a grupos conservadores e informales; y, al mismo tiempo, generar cierto grado de impunidad ante la Justicia, pues muchos se encuentran investigados hoy por la Fiscalía.
No es posible entender esta crisis sin considerar algunas de las causas que se encuentran detrás. Los factores son muchos, pero en este espacio nos centraremos en tres: los partidos políticos, la selección de candidatos y los mecanismos de balance de poder entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo.
El cuestionable proceso de vacancia con el que se destituyó a Vizcarra generó una movilización de protesta sin precedentes en el país por lo menos en los últimos veinte años que buscó rechazar una maniobra política cuya meta era capturar el poder. Si bien este movimiento sirvió para demostrar que la sociedad peruana, a veces calificada de apolítica y poco movilizada, es capaz de organizarse y generar cambios a partir de su protesta; es necesario que los políticos ejecuten reformas políticas profundas que respondan al llamado ciudadano.
*Máster en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Salamanca. Politóloga de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es miembro del Grupo de Investigación de Partidos Políticos y Elecciones, GIPE – PUCP.
Imagen de portada: Reuters
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