Por Rodrigo Ibarrola
En la tarde del 13 abril, luego de hacerse conocido el caso de presunta extorsión de los dirigentes camioneros al ministro del Interior del Gobierno de Mario Abdo Benítez, el senador Enrique Riera (ANR-cartista) anunció que presentaría un proyecto de ley para aumentar las penas a quienes cierren rutas obstaculizando el libre tránsito. Apoyó la moción su colega Fernando Silva Facetti (PLRA-llanista), utilizando como justificación la supuesta efectividad de la Ley Zavala-Riera, que básicamente llevó a que el delito de invasión de inmueble ajeno pasara a ser tipificado como crimen. Desde entonces uno de los autores de la ley, el senador Fidel Zavala (PPQ), pontifica constantemente que la ley, aprobada el 29 de septiembre de 2021, logró que las invasiones bajaran a cero.
Sin embargo, los datos de la propia Policía Nacional desmienten a Zavala. Las invasiones de inmuebles, no solo no han bajado a cero, sino que la Policía ha reportado 56 denuncias de invasión entre octubre 2021 y marzo de 2022, en los diferentes departamentos del país (Figura 1). El más afectado ha sido, por lejos, el departamento Central, uno de los más poblados del país y con mayor infraestructura y personal policial que los demás departamentos.
Figura 1. Denuncias de invasión de inmueble, octubre de 2021 a marzo de 2022
Fuente: Elaboración propia con datos de la Policía Nacional.
Tomando un espectro más amplio, digamos, desde el 2011 (Figura 2), vemos que las invasiones muestran un patrón relativamente estable con algunos picos puntuales. Durante el periodo de Horacio Cartes (2013-2018), las invasiones se mantuvieron relativamente estables y sin saltos agudos, y no se necesitó ninguna ley para ello. Aunque nunca, al menos, en los últimos once años, pasó un solo mes sin invasiones y es probable que nunca suceda.
Basada en la evidencia, la academia ha abordado largamente este tema con la conclusión de que el aumento de penas como política criminal carece de sustento empírico (véase, como ejemplo, que la producción de marihuana en el país no ha hecho otra cosa que aumentar a lo largo de los años, a pesar de la mayor estructura represiva en su supuesto combate). Menos aún si el fenómeno tiene origen estructural, como la pobreza, la desigualdad y la legalidad de las tierras en posesión de grandes terratenientes.
Tampoco es verdad que antes de la implementación de la Ley Zavala-Riera existiese un promedio de 26 invasiones por mes, tal y como lo manifestara el senador Silva. Ese número correspondió a un pico mensual (septiembre de 2021), que fue hábilmente aprovechado por los promotores de la ley. De hecho, si halláramos un promedio, veríamos que el mismo se mantuvo muy por debajo de las 26 invasiones destacadas por el senador Silva, a pesar del salto en términos absolutos en el mes de septiembre. Ya en su momento, usando datos del Ministerio Público, el senador Pedro Santa Cruz (PDP) había puntualizado que “no existe tal ola de invasiones”. Los datos de la Policía Nacional también apoyan su manifestación.
Figura 2. Denuncias de invasión a inmueble ajeno, por mes, 2011-2022
Fuente: Elaboración propia con datos de la Policía Nacional.
Aún si las invasiones hubiesen bajado significativamente luego de la aprobación de la ley, ¿querría decir eso que la ley tuvo el efecto esperado? No. Los fenómenos, especialmente los sociales, rara vez dependen de un solo factor. Para probarlo, en la ecuación deberían incluirse otros factores, ya sea para medir su impacto o para descartarlos. Además, la disminución de las invasiones podría deberse a que la Policía haya aumentado su dotación o realizado más procedimientos de desalojo (u operativo de “cese de hecho punible”, como le llaman cuando proceden sin orden judicial) o que los capangas de terratenientes hayan empezado a operar en la zona. También podría ser que la economía ese año haya mejorado en determinados momentos (aumentando el bienestar relativo) o que las agrupaciones sociales hayan llegado a un acuerdo o tregua. Ninguno de estos factores es contemplado en el mero registro de denuncias de invasión. Por lo que, para una correcta evaluación, todos esos factores deberían tenerse en cuenta y por un periodo de tiempo más prolongado.
Basada en la evidencia, la academia ha abordado largamente este tema con la conclusión de que el aumento de penas como política criminal carece de sustento empírico (véase, como ejemplo, que la producción de marihuana en el país no ha hecho otra cosa que aumentar a lo largo de los años, a pesar de la mayor estructura represiva en su supuesto combate). Menos aún si el fenómeno tiene origen estructural, como la pobreza, la desigualdad y la legalidad de las tierras en posesión de grandes terratenientes. Hemos de enfatizar este último punto habida cuenta que el Paraguay tiene más kilómetros cuadrados en títulos de propiedad que en la propia superficie. No en vano un reciente artículo de Clarín recomendaba a potenciales inversionistas argentinos a “hacer un estudio de títulos antes de comprar (tierras)” en Paraguay. He aquí uno de los principales focos de conflicto generador de desalojos forzosos y violaciones de derechos humanos.
En conclusión, las afirmaciones de los senadores Silva y Zavala son falsas. Ni el promedio de invasiones era 26 ni estas bajaron a cero luego de la vigencia de la Ley Zavala-Riera. El poder punitivo no resuelve los problemas sociales, convertir en crímenes los delitos que recaen desproporcionadamente sobre la población menos favorecida supone una política clasista y excluyente. Es indispensable notar esto y, sobre todo, combatir este nuevo avance represivo y autoritario.
Imagen de portada: ABC Color