Por María Asunción Collante Jara*
El 20 marzo de 2020 nuestro país ingresaba a una cuarentena total tras conocerse los primeros casos de COVID-19 y desde entonces cuantiosas han sido las pérdidas económicas y humanas. En paralelo, las condiciones estructurales de desigualdad de género se han visto reforzadas por la negligencia del Estado paraguayo, lo que ha generado múltiples formas de violencia contra las mujeres.
En ese camino, hemos escuchado de manera sostenida una frase engañosa: que la violencia contra las mujeres en el período de confinamiento se había convertido en “otra pandemia silenciosa”. Y no, la violación de los derechos de las mujeres no puede ser considerada una enfermedad o un virus, ni mucho menos algo exclusivamente sanitario. Porque la violencia contra las mujeres es algo estructural que ha venido escalando cada año y el encierro sólo la ha reforzado. En ese marco de vulnerabilidades se encuentran las mujeres en Paraguay, un país con profundas brechas de género reflejadas en salarios dispares, una participación política minoritaria y una limitación en la autonomía física de las mujeres respecto al acceso de sus derechos sexuales y reproductivos
Toda la cuarentena se ha convertido para muchas mujeres en una lucha constante de sobrevivencia en medio de abandonos y persecuciones. Ya desde el inicio del gobierno de Mario Abdo Benítez la situación de las mujeres presentaba un escenario desolador en el ámbito social, económico, político y cultural que, conforme se dieron las primeras restricciones, fue empeorando. Esto se ve reflejado en las 18.000 llamadas registradas en el 2020 (casi el doble que del 2019) por la línea 137 de Contención y Asistencia contra la Violencia y los 71 feminicidios ocurridos desde el inicio de la pandemia hasta finales del 2021.
Es más, si nos enfocamos en el sector económico, fueron las mujeres las más afectadas. La Encuesta de Hogares realizada por el Ministerio de Trabajo sobre los indicadores de empleo de los años 2019 y 2020, demuestra que fueron las mujeres las más golpeadas económicamente. Un total de 411.463 mujeres presentaron inconvenientes de acceso al trabajo (subocupación, desocupación e inactividad circunstancial) (ver figura abajo), muy por arriba que la situación de los hombres (295.884).
Figura 1. Desocupación, subocupación e inactividad circunstancial, por sexo (2019-2020)
Fuente: Imagen extraída del MTEES Observatorio laboral con datos de la DGEEC Encuesta Permanente de Hogares Continua 2020. No incluye departamentos de Boquerón y Alto Paraguay. Ver aquí
Las dificultades de empleo empujaron a muchas mujeres a organizarse con las llamadas Ollas Populares en barrios donde innumerables familias quedaron sin trabajo. Mujeres que residen en la periferia de la capital, como el Bañado Sur, llegaron a preparar 17 ollas populares para asistir a unas 2.500 personas el año pasado. En otras zonas como la ciudad de Itauguá, a unos 30 km de la capital, unas 300 familias del Asentamiento “Territorio Social Patria Nueva 2” recibieron almuerzos y meriendas de tres ollas populares durante el primer año de cuarentena y sólo se sostuvieron gracias a que las mujeres pelearon de varias formas, desde tocar puertas de supermercados hasta manifestarse frente a la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN). De hecho, en septiembre del 2020, se promulgó la Ley N° 6603 de apoyo y asistencia a las ollas populares gracias a la presión social liderada por mujeres que hicieron frente a la ineficiencia del gobierno.
El pacto judicial y patriarcal en contra de las mujeres también ha sido una constante durante la etapa más dura de la cuarentena. Conciliado con élites conservadores y de la iglesia, el sistema de justicia ha tenido una clara línea política dedicada a discriminar, silenciar, abandonar y perseguir a las mujeres. El primer caso fue el de la abogada María Esther Roa, que fue imputada en el 2020 por “violar la cuarentena sanitaria”, tras participar de una manifestación contra la corrupción frente al Panteón Nacional de los Héroes. Otro caso del mismo año refiere al procesamiento de Mariángela Abdala, Paloma Chaparro y Gisselle Noemí Ferrer Pasotti por hechos vandálicos acaecidos en el mismo Panteón, durante una protesta de repudio por la desaparición de Carmen Oviedo Villalba alias “Lichita”.
Ya en el 2021, se puede agregar la detención arbitraria de Vivian Genes, una dirigente estudiantil que participó junto con otros jóvenes de un estallido social conocido como el tercer marzo paraguayo en la que cientos de personas tomaron las calles del país para solicitar la renuncia del presidente por el despilfarro de dinero y la falta de medicamentos en hospitales públicos. En esa ocasión, una jueza solicitó la prisión preventiva de Genes por los supuestos delitos de “riesgos comunes, perturbación a la paz pública, daño a cosas de interés común, daño a obras construidas o medios técnicos de trabajo”, en referencia al incendio de la sede del partido de gobierno. Genes estuvo sometida a la privación de libertad en distintas dependencias policiales por varias semanas y solo no fue enviada a la cárcel de Mujeres del Buen Pastor gracias a la presión estudiantil en las calles exigiendo la nulidad de la medida.
hemos escuchado de manera sostenida una frase engañosa: que la violencia contra las mujeres en el período de confinamiento se había convertido en “otra pandemia silenciosa”. Y no, la violación de los derechos de las mujeres no puede ser considerada una enfermedad o un virus, ni mucho menos algo exclusivamente sanitario. Porque la violencia contra las mujeres es algo estructural que ha venido escalando cada año y el encierro sólo la ha reforzado.
Este mecanismo judicial también se vio reflejado en el encubrimiento a hombres que atentaron contra la dignidad de las mujeres. El caso de la joven Alexa Ocampo, quien acusó al cura Silvestre Olmedo de acoso, es sumamente ilustrativo. La justicia comprobó que el acusado Olmedo efectivamente manoseó a la joven, pero consideró absolverlo del hecho punible de acoso sexual argumentando que “deben existir otros hechos para considerar un hostigamiento”.
Finalmente, otro caso válido de recordar fue la denuncia en marzo del 2020 de la diputada Kathia González contra un empresario “apadrinado por políticos colorados” que la había amenazado sexualmente. Pese a las reiteradas denuncias hechas a la fiscalía, el caso fue simplemente ignorado.
Estos episodios de abandono en la asistencia económica y laboral a las mujeres, de autoritarismo patriarcal, así como de persecución y discriminación judicial, demuestran el intento estatal por socavar los derechos de las mujeres. Esperemos que los diferentes poderes del Estado asuman de una vez por todas decisiones públicas y políticas a favor de los derechos de las mujeres, de manera a garantizar una vida libre de violencias, sin discriminación y con una justicia libre de estereotipos sexistas.
*María Asunción Collante Jara (Paraguay, 1992). Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional de Asunción. Es comunicadora freelance, docente y fundadora del Observatorio Lupa Lila.
Imagen de portada: Agencia IP