Por Jorge Rolón Luna**
Los homicidios por encargo no son algo nuevo en el Paraguay. El sentido común los suele restringir y limitar a ciertos lugares de la frontera –especialmente pero no exclusivamente al departamento de Amambay–-, por lo que es frecuente observar que cuando ocurren en la capital del país generan reacciones de inusitado pavor, repulsa e incluso a veces hasta algún “asombro”. Estas reacciones además suelen estar seguidas de comentarios del tipo: “ya no pasa en la frontera nomás”. Ahora ¿hasta qué punto los sicarios–no se ha reportado aún ningún caso de “sicarias”– están derramando sangre de víctimas en más y más lugares del país?
Para responder a la pregunta, utilizaré una analogía con el concepto de “mancha de petróleo”. Para entender esto es menester tener en cuenta cómo actúan los derrames de petróleo en el mar. En estos casos, el petróleo inexorablemente se despliega, cubre extensas superficies y en ese proceso produce terribles efectos en la fauna, flora y otras formas de vida marina, comprometiendo a su paso todos los ecosistemas impactados. Algo parecido sucede con el sicariato. El fenómeno se encuentra en un proceso de crecimiento no sólo cuantitativo, sino geográfico, extendiéndose hacia diferentes extremos del país, cegando vidas humanas y, a la vez, imponiendo su lógica de terror, chantaje, corrupción y menoscabo de la vida civil y política.
El sicariato es un subproducto de redes criminales de alto nivel en las que se asocian el Estado, la política y la mafia. En Paraguay, su avance ha oscilado entre la negación y la indiferencia. Esto fue posible porque se consideró al sicariato como “cosa de narcos”, sin tener en cuenta las vidas que se perdían, puesto que eran “nada más” de “fronterizos”, de “mafiosos”, o sea de seres que no ameritaban un lamento. Ante su expansión, hoy parece tarde intentar soluciones rápidas y fulminantes para un fenómeno ya instalado.
Algo parecido ocurrió con el fenómeno de las maras (pandillas) en El Salvador, dice una de las voces más autorizadas en la materia, la del antropólogo salvadoreño Juan Martínez d’Aubuisson: “el Estado salvadoreño le prestó atención al fenómeno recién cuando empezó a expandirse más allá de los barrios pobres, hasta que luego la situación directamente escapó de su control”.
En Paraguay el pasmo ante los casos de sicariato aumentó ante la repetición del fenómeno. Hoy es casi diario, con frecuencia alarmantes y con un derrame para afuera de los territorios tradicionales. La geolocalización de los ataques de sicarios en los 4 primeros meses del año 2022, muestra la siguiente distribución.
Figura 1: Ataques de sicarios por departamento, en totales y porcentajes (enero-abril 2022)
Fuente: Elaboración propia en base a fuentes periodísticas.
Aquí resalta algo previsible: Amambay encabeza el listado. El departamento más violento del país tiene 29 ataques en los cuatro primeros meses del año, casi un ataque cada cuatro días, totalizando el 39% del total en el periodo. Le sigue un departamento que desde hace tiempo muestra números altos y estables, Concepción, con 13 casos, lo que equivale al 18% del total y, en tercer lugar ya está Central, con 9 casos. La capital, Asunción, tuvo 3 casos, el 4% del total. A continuación, veremos los datos del mismo periodo en el año 2021.
Figura 2: Ataques de sicarios por departamento, en totales y porcentajes (enero-abril 2021)
Fuente: Elaboración propia en base a fuentes periodísticas.
En el periodo de 2021 Amambay llegaba casi a la mitad de los casos, mientras que el resto se repartía entre 7 departamentos. Allí destacan el Departamento de Alto Paraná que se encuentra en el segundo lugar con 8 casos (15%), seguido por Canindeyú con 6 casos (11%). Es observable que ya destacaba Asunción con 3 casos (6%).
La comparación de estos dos periodos por localidad muestra el ya mencionado predominio de Amambay, el cual, curiosamente, si bien registra en 2022 más episodios que en 2021 (29/25), su participación en el total desciende del 47% al 39%. Entre un año y otro también se ve un crecimiento importante de Concepción (9% al 18%) y de Central (8% al 12%), mientras que Asunción, aunque tiene el mismo número de ataques, desciende su participación porcentual (6% al 4%).
Figura 3: Comparación de ataques de sicarios por departamento, en totales (enero-abril 2021 y 2022)
Fuente: Elaboración propia en base a fuentes periodísticas.
Estos datos permiten sacar algunas conclusiones. El ámbito “tradicional” del sicariato se expande, con Amambay, Concepción y Canindeyú, establecidos firmemente como “zonas narco”. Ahora bien, esta expansión ahora avanza sobre zonas como Asunción, Central y Alto Paraná. Si se considera al sicariato como un fenómeno fundamentalmente asociado a la actividad de grupos criminales que trafican droga, es indudable que ha ido más allá de la zona “caliente” de la frontera tradicional como Amambay y se extiende en Concepción, Canindeyú y, sorprendentemente, en Central.
El sicariato es un subproducto de redes criminales de alto nivel en las que se asocian el Estado, la política y la mafia. En Paraguay, su avance ha oscilado entre la negación y la indiferencia. Esto fue posible porque se consideró al sicariato como “cosa de narcos”, sin tener en cuenta las vidas que se perdían, puesto que eran “nada más” de “fronterizos”, de “mafiosos”, o sea de seres que no ameritaban un lamento.
Las causas son diversas, y aunque no es el objeto de este artículo se pueden arriesgar algunas hipótesis: Concepción está demasiado cerca de Brasil y del Chaco paraguayo (con sus pistas de aviación que traen mercadería de Perú, Bolivia y Colombia), Central juega un rol preponderante en la ruta fluvial por la que viaja cocaína hacia Europa y África Occidental, a más del creciente negocio del microtráfico, todo lo cual también involucra a Asunción.
La dispersión de la mancha de petróleo del sicariato nos está dando pistas innegables acerca de la expansión de un negocio globalizado como lo es el de la cocaína, con toda la muerte que trae consigo.
*Este artículo fue escrito antes del atentado que costara la vida al fiscal antidrogas Marcelo Pecci en Colombia.
** Abogado, docente e investigador independiente. Exdirector del Observatorio de Seguridad y Convivencia Ciudadana del Ministerio del Interior.
Imagen de portada: Diario Crónica
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