Aportes para la discusión sobre la legalización, despenalización y descriminalización de las drogas (III)
Por Jorge Rolón Luna*
De acuerdo con el Informe Mundial sobre Drogas de Naciones Unidas 2022, alrededor de 284 millones de personas de entre 15 y 64 años consumieron drogas en todo el mundo en 2020 (un aumento del 26% comparando con la década previa). Creció además el consumo juvenil de drogas, superando a la generación previa. En Latinoamérica, personas menores de 35 años son la mayoría de quienes reciben tratamientos por trastornos vinculados al consumo de drogas. En todo el mundo, millones de personas se inyectan drogas, contraen hepatitis C y VIH, o ambas enfermedades al mismo tiempo y sufren problemas siquiátricos, suicidios y hospitalizaciones.
La violencia del narcotráfico ha aumentado en todo el mundo. Involucró no sólo a los países “tradicionales” (Colombia y México, por ejemplo), sino que la reconfiguración del negocio ha puesto en el mapa de las muertes y los atentados a países como Paraguay, Ecuador e incluso Países Bajos.
Nunca antes en la historia, las “drogas” fueron un problema del alcance observable como en la actualidad. Cuando la droga se volvió un negocio, sus efectos deletéreos no tardaron en aparecer, como se observó en China con el opio, cuyo consumo alcanzó a 5 millones de adictos hacia 1830 y fue la primera epidemia importante de drogadicción en la historia de la humanidad.
En el pasado, los gobiernos abordaban localmente la cuestión de las “drogas”, pero desde inicios del siglo XX se produce “el gran cambio” y el enfoque es global, dado que global pasa a ser el mercado mundial. Surge así una normatividad internacional orientada a regular y combatir el uso de sustancias ilegalizadas –que antes no lo eran–, cuyo eje es la Convención Única sobre Estupefacientes de NNUU de 1961. Pero este proceso se inicia antes, con la conferencia de la Comisión Internacional del Opio de Shangai de 1909 que derivó en el primer tratado internacional sobre drogas, la Convención Internacional del Opio (La Haya, 1912). Es pertinente recalcar que desde sus inicios, este enfoque global ha sido esencialmente norteamericano y más que nada ha respondido a la visión de sectores religiosos y esencialmente prohibicionistas de la mayor potencia mundial. Ello, posteriormente mezclado con propósitos y objetivos geopolíticos, han supuesto ab initio para las visiones y necesidades de cada país una camisa de fuerza que sólo permitía acatar ese orden jurídico-político, o ser un paria en el concierto de las naciones y soportar las sanciones por incumplir esas obligaciones “internacionales”.
Esta guerra global contra las drogas, se denuncia también, no se ha sostenido sobre bases científicas. Se metió en la misma bolsa de prohibición y represión a todo tipo de sustancias, incluyendo algunas menos nocivas que otras, así como algunas que tenían utilidad medicinal. También se ha basado en la persecución a los usuarios de todos los niveles y tipos. La pregunta que interpela hoy a agencias internacionales, cuerpos de seguridad, políticos, científicos, grupos de la sociedad civil, víctimas diversas y a todo quien observe el fracaso y las consecuencias del enfoque bélico y represivo a la problemática de las drogas es, ¿qué hacer entonces?
Primeramente, es pertinente señalar que existen opciones diferentes a las de prohibir, reprimir, guerrear, enfocarse en la oferta y los oferentes de toda la cadena, y atormentar a consumidores. Pero estas opciones encuentran obstáculos en el orden jurídico internacional vigente. Aunque es posible predecir que dicho orden seguirá constituyendo un obstáculo para iniciativas y políticas públicas autónomas, ciertos acontecimientos que se están verificando en diferentes países pueden tener influencia global y abrir la puerta para avances en distintas direcciones. Grosso modo, dado que existen muchos matices y esto no agota el repertorio, a continuación se exponen algunas de esas grandes opciones.
En primer lugar, la despenalización. Esta consiste en que la posesión de cantidades pequeñas –y por ende, el consumo- de sustancias prohibidas conlleva sanciones menores, tales como multas o servicio comunitario, sacando del ámbito de la cárcel esas conductas, aunque no descriminalizándolas ni mucho menos legalizándolas. En otras palabras, “la despenalización generalmente implica la eliminación de penas privativas de la libertad”.
En segundo lugar, la descriminalización. Como lo señala el Observatorio Europeo de Drogas y Toxicomanías (OEDT), esta opción “implica la eliminación de una conducta o actividad de la esfera del derecho penal; la prohibición sigue siendo la norma, pero las sanciones por el consumo (y sus actos preparatorios) ya no caen dentro del marco de la ley penal”.
Finalmente, la legalización, que significa eliminar la prohibición que pesa sobre algunas o todas las sustancias, pasando a ser la producción, tráfico y consumo regulado por el mercado legal y el Estado, como ocurre, por ejemplo, con el alcohol y el tabaco. Es, por lo tanto, la visión más radical para confrontar el enfoque tradicional prohibicionista.
Los avances en la legalización, despenalización y descriminalización del cannabis y de otras sustancias en muchos países, pero especialmente en Estados Unidos, confrontan en muchos casos con los acuerdos internacionales. Ya señalé en el primer artículo de esta serie cómo los avances en estas direcciones por parte del país arquitecto del enfoque represivo abría enormes posibilidades para intentar políticas diferentes a aquellas que han fracasado. El más reciente desarrollo en esa dirección lo dio el propio presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, al anunciar por Twitter un perdón para todas las condenas federales leves por posesión de marihuana. Biden solicitó además al secretario de salud Becerra y al fiscal general Garland que inicien el proceso administrativo para revisar la consideración de la marihuana en virtud de la ley federal, mientras que a los gobernadores de los diferentes estados les solicitó “que hagan lo mismo con respecto a los delitos estatales, porque lo que sirve para una prisión federal, vale para el resto de las cárceles”.
Todo esto implica un giro impensado hasta hace poco del eje represivo contra las drogas ilegales, el cual está virando desde la mayor potencia mundial y la Unión Europea, hacia otros países. En Rusia, China, los países árabes y Filipinas, por ejemplo, no sólo se mantienen rígidamente las prohibiciones sino que se persigue a los consumidores y hasta se los “caza”. Tal es el caso de Filipinas, donde se han asesinado a casi 30.000 adictos, consumidores y traficantes con activa participación de agentes del Estado o con su venia, lo que produjo incluso la intervención de la Corte Penal Internacional.
Esta guerra global contra las drogas, se denuncia también, no se ha sostenido sobre bases científicas. Se metió en la misma bolsa de prohibición y represión a todo tipo de sustancias, incluyendo algunas menos nocivas que otras, así como algunas que tenían utilidad medicinal. También se ha basado en la persecución a los usuarios de todos los niveles y tipos
Esta paulatina “desobediencia” a tratados vigentes abre caminos para países como el nuestro en lo que hace al abordaje del problema de las drogas, si se interpreta de manera progresista la normativa internacional. En efecto, la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados establece que los países están obligados a cumplir los tratados (pact sunt servanda, art. 26), inclusive si se oponen con su derecho interno (art. 27). Pero, por otro lado, la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988, también establece que el tratado debe implementarse “en conformidad con las provisiones fundamentales de sus respectivos sistemas legislativos” (art. 2.1) y “sujeto a los principios constitucionales y a los conceptos básicos de su sistema legal” (art. 3.2).
Los países que hoy se encuentran a la vanguardia en este tema, como Portugal o los mismísimos EEUU, han demostrado que lo más importante es voluntad política, no tanto el texto estricto de los tratados. ¿El camino? La clave puede estar en lo que dice Michel Kazatchkine, de la Comisión Global para Política de Drogas: “los gobiernos deberían apostar por un uso seguro de estas sustancias. Hay que enfrentarse al mundo tal como es, y uno libre de drogas no existe”.
*Abogado, investigador y ex director del Observatorio de Seguridad del Ministerio del Interior. Autor del libro de relatos “Los sicarios”.
Imagen de portada: El Cronista/Reuters