Por Marcos Pérez Talia.
A lo largo del siglo 20 las cabezas de los poderes ejecutivos latinoamericanos caían principalmente por obra de intervenciones militares. Luego de la tercera ola de democratización, iniciada hace cuatro décadas, se siguieron produciendo caídas anticipadas de los ejecutivos, aunque utilizando otros artilugios más bien constitucionales. Eso dio lugar a prolíficas líneas de investigación en la Ciencia Política. En este artículo quiero explorar la salida anticipada de Mario Ferreiro del ejecutivo municipal asunceno, poniendo el acento en la injerencia de la justicia, lo que es abordado por una corriente de la Ciencia Política como “judicialización de la política”.
En los últimos años, diversos tribunales de la región -especialmente los constitucionales- han emitido sentencias garantistas que representaron avances fundamentales en la protección de derechos de grupos históricamente vulnerables. Muchos de estos fallos fueron criticados porque, supuestamente, el poder judicial no hacía otra cosa que usurpar las competencias reservadas al legislativo y ejecutivo. La cuestión es que, como consecuencia de este “activismo judicial” producto del creciente rol político de la justicia, se incrementó paralelamente la politización de la justicia y la judicialización de la política.
Esta doble dinámica (politización de la justicia y judicialización de la política) no es algo novedoso, sino que sus primeras apariciones se podrían remontar a la década de los ochenta. Fue entonces cuando los partidos políticos, esencialmente los oficialistas, condicionaron y cooptaron la conformación de los órganos judiciales con el objetivo de obtener ventajas políticas para el futuro. De esa forma, cada vez que exista algún desacuerdo político, se recurre a los órganos jurisdiccionales para reforzar las razones del partido o, en sentido contrario, para frustrar decisiones con las cuales no se esté de acuerdo.
Más grave todavía es el caso de partidos políticos que, mediante una profunda e histórica cooptación de todo el aparato judicial (tribunales, jueces y fiscales), buscan resolver en el seno judicial (por ejemplo, una destitución de un presidente o intendente) lo que no pudieron resolver mediante el libre juego democrático de las elecciones. Este fenómeno es peligroso porque es llevado a cabo por jueces y fiscales que toman decisiones políticas, aunque ellos están a salvo de los mecanismos de responsabilidad política. Además, hace añicos el equilibro de poderes, rompe la voluntad popular expresada en las urnas y afecta negativamente la confianza ciudadana en las instituciones.
En las últimas semanas tomó nuevamente mucha repercusión la salida anticipada de Mario Ferreiro de la intendencia de Asunción. Había sido elegido en 2015 para gobernar la capital del país hasta 2020, aunque durante la pandemia el Congreso Nacional aprobó la extensión de los mandatos municipales hasta 2021. Ferreiro había derrotado al candidato colorado Arnaldo Samaniego por más de 10 puntos porcentuales, y desalojó a la ANR del municipio capitalino por primera vez desde el 2001.
Conocida es en España la frase supuestamente pronunciada por el vicepresidente Alfonso Guerra luego de una polémica sentencia del Tribunal Constitucional: “Montesquieu ha muerto”. Más que un uso metafórico de la frase, nos invita a pensar constantemente a propósito del caso paraguayo, ¿quién está matando todo el tiempo a Montesquieu?
Gobernar cualquier institución ejecutiva de Paraguay -sea nacional o subnacional- entraña serios riesgos si el triunfante no pertenece a la ANR. Tantas décadas en el poder han hecho que el coloradismo se vuelva un partido-estado, merced a su potente y eficaz penetración en cuanto espacio institucional y no institucional exista en el país. Si por contingencias de la vida la ANR no llegase a gobernar el Ejecutivo durante algún periodo de tiempo, casi con seguridad las demás instituciones estarán, sin embargo, bajo la órbita colorada. El ecosistema institucional durante la gestión de Mario Ferreiro muestra una fotografía.
Si tomamos arbitrariamente el momento de crisis de Ferreiro (diciembre de 2019), vemos un panorama institucional eminentemente colorado. La presidencia del legislativo municipal recaía en Nenecho Rodríguez (ANR), mientras que las instituciones nacionales presentaban la misma lógica: Mario Abdo (ANR) en el poder Ejecutivo; Pedro Alliana (presidente de la ANR) en la Cámara de Diputados; Camilo Benítez (ANR) en la Contraloría General de la República; Sandra Quiñonez (aliada de un sector de la ANR) en la Fiscalía General de la República. Solamente la Cámara de Senadores y la Corte Suprema no tenían en ese momento un presidente colorado, no obstante, ambas instituciones cuentan con mayoría propia de miembros de la ANR.
Empero, el panorama institucional colorado no significa necesariamente un fracaso irremediable de la gestión de un no colorado. Ahora bien, en momentos de desacuerdos y crisis (algo esperable en cualquier gestión política) la luz al final del túnel se vuelve excesivamente tenue; más aún si se trata de una institución apetecida como la intendencia asuncena.
La crisis, por decir un eufemismo, que tuvo Mario Ferreiro con sus antiguos aliados, en un contexto de gobernanza prácticamente sin escudo legislativo municipal (sólo 9 de 24 concejales eran aliados de Ferreiro), fue la génesis de su derrumbe. Para darle más vigorosidad al asunto, la Fiscalía prestó su inmediato auxilio e imputó sin ruborizarse a cuanto “ferreirista” se arrimó. Mario Ferreiro, que no leyó a Maquiavelo (o no quiso seguir sus postulados sobre virtud y fortuna) prefirió ofrecer la otra mejilla y dimitió al cargo.
De esa forma, los casi 115.000 asuncenos que votaron por Mario Ferreiro en 2015 vieron perplejos como Nenecho (el concejal nro. 7 de la ANR) culminaba plácidamente el mandato… y encima era reelegido en 2021. En términos democráticos tampoco alivió demasiado que, tres años después, un Tribunal de Sentencia haya absuelto a Ferreiro, dejando en evidencia el pobre trabajo (segundo eufemismo) de la Fiscalía, cuya sentencia absolutoria ni siquiera fue apelada. En honor a la verdad, para Ferreiro es justicia; tardía, pero justicia al fin. Pero la débil democracia paraguaya, como el tigre, sufrió otra mancha más.
La independencia de la justicia y la separación de poderes es un bien supremo, tan utópico como obligatorio. Cuando la razón ilustrada puso patas arriba al absolutismo, el objetivo no era otro que proteger a los ciudadanos de los otros ciudadanos. Montesquieu no sólo pensaba en la separación de poderes como mera arquitectura institucional, sino además en términos de dividir el poder a fin de evitar abusos mediante el control y vigilancia recíprocos.
Conocida es en España la frase supuestamente pronunciada por el vicepresidente Alfonso Guerra luego de una polémica sentencia del Tribunal Constitucional: “Montesquieu ha muerto”. Más que un uso metafórico de la frase, nos invita a pensar constantemente a propósito del caso paraguayo, ¿quién está matando todo el tiempo a Montesquieu? No parece que haya dudas sobre la respuesta. Los temores, fundados por cierto, surgen cuando pensamos en cómo salir de eso en el futuro.
Urge tomar en serio la crisis del Estado de derecho en Paraguay. La democracia paraguaya no va a dar saltos de calidad si no mejora el sistema de justicia. Las elecciones del 2023 tal vez sean un buen lugar para iniciar ese cambio.
Imagen de portada: La Nación PY
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