¿Por qué es fundamental respaldar la implementación del voto obligatorio en Paraguay?
Por Héctor Fariña *
¿Es importante apoyar el voto obligatorio? En primer lugar, la respuesta es simple y contundente: sí lo es. Por varias razones. Primero, el voto obligatorio está consagrado en el art. 118 de nuestra carta magna que señala al sufragio como derecho, deber y función pública del elector. Segundo, también en el Código Electoral se establece la obligatoriedad del voto, la multa por su no cumplimiento e indica quiénes son los ciudadanos que se encuentran eximidos de la obligación de sufragar. Es decir, en un país que quiere ser serio y que quiere avanzar, lo mínimo que se requiere es el respeto a la Constitución y las leyes. Ya no harían falta otros argumentos.
Sin embargo, es necesario plantear también motivos de índole político (entendiendo la política como la búsqueda del bien común). El marcado ausentismo que se registra en nuestro país es fruto del descontento con los políticos en general, la indignación contra la corrupción y la impunidad. Pero el ausentismo, más allá de ser una legítima forma de protesta, no lleva a nada. Por el contrario, agrava la situación, ya que quienes no concurren a votar se constituyen en cómplices del status quo.
El ausentismo cómplice de la situación actual forma parte de un círculo vicioso. La corrupción genera la apatía ciudadana y ésta a su vez se manifiesta en ausentismo electoral, lo cual incentiva a los políticos a motivar a los electores con dinero u otros favores, y este dinero tiene su origen en la corrupción. Debemos darnos cuenta que, aquel ciudadano que está enojado con la corrupción del país y decide ausentarse de las elecciones, termina siendo cómplice de los corruptos.
Gracias al ausentismo, lo que manda y define las elecciones es la capacidad económica de los candidatos. Si una elección es definida por el dinero y no por la participación masiva, entonces ni siquiera podríamos decir que estamos en una democracia, sino en una plutocracia, es decir, el gobierno del dinero. Es urgente mejorar la calidad de nuestra frágil democracia.
Con respecto a la calidad de nuestra democracia, es alarmante y dramático constatar quiénes son los ciudadanos ausentes de los comicios. Según datos oficiales del Tribual Superior de Justicia Electoral (TSJE), en las elecciones presidenciales de 2018 estaban habilitados 4.260.816 electores, de los cuales se ausentaron 1.665.351 ciudadanos, representando un 39,08% del electorado. Siempre según datos oficiales, 900.000 personas de los ausentes fueron jóvenes de entre 18 a 29 años de edad.
Realmente es una catástrofe para nuestra democracia, que los jóvenes nacidos en democracia no se interesen por la democracia. Según datos del TSJE, para las elecciones de abril de 2023, los jóvenes de entre 18 a 29 años habilitados para votar son 1.595.314, representando un tercio del padrón nacional. Los jóvenes podrían definir las próximas elecciones, pero, es importante recordar, ellos no votan.
Existe otro elemento a notar. El ausentismo masivo, tal como ocurrió en las internas de la Concertación Nacional, genera oportunidades para el fraude electoral. Durante la siesta, cuando ni las moscas volaban, fue la oportunidad para cargar votos, como se notó en lugares como la Escuela Natividad de María de la Capital.
Resumiendo, el ausentismo es trágico para la democracia. Por lo tanto, la participación electoral es una forma de luchar contra la corrupción de los políticos y elevar la calidad de la democracia.
¿Cuál es la experiencia de los países de la región? En Sudamérica, exceptuando Colombia, donde el sufragio es libre, y Venezuela, cuyos datos no son fiables, el resto de los países tiene el voto obligatorio y lo aplican. Nosotros lo tenemos y no lo aplicamos. Lo que nos deja, como en casi todos los rankings, en los peores lugares.
Veamos los niveles de participación en elecciones recientes:
| 1° | Uruguay 2019 Presidencial | 90,13% |
| 2° | Bolivia 2020 Presidencial | 88,42% |
| 3° | Chile 2022 Referéndum | 85,86% |
| 4° | Ecuador 2022 Presidencial | 82,62% |
| 5° | Brasil 2022 Presidencial | 79,05% |
| 6° | Perú 2022 Municipales | 77,30% |
| 7° | Argentina 2021 Legislativas | 71,72% |
| 8° | Paraguay 2021 Municipales | 60,55% |
La diferencia es notable. Entre estos casos, es importante destacar la experiencia chilena. Ellos tenían el voto obligatorio y lo abandonaron por el voto voluntario. En las elecciones presidenciales chilenas del 2021, la participación en la primera vuelta fue del 47,33% y en la segunda vuelta de 55,64%. Para el Referéndum Constitucional de 2022, se optó por el voto obligatorio, llevando la participación a nada más y nada menos que el 85,86%. Teniendo en cuenta esta experiencia, el Senado Chileno volvió a hacer obligatorio el sufragio para todas las elecciones.
Ni si Bad Bunny es el candidato, ni si le sangrara la lengua a los políticos, sacerdotes, educadores, comunicadores sociales o influencers para motivar a la participación, no se podrá mejorar el nivel actual. El único camino realmente efectivo es el cumplimiento de la ley.
el ausentismo es trágico para la democracia. Por lo tanto, la participación electoral es una forma de luchar contra la corrupción de los políticos y elevar la calidad de la democracia.
¿Necesita el TSJE de una ley para cumplir el voto obligatorio? No. El TSJE ya cuenta con todas las herramientas legales para hacer cumplir el voto obligatorio. La Ley 635/95 que reglamenta la justicia electoral le da al TSJE el deber y la atribución de reglamentar el voto obligatorio vía resolución. El orden de prelación de las leyes ampara al TSJE a cumplir la ley. Además la Ley 6858/2021 le dio al TSJE la potestad de cobrar las multas electorales previstas en el código electoral.
El Tribunal Superior de Justicia Electoral, órgano supremo en materia electoral, tiene en sus manos mejorar la calidad democrática de nuestro país. Solo falta la voluntad política.
* Héctor Fariña es Salesiano Sacerdote, Cura Párroco y Rector del Santuario María Auxiliadora. Lic en Teología y Docente de Nivel Medio de Ciencias Sociales.
Imagen de portada: Tribunal Superior de Justicia Electoral