¿Se debe declarar una emergencia policial? La Policía Nacional y su crisis institucional

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Por Jorge Rolón Luna*

El modelo de funcionamiento policial surgido en Paraguay a partir del fin del stronismo y las subsiguientes reformas constitucionales y legales puede ser caracterizado como un “modelo maletín”. Llamo así a una manera de organización del accionar de la Policía en la que además de su preocupación por la seguridad del Estado, de la clase política y la represión a los sectores sociales disidentes, los afanes policiales se concentran en un el funcionamiento de un esquema recaudatorio ilegal que beneficia tanto a la propia institución policial como a sus jefes políticos. 

El “modelo maletín” es producto de un pacto implícito entre la política y la Policía: la última asegura protección y defensa del statu quo al tiempo que genera y comparte un cuantioso botín, todo a cambio de que la primera le otorgue libre albedrío para las actividades ilícitas y altos grados de impunidad. 

Así, permisividad e impunidad son los condimentos de este modelo en donde el mandato no escrito para la institución policial es obtener dinero de cualquier manera, sin límite alguno. Tal como lo confesó un comisario retirado (y condenado): durante el stronismo, “el mejor policía era el que más pegaba, ahora, el mejor policía es el que más recauda”. Según testimonios de agentes y el ejemplo diario de policías involucrados, los hechos ilícitos van desde tráfico de drogas, asaltos, asesinatos, secuestros, aprietes a turistas y a simples ciudadanos que a veces tienen la desafortunada idea de estacionar sus vehículos a la noche en algún lugar oscuro. 

Hay dos elementos que son específicos del sistema policial descrito: su autonomización política y el autogobierno . Implican, la primera “una marcada independencia doctrinal, orgánica y funcional (…)  y permitió que (la Policía) actuara con frecuencia como si estuviera por encima y más allá de la autoridad constitucional del Gobierno, protegiendo cada vez más sus logros e intereses autodefinidos (…) en tanto en la segunda, “la institución policial contó con amplios márgenes de independencia para autogobernarse orgánica y funcionalmente y para, desde allí, ejercer el gobierno de la seguridad pública general”. 

El “modelo maletín” no es exclusivo de Paraguay, este modelo describe además el funcionamiento de las policías de muchos países en América Latina. No obstante, vale la pena detenerse en cómo se fue desarrollando en nuestro país, porque tiene una génesis particular.

¿Cuál ha sido el camino que nos ha traído hasta aquí? No fue de la noche a la mañana. Durante el periodo de la dominación stronista, la policía (“de la Capital”, en ese entonces, más las alcaldías policiales de todo el país) vivió sometida al arbitrio del autócrata y subordinada políticamente a las Fuerzas Armadas, a la que debía obediencia. Tras la abrupta culminación del periodo stronista, ese modelo pervivió por cierto tiempo (siguió brevemente comandada por un militar, luego de la caída de Stroessner), hasta que la constitución de 1992 determinó que la institución estaría encargada en exclusividad de la seguridad interna y subordinada enteramente al poder civil. 

En la práctica, eso significó que la Policía adquiera cierta autonomía, lo que le permitió controlar territorio y tener su propia agenda y prioridades, al reportarse directamente a la política (que sólo le empezó a pedir protección para sí misma y parte de lo recaudado) y no a las FF.AA. De esta manera, al tiempo que el poder militar estaba en progresivo declive, surgió otro poder ilegal y arbitrario, ligado a la criminalidad, que aquí denomino “el poder policial espurio”. Cambiamos el mboka por el garrote. 

Lo grave de la situación actual es que ese “modelo maletín” – que ya lleva décadas de vigencia- se ha salido de control, con la multiplicación y diversificación delitos y crímenes cometidos por agentes policiales.

¿Por qué ocurre esto? Son varias las causas, pero es evidente que la impunidad y el desinterés de la clase política –lesseferismo en materia de seguridad, se podría decir- derivan en ese nefasto autogobierno policial. 

Un ejemplo es ilustrativo de la permisividad y la impunidad: a comienzos de la pandemia, unos policías de Alto Paraná fueron filmados robando 70 mil dólares a ciudadanos chinos, caso que terminó en la nada. En noviembre pasado, en el mismo departamento, fueron detenidos policías imputados por secuestro y extorsión: uno de ellos fue Karina Caballero, la agente que fuera filmada guardando en su ropa interior los fajos de dólares despojados a los chinos en 2020. ¿Cómo es que seguía en funciones alguien a quien el país entero vio sin posibilidad de defensa posible –on film– robando dinero? 

Este hecho inexplicable e inaceptable –uno de muchos similares- involucra no sólo al comando institucional, que mantiene en funciones a agentes corruptos y delincuentes, sino a todo el sistema de justicia, que funge de cómplice de este modelo que daña profundamente las bases mismas de la democracia y el sistema republicano.  

El deterioro institucional actual es de tal magnitud que el comandante policial Gilberto Fleitas reconoció, hace apenas unos días, que enfrentan el grave problema de que la propia institución se encarga de echar a perder a sus agentes jóvenes, quienes salen bien formados de las academias policiales “pero se descomponen por el camino”. 

El “modelo maletín” es producto de un pacto implícito entre la política y la Policía: la última asegura protección y defensa del statu quo al tiempo que genera y comparte un cuantioso botín, todo a cambio de que la primera le otorgue libre albedrío para las actividades ilícitas y altos grados de impunidad. 

En el documento Política de Seguridad Ciudadana lanzado por el Ministerio del Interior en el año 2010 –cuya elaboración me tocó coordinar y redactar–, la cuestión del temprano contagio con prácticas corruptas y criminales en la institución policial ya fue advertida. La denominamos sus autores “síndrome Training Day”: pues los policías novatos desde que salen de la academia y se insertan en la labor policial absorben las prácticas corruptas y de desapego a la legalidad de sus superiores.

Así como se ha realizado una declaración de “emergencia penitenciaria” en 2019, prorrogada nuevamente hace unos días, por la grave situación carcelaria que enfrenta el país,  es quizás también momento de hacer una declaración de emergencia policial, que tenga como objetivo una profunda reforma y depuración de la fuerza. La clase política no puede seguir desentendiéndose de lo que ocurre con nuestra policía. El precio pagado y a pagar por la autonomía policial es demasiado caro para nuestra sociedad.

* Investigador. Ex director del Observatorio de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior.

Imagen de portada: AFP