Por Marcela Achinelli.*
Atendiendo que el país está en un momento de cambio de gobierno, es fundamental tener en cuenta algunos desafíos que persisten para lograr una Política Nacional de Cuidado en Paraguay. De hecho, ya durante la campaña electoral, los principales candidatos a la presidencia se hicieron eco de asuntos relacionados a los cuidados. Mientras que Santiago Peña prometió “guarderías gratuitas”, Efraín Alegre lo reivindicó “guarderías para todos y todas”. No es casualidad que esta propuesta haya atravesado a los distintos grupos políticos. En el marco de lo que se denomina “economía del cuidado”, existe una agenda sobre protección social, en general, y sobre la política nacional de cuidados, en particular, que es urgente atender.
La economía del cuidado analiza tanto a la parte que demanda servicios de cuidado como a quienes ofertan el mismo, atendiendo que el cuidado de dependientes (niños y niñas, personas con discapacidad y adultos mayores) requiere de una organización social tal que la responsabilidad no puede recaer exclusivamente sobre las familias. Desde este enfoque, se plantea la necesidad de un esquema de corresponsabilidad que involucre al Estado, a las empresas, a la sociedad civil y a las familias.
Al hablar de corresponsabilidad de los cuidados se busca visibilizar la injusta distribución de las tareas reproductivas dado que hasta el momento la misma recae en las mujeres. Los datos de la Encuesta de Uso del Tiempo (2016) muestran que son las mujeres quienes dedican mayor tiempo al trabajo no remunerado (cuidado y tareas domésticas), lo cual representó para la economía paraguaya el 22,4% del Producto Interno Bruto de ese mismo año. Así también, los hogares paraguayos de familias extendidas y monoparentales tienen mayoritariamente jefatura femenina, por lo cual los arreglos de cuidado son una decisión fundamental para quienes están al frente de los hogares.
La profesionalización del trabajo de cuidado es una de las primeras medidas para impulsar el despegue de la Política Nacional de Cuidado. Para esto es importante que se visibilice que los cuidados están dirigidos a nuestros familiares dependientes y que por ello debemos valorarlo bajo una visión de equidad e igualdad, donde la responsabilidad sea compartida entre el Estado, la sociedad civil, las empresas y las familias.
Inicialmente, esta problemática fue abordada por el Consejo de Comunidades Europeas en 1992. A raíz del cambio demográfico que se venia desarrollando en los países que integran esa región (menor cantidad de hijos por mujer, pirámide poblacional con gran número de adultos mayores), se planteó la importancia de organizar el cuidado. La profesionalización de estas tareas fue apuntada como la vía para conseguirlo. Es decir, su jerarquización social y luego económica teniendo como base el trabajo decente. Esto implicó la posibilidad de acceder a salarios acordes al servicio prestado, cotización jubilatoria y seguro médico. Otro avance fue respecto a la posibilidad de adaptar los hogares familiares para la dedicación formal a estas actividades, con garantías y condiciones adecuadas. Un ejemplo fue lo hecho por países nórdicos que empezaron a formar cuidadores a quienes luego el gobierno otorgaba un carnet que los habilitaba para prestar ese servicio. A estas personas con formación en cuidados, los gobiernos le dieron la posibilidad de readecuar sus hogares conforme a reglamentaciones establecidas para cada tipo de cuidado a través de créditos blandos. Estos pasos han sido esenciales para generar un cambio cultural con respecto a la valoración de la prestación de estos servicios en países de Europa.
En América Latina, países como Ecuador, Argentina, Chile y Uruguay llevaron a cabo políticas vinculadas a los cuidados siendo el sistema uruguayo el primero en instalarse como tal. Dicha experiencia sirvió para que Paraguay desarrolle su propia Política Nacional de Cuidados, cuya ley debería ser tratada por el gobierno de Santiago Peña. Dicha política busca establecer el principio de igualdad y de no discriminación por sexo en la práctica del cuidado de dependientes, implementar medidas que faciliten la conciliación entre el trabajo remunerado y la familia, e impulsar la corresponsabilidad del cuidado de dependientes entre los diferentes estamentos de la sociedad. Esta política, además, se plantea sobre la base de las transformaciones sociodemográficas que nos ponen frente a una dinámica acelerada de envejecimiento de la población, así como a una desafiante relación que acomodar entre franjas de la población en edad de trabajar y aquellas todavía dependientes.
Las políticas de cuidado abarcan una serie de medidas como los permisos de maternidad, paternidad y/o parentalidad, centros de cuidado anexos al trabajo, teletrabajo, flexibilidad de permisos de entrada y salida, centros de cuidado domiciliario, cuidadores en domicilio y a domicilio, hogares de adultos mayores, adecuación de espacio para personas con discapacidad, entre otros. El documento que refiere al caso paraguayo, presenta avances en dichos términos y plantea también como principal desafío la profesionalización del trabajo relativo al cuidado.
En Paraguay existen ciertas experiencias de profesionalización del sector de cuidados, algunas de ellas apuntaladas por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y el Instituto de Previsión Social, tales como Corazón de Mamá, Canguro en Casa, Taita. Estas iniciativas privadas desarrollan servicios en el área de cuidados. Corazón de Mamá, con sede en Ciudad del Este, brinda servicios de consultoría de lactancia materna, pilates gestacional, fisioterapia y kinesiología, psicología y psicopedagogía, escuela para niñeras y cuidadoras y grupos de duelo para padres. Canguro en Casa ofrece, a través de una plataforma, los servicios de cuidadoras especializadas en Asunción a quienes la empresa instruye en cuidado infantil. Taita, una iniciativa que también se desarrolla en Asunción, es un servicio enfocado en adultos mayores que incluye residencia, fisioterapia en domicilio, casa de día, club para adultos mayores autónomos y cuidadores a domicilio.
Sin embargo, estas iniciativas no forman parte de una política pública sino que constituyen emprendimientos privados del tipo MIPYMES que, si bien están focalizados en prestar servicios de cuidado de infantes y adultos mayores, el componente de formación está dirigido exclusivamente a las personas reclutadas para este trabajo.
Queda mucho por hacer. La oferta pública de servicios de cuidado fuera del hogar se limitó a la educación básica y a la salud, enfocada en la primera infancia. Poca o nula ha sido la oferta de servicios de cuidado para infantes, adultos mayores o personas con discapacidad. Una vía de solución comunitaria para las familias es el esquema de cuidados en domicilio. Con ello, los cuidados se resolverían en los mismos territorios donde están las personas que los necesitan, como una alternativa a las guarderías convencionales. La diferencia está en que, por ejemplo, un padre o una madre que vive en nuestro mismo barrio y tiene hijos chicos, y no le compensa, no puede o no quiere trabajar fuera del hogar, podría estar dispuesta a cuidar a un niño más en su hogar. Esto evitaría, entre otras cosas, el traslado de un lugar a otro con el infante lo cual significa tiempo y dinero. Pero el punto clave de este abordaje de los cuidados es que no se realiza bajo un esquema de favores sino de forma remunerada.
Como primer paso, el Gobierno Nacional podría realizar la profesionalización del sector de cuidados para luego generar un Registro Nacional de Cuidado que posteriormente les permita, a quienes integren el registro, acceder a créditos blandos de entidades financieras para realizar adecuaciones en sus domicilios para prestar servicios a su comunidad.
Además, un Registro Nacional de Cuidado incentivaría el ingreso al esquema financiero formal a quienes usualmente quedan fuera. La fiscalización y regulación competería a entidades públicas como el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, la Senadis, entre otras, según el tipo de cuidado requerido. El Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación también podría intervenir a partir de la creación de una aplicación que concentre los datos de los cuidadores de manera que sean de público acceso.
La profesionalización del trabajo de cuidado es una de las primeras medidas para impulsar el despegue de la Política Nacional de Cuidado. Para esto es importante que se visibilice que los cuidados están dirigidos a nuestros familiares dependientes y que por ello debemos valorarlo bajo una visión de equidad e igualdad, donde la responsabilidad sea compartida entre el Estado, la sociedad civil, las empresas y las familias.
Si el nuevo presidente electo tiene intenciones reales de mejorar las condiciones de vida de las mujeres y de garantizar el cuidado de las infancias, deberá priorizar la concreción de la Política Nacional de Cuidados.
Imagen de portada: Yuki Yshizuka
* Economista, Investigadora en Economía y Género