Por Jorge Rolón Luna*
El término “narcoestado” (NE) se ha vuelto un lugar común a la hora de designar a países que enfrentan graves problemas como la violencia, corrupción, grupos criminales supuestamente controlando territorios, y donde sectores de la clase política, la burocracia estatal y las fuerzas de seguridad se encuentran entregados al “narco”. El Estado paraguayo, donde algunas de estas cuestiones se observan con cierta nitidez de un tiempo a esta parte, no ha escapado a ser caracterizado de esta manera. Lo que ocurre es que esta mirada entraña una equivocación conceptual que lleva a un diagnóstico equivocado de la problemática y, por ende, a la insistencia en supuestas soluciones que ni siquiera alteran el estado de cosas. En una serie de artículos, primero plantearé el trasfondo de esta conceptualización equivocada (originada en el uso de una matriz Weberiana de análisis del Estado); segundo avanzaré con alternativas de conceptualización que son mucho más precisas para analizar la relación entre el Estado y el narcotráfico; y, finalmente, concluiré con un tercer artículo que ilustre por qué Paraguay es, más que un narcoestado, un Estado que dirige una multiplicidad de negocios ilícitos.