Por Jorge Rolón Luna*
Si bien el desacuerdo en cuanto a definiciones concretas y operativas afecta a muchos conceptos, que pueden ir desde “democracia” a “corrupción”, el de narcoestado tiene como agravante que nos encontraríamos ante lo que el criminólogo Stanley Cohen llamó concepto Mickey Mouse. O sea, una concepción superficial, imprecisa e, incluso absurda, que es utilizada de manera muy frecuente y hasta frívola. Sostengo además que no es un concepto idóneo para caracterizar el caso paraguayo, porque impide la comprensión del problema y un enfoque de salida a la problemática que genera el narcotráfico.
Daré cuenta primero de algunos académicos y expertos que sostienen el uso del concepto de narcoestado. El historiador Alfred McCoy dice que un narcoestado es aquel donde “las drogas han logrado la multifacética mezcla de influencia económica e institucional”. Para Julia Buxton, de la Central European University, los narcoestados existen cuando “las organizaciones criminales conectadas al tráfico de drogas, adquieren una presencia institucionalizada en el Estado”. Matt Weiner, de la Australian National University sostiene que en los narcoestados “las redes de narcotráfico tienen la capacidad de controlar y regular los instrumentos coercitivos del Estado, el aparato financiero y el poder ejecutivo (…) para facilitar la producción de narcóticos, su refinamiento y tráfico”. Para James Rexton Can, profesor del Colegio de Guerra del Ejército norteamericano, un narcoestado existe donde las instituciones gubernamentales dirigen las actividades de tráfico de drogas o se coluden con traficantes, creando las condiciones para que esta actividad eclipse gran parte de la economía legal.
Más afuera del ámbito estrictamente académico, el ex diplomático norteamericano David Jordan habla de cinco etapas para clasificar a un narcoestado. La primera o incipiente, cuando los sobornos van a funcionarios de bajo nivel. La segunda o de desarrollo, cuando crece el apoyo de miembros del gobierno al consumo de drogas y el gobierno está infiltrado o dirigido por funcionarios a favor de la misma. La tercera o más seria, cuando se expande la corrupción de funcionarios públicos, policiales y judiciales, crecen las intimidaciones y el asesinato de agentes estatales que se resisten. La cuarta o crítica, cuando la corrupción crece a altos niveles de la policía y del sistema judicial, los policías de alto nivel trafican, protegen la actividad y autorizan asesinatos políticos, y el financiamiento de periodistas no es oculto. Finalmente, la etapa avanzada, cuando están inficionados los ministerios, además del judiciario, cuando el presidente está rodeado de funcionarios implicados y ya es cómplice, y además cuando la sociedad ya no se sorprende de estos hechos.
Estas definiciones tienen varios problemas. Primero que son vagas, no establecen “los niveles” de influencia o institucionalización del narcotráfico requeridos, ni los umbrales que se deben traspasar. Mas que nada, hacen referencia a la corrupción –sus altos niveles– así como a la vinculación de ésta con el tráfico de drogas. También describen a un Estado controlado por narcotraficantes antes que a uno que activamente se dedique al negocio o impulse la producción de droga y la existencia de redes criminales. Este abordaje es problemático. Por ejemplo, si un país registra altos niveles de contrabando o de falsificación de productos y estos negocios ilegales involucran o corrompen a sus agentes, podrán ser llamados “contraestados” o “falsiestados”. Llamativamente, nadie usa esos términos. Se puede llegar al absurdo de que llevada esa lógica al extremo, países en los que prosperan distintos negocios ilícitos, tendrían nombres larguísimos: contrafalsinarcoestados.
Voy a mencionar algunas visiones críticas sobre este concepto para sustentar mi punto de vista, que es el siguiente: Paraguay es un país donde el comercio ilegal de las drogas cuenta con participación de agentes del Estado desde los inicios de este negocio hasta hoy, en modalidades que aún deben ser determinadas y explicadas, pero para las que la categoría narcoestado es insuficiente.
en Paraguay el narcotráfico surgió y se consolidó bajo la atenta mirada de sucesivos gobiernos –con entusiasta participación de políticos, burócratas, militares y hoy policías–, no “contra el Estado”
Para el especialista en geopolítica de las drogas Pierre–Arnaud Chauvy, el narcoestado es un mito, un topos utilizado en diferentes contextos, pero nunca definido o explicado satisfactoriamente, por lo que entidades estatales que puedan ser catalogadas como tal, en realidad no existen. Por tal razón, la utilización de ese término tiende a simplificar en exceso, si no enmascarar, complejas realidades sociopolíticas y económicas. Derivado de lo primero está saber si realmente existe alguno en el mundo, ver qué características posee para poder realizar un análisis comparativo.
Uno de estos autores citados previamente (Weiner) confiesa que no ha encontrado un sólo país que responda a la caracterización hecha por él mismo y que tal país solo existiría en un “tipo ideal weberiano”. Los “tipos ideales” weberianos permiten comparar realidades de carácter empírico. En este caso, se estudiaría así a un tipo ideal de narcoestado partiendo del análisis de datos históricos, se construye ese modelo hipotético (“perfecto”, “tipo ideal”) y se compara con uno realmente existente. El problema es que no hay acuerdo sobre cuál sería uno.
Según Ashley Neese Bybee, del Institute for Defense Analisys, la indefinición y carácter difuso hacen más fácil una caracterización que es funcional para los Estados que quieren deslegitimar a otros de manera a intervenir o interferir en ellos, igual para los organismos internacionales, por lo que es un concepto que esconde generalmente fines políticos, algo que hace realmente incomprensible su utilización por parte de académicos. O sea, es un arma arrojadiza contra Estados enemigos.
En el ámbito latinoamericano, importantes expertos tampoco creen en la existencia del narcoestado y lo califican de mera “narrativa”, como sostiene el sociólogo mexicano y profesor de la City University of New York, Oswaldo Zavala. Otro de los más reputados investigadores mexicanos sobre el tráfico de drogas, Luis Astorga, califica a la eventual existencia de una vocación política que dispute el poder del Estado por parte de los grupos criminales, como uno de los tantos mitos que rodean al narcotráfico, dado que contrariamente, es una actividad netamente capitalista aunque ilegal, que busca únicamente maximizar rentas y que siempre ha existido en subordinación al poder político, por lo que carece de sentido: “crear esa invención periodística llamada ‘narcoestado’ (cuando) Ni siquiera Pablo Escobar se lo propuso”. Además, “dada la reconfiguración del poder político en México y la menor concentración del poder en partidos y funcionarios, parecería más útil, menos costosa y más rentable como estrategia de los traficantes, la de invertir en instituciones operativas, como las policiacas y militares, y no en el terreno político”.
Lo cierto es que en Paraguay el narcotráfico surgió y se consolidó bajo la atenta mirada de sucesivos gobiernos –con entusiasta participación de políticos, burócratas, militares y hoy policías–, no “contra el Estado”. Una relación que, obviamente, puede verse extremadamente tensa por momentos, pero donde la continuidad del negocio es buena para los involucrados, aunque de cuando en cuando los agentes estatales deban mostrar que aplican la ley y trabajan por esa meta señalada en 1998 por NN.UU, “un mundo libre de drogas”.
*Investigador. Ex director del Observatorio de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior.
Imagen de portada: Roberto Goiriz