Por Leticia López Cáceres y Rodrigo Ibarrola*
El sistema de salud paraguayo tiene varios problemas. Es fragmentado, segmentado, con múltiples redes de proveedores independientes cubriendo diferentes subgrupos de población. Para los trabajadores privados en relación de dependencia existe el Instituto de Previsión Social (IPS). Estos trabajadores aportantes conforman una minoría que no llega al cuarto de la población ocupada. Los trabajadores que pueden permitírselo, contratan seguros médicos privados a un alto costo. En tanto que aquellos de más escasos recursos deben recurrir al sistema público compuesto por la red de hospitales y centros asistenciales del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) o bien al Hospital de Clínicas, que forma parte de la Universidad Nacional de Asunción.
Por su parte, los empleados estatales mayormente no pueden ser beneficiarios del IPS. Si el presupuesto lo permite, la entidad otorgará un “Subsidio para la Salud”. En otros casos, la institución en cuestión realiza las previsiones presupuestarias para la contratación de seguros médicos privados.
Como resultado, el gasto público per cápita presenta una amplia variación entre los distintos grupos de población. De acuerdo a un informe del Banco Mundial (2016), el MSPBS tiene un gasto en salud de 125 dólares anuales per cápita. Descontando a la población cubierta por seguros de salud, el gasto público para la población no asegurada llega a 169 dólares anuales. A su vez, el IPS gasta 439 dólares al año por afiliado y sus familiares, mientras que el Estado gastaba 1024 dólares al año en seguro privado de los funcionarios públicos y sus familiares.
Figura 1. Gasto público en salud por persona y tipo de cobertura, en dólares de 2016
Fuente: Banco Mundial. (2016). Paraguay: Invertir en Capital Humano, Capítulo III.
El asunto de los contratos de seguro médico privado para funcionarios públicos es un tema sensible de larga data. Se los suele nombrar como “seguros vip” o “seguros de oro”. El asunto genera una particular indignación al ser comparado con la realidad de los servicios de salud pública que el Estado ofrece al ciudadano “común”.
Conforme a la información de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), desde 2010 hasta 2023, el gasto en seguro médico privado para los empleados públicos ha tenido un crecimiento importante. Así también, la cantidad de contratos pasó de 38 hasta un pico 71 en 2019.
Aún persiste una desigualdad importante y un importante volumen de recursos destinados a la salud de la población. Estos recursos deben ser protegidos, controlados y bien gestionados, para lo cual es necesario que los datos estén disponibles para la ciudadanía
La Figura 2 muestra la evolución del valor de los contratos adjudicados entre 2010 y 2022, que en acumulan unos 5 billones de guaraníes (700,7 millones de dólares). Hay que tener en cuenta que la mayoría de los contratos son por 24 meses, por lo que los valores pueden mostrar oscilaciones. No obstante, es notoria la tendencia alcista, para finalmente establecerse en una meseta.
Figura 2. Valor total de los contratos adjudicados, en millones de guaraníes
Fuente: Elaboración propia con datos de la DNCP.
Este aumento tiene su correlato en el desempeño de las firmas prestadoras de seguros médicos, donde las tres empresas que acapararon el 74% de los 683 contratos celebrados entre el periodo 2010 a julio de 2023 aumentaron sus ingresos operativos 3,6 veces entre 2010 y 2020, y 7 veces si se toman los datos desde el 2005.
Figura 3. Ingresos operativos de las tres mayores proveedoras de servicios médicos, en miles de millones de guaraníes
Fuente: Elaboración propia con datos de la DNCP.
A partir de 2018 comenzaron los esfuerzos para regular tal situación, para lo cual se estableció en la Ley de Presupuesto que la DNCP reglamentaría la contratación de seguros médicos privados. Esos esfuerzos implicaron la implementación de diversos mecanismos con la intención de unificar los pliegos y procesos de adquisición.
En 2019, se halló la manera de limitar aún más la contratación de seguros médicos por parte de instituciones privadas, estableciéndose un monto máximo de 1 millón de guaraníes por persona o 12 millones de guaraníes al año. Esta medida tuvo varias consecuencias. A saber, elimino la disparidad en cuanto el gasto por prima de seguro médico entre instituciones. Así entidades como el Banco Central del Paraguay o el Ministerio de Hacienda que abonaban 2,6 millones y 1,3 millones de guaraníes respectivamente por persona, pasaron a bajar los costos de las primas. En sentido contrario, aquellas instituciones que antes gastaban menos se ajustaron los más cercano posible al límite establecido. En la Tabla 1 se exponen un grupo de instituciones seleccionadas que muestran las variaciones registradas.
Tabla 1. Costo de seguro médico privado por persona y su variación
Fuente: Elaboración propia con datos de la DNCP.
Otra de las consecuencias es que el gasto anual se estabilizó en los últimos tres años, así como también la cantidad de entidades contratantes, que hoy son poco más cincuenta, según se ve en la Figura 4.
Figura 4. Monto ejecutado en rubro 271 “Servicios de Seguro Médico” y cantidad de instituciones contratantes
Fuente: Elaboración propia con datos de BOOST del Ministerio de Hacienda.
Nota: El objeto de gasto 271 fue creado en 2018, anteriormente se imputaba en el Objeto de gasto 269. Sin embargo, el Sistema BOOST ofrece datos desagregados por objeto de gasto recién a partir del año 2020.
El seguro médico privado ha sido siempre objetos de debates y análisis respecto a la cantidad de recursos involucrados. El polémico “seguro vip” es una muestra más de la gestión pública desigual respecto a los servicios de salud en el Paraguay, e incluso, previo a límite dictado en 2019, también existían marcadas desigualdades entre las propias instituciones del sector público en cuanto a la adquisición de un mismo tipo de servicio.
Los esfuerzos realizados desde la Administración Central aparentemente han logrado poner tope al gasto en cuestión. Sin embargo, aún persiste una desigualdad importante y un importante volumen de recursos destinados a la salud de la población. Estos recursos deben ser protegidos, controlados y bien gestionados, para lo cual es necesario que los datos estén disponibles para la ciudadanía.
* Leticia López es Mtr. en Auditoría, Contabilidad y Tributación por la Universidad Americana 2022. Contadora Pública por la Universidad Nacional de Asunción 2013
Rodrigo Ibarrola es Licenciado en Administración, Abogado, Maestrando en Finanzas y Estudiante de Economía.
Imagen de portada: elaboración de Diego Sosa usando periódicos locales
Este estudio se desarrolló en el marco de la iniciativa “Control joven para una mejor gestión pública”, impulsada por el Centro Interdisciplinario de Investigación Social (CIIS) con apoyo del CIRD, en el marco del proyecto Más Ciudadanía, Menos Corrupción.