Por Juan Francisco Camino
La disolución del parlamento en mayo de 2017 en Ecuador, obligó al país a entrar en un nuevo período electoral en el cual se eligió presidente, vicepresidente y asambleístas para un período que finalizará en mayo de 2025. El 15 de octubre se desarrolló la segunda vuelta presidencial entre los candidatos que obtuvieron la más alta votación en la primera, y si bien los resultados podrían llevarnos a pensar en una nueva “victoria” de la centro derecha ecuatoriana, los resultados en el ballotage nos dicen muy poco sobre los verdaderos apoyos que tiene un político o una organización política, ya que, al existir solo dos opciones, la elección no representa necesariamente la preferencia del elector, sino una especie de “óptimo deseado”. Dicho de otro modo, el apoyo que se refleja en la segunda vuelta es algo “superfluo”, ya que el elector muchas veces escoge al que considera “el mal menor”.
Las elecciones anticipadas fueron ganadas por el candidato Daniel Noboa Azín, quien se convertirá en el nuevo presidente de la República hasta el año 2025. Hijo del magnate bananero y cinco veces candidato a la presidencia, Álvaro Noboa Pontón, Daniel tiene una breve experiencia política como legislador entre el 14 de mayo de 2021 y el 17 de mayo de 2023. Hasta ese momento, su trayectoria había sido mayormente en el sector privado.
El presidente Noboa tendrá una bancada legislativa de apenas 14 asambleístas, una minoría en el sistema unicameral ecuatoriano que tiene una Asamblea Nacional de 137 legisladores. Esto obligará al presidente Noboa a alcanzar un acuerdo con al menos dos organizaciones políticas, en un legislativo que está fragmentado. Ningún partido logró alcanzar la mayoría simple de 70 legisladores.
Por su parte, el partido Revolución Ciudadana del expresidente Rafael Correa, a pesar de alcanzar la primera minoría de 52 asambleístas, se quedó otra vez a las puertas de llegar nuevamente a la presidencia de la República. Esta parece ser una marca distintiva de la democracia ecuatoriana: desde 1979 ningún partido volvió a alcanzar la presidencia luego de un período sin estar en el poder.
Podrían existir muchas lecturas al respecto, pero es claro que para Revolución Ciudadana la presencia del expresidente Correa en la campaña de sus copartidarios llega a eclipsarlos, y se vuelve una distinción entre él y el resto de las candidaturas. Si bien el comportamiento electoral ecuatoriano está atravesado por los liderazgos fuertes y el personalismo, con esta elección cabe plantearse hasta qué punto la figura del exmandatario se vuelve nociva para su propia organización política, sobre todo para la segunda vuelta electoral.
La presencia del expresidente Correa sigue siendo influyente en la política ecuatoriana. Sin duda afectó la votación por y en contra de la candidata de Revolución Ciudadana, Luisa González, pero no fue el único determinante. Existen factores de contexto, comunicacionales, clivajes y percepciones que generan una identidad en la ciudadanía respecto a esta opción política. Mucho se ha hablado que en esta elección el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio (ocurrido el 9 de agosto) habría afectado al correísmo, pero los datos dicen lo contrario.
Tomando en cuenta varias encuestas previas al fatídico evento, la candidata González tenía una intención de voto que alcanzaba aproximadamente el 30%. En la primera vuelta presidencial realizada el 20 de agosto de 2023 el 33,61% de los votos válidos fueron para el correísmo, un resultado que no difirió con los porcentajes proyectados en la intención de voto.
Pero, ¿qué pasó en la segunda vuelta? ¿Por qué no pudo ganar el correísmo? Comunicaliza, empresa encargada de realizar mediciones demoscópicas realizó una encuesta post electoral, para analizar qué sucedió con la votación del ballotage, dividiéndola en varios segmentos. Esta información fue publicada en un hilo de twitter, y deja algunas lecciones por analizar.
El voto de los jóvenes comprendidos entre los 16 y 35 años se decantó por la Revolución Ciudadana, con porcentajes que fluctuaron entre el 3% y 13%. Si bien Daniel Noboa optó por una estrategia comunicacional que lo conectaba con los jóvenes (desde su forma de vestir con camiseta, camisa abierta y pantalones jeans, hasta su posición favorable a dejar de explotar petróleo en el campo denominado Yasuní ITT), parecería que el enfoque de la ex candidata González en utilizar medios digitales como Instagram y Tik Tok dio resultado. En el rango de edad entre los 36 y 49 años, la diferencia fue a favor de Noboa con un 8% de diferencia, mientras que en los más adultos el ahora presidente electo sacó una diferencia de 27%.
Entre quienes son parte de la fuerza laboral más importante del país (36 a 49 años) es claro que Noboa fue el candidato por el cual se decantó este grupo de la población, rompiendo con el esquema del “candidato joven”. La clave en este análisis es que, si bien González es preferida por los jóvenes, las diferencias no fueron suficientes para llevarla a la presidencia, a pesar de que el Ecuador es uno de los países que aún cuenta con un número importante de ciudadanos en la base de la pirámide poblacional.
Por actividad económica los datos de Comunicaliza son interesantes, ya que el correísmo únicamente gana entre los agricultores y las amas de casa, con una diferencia favorable de 19% y 15% respectivamente. En cambio, Noboa obtiene diferencias enormes respecto al correísmo entre los jubilados y los funcionarios públicos, con una diferencia promedio de 42% a su favor. Dado que la Revolución Ciudadana es una organización política de corte estatista, que propone un rol protagónico del Estado en la sociedad, esta diferencia llama notoriamente la atención. Incluso generó un tuit del expresidente Correa, en el que manifestó “…perdemos en clase media y, sorprendentemente, entre funcionarios públicos -cuando somos defensores de lo público…”.
El caso de los funcionarios públicos favoreciendo a Noboa se explica por la campaña del propio correísmo. Desde el año 2021, este movimiento ha afirmado muchas veces la “revancha” que se vendría sobre sus adversarios en caso de ganar. Mensajes como “no tendrán donde esconderse”, “ya falta poco”, “los traidores pagarán caro su traición”, pueden haber generado un clima de incertidumbre, provocando que los empleados públicos opten por el mensaje menos confrontativo para salvaguardar sus ingresos de quienes pueden tacharlos como “traidores” o “vendidos”.
Lo cierto es que el aparente clivaje “correísmo – anticorreísmo” está dejando de ser una fractura real de la sociedad ecuatoriana, razón por la cual podríamos inferir que esta dicotomía ha perdido fuerza en el país. De hecho, en la misma encuesta postelectoral mencionada al inicio de este artículo indica que en el Ecuador, los que no se identifican “ni como correístas ni como anticorreístas” son el 36%, muy por encima del anticorreísmo (18%) o correísmo (32%).
La confrontación como estrategia ha perdido fuerza. Desde la opinión pública y ciertos sectores políticos apelan por un acuerdo nacional para superar dos temas urgentes: la crisis de inseguridad que aqueja al Ecuador, reflejada en la tasa más alta de homicidios por cada 100.000 personas registrada en su historia, y un lento crecimiento económico que se traduce en la ausencia de oportunidades laborales. Estos temas sobrepasan las absurdas disputas políticas, incentivadas solo por las agendas partidistas y personales de ciertos actores políticos que no saben mirar el momento tan complejo que atraviesa la república, y que hace necesario y obligatorio un acuerdo nacional.
El Ecuador está en un momento en que incluso la supervivencia de los políticos dependerá de su habilidad para resolver problemas. Quien lo entienda, no solo podrá incrementar su capital político en el corto y mediano plazo, sino que tendrá la inmejorable oportunidad de crear un arquetipo de estadista antes que de politiquero oportunista.
Esperamos que nuestra clase política esté a la altura de la historia y se pueda alcanzar un acuerdo nacional en un país donde la concertación ha sido la excepción y no la regla. Ojalá se regrese a ver el acuerdo alcanzado para volver a la democracia en 1979, para sellar el conflicto territorial con Perú en 1998 o para sostener 23 años de la dolarización de la economía.
Que este nuevo período de gobierno marque un hito en nuestra frágil democracia, y no sea más de lo mismo.