Por Fran Olucha-Sánchez *
La pregunta que más se ha repetido en Chile después del fracaso de la última propuesta de reforma constitucional es: ¿Y ahora qué? Así, la sociedad chilena manifiesta sus dudas acerca de qué sucederá después de cuatro años marcados por el proceso constituyente que se inició al calor del estallido social de octubre de 2019, bajo la segunda presidencia de Sebastián Piñera.
El estallido social de octubre de 2019 abrió una ventana de oportunidad para reformar el diseño institucional y socioeconómico establecido por la constitución vigente, que data de 1980 y fue aprobada durante la dictadura de Augusto Pinochet. Pero las propuestas de textos constitucional han sido rechazadas por la sociedad dos veces: el primer plebiscito realizado en septiembre de 2022 y el segundo en diciembre de 2023. Es complejo entender la situación ya que muchos factores -y no solo uno- explican el fenómeno. Sin embargo, este artículo se propone dar una serie de claves que se han originado a lo largo de todo el proceso constituyente, y que persisten en la actualidad.
El estallido de 2019 dejó latente que había una frustración social con la configuración de la sociedad chilena. Si bien era difícil interpretar qué es lo que se pretendía claramente con las movilizaciones sociales, el presidente Sebastián Piñera decidió convocar a la ciudadanía a las urnas para dirimir si querían o no un proceso constituyente. Con un resultado favorable del 78%, la ciudadanía eligió que quería una nueva Constitución Nacional, y a su vez con un resultado del 79% se optó porque sea una Convención Constituyente el tipo de órgano que debiera redactar la nueva carta magna. Esta Convención, una vez electa, fue dominada por sectores considerados de izquierda y tuvo el respaldo del presidente Gabriel Boric.
El nuevo texto constitucional fue sometido para su aprobación a la ciudadanía en el Plebiscito realizado en septiembre de 2022. Con una participación electoral récord, el Rechazo se impuso al Apruebo por casi 25 puntos porcentuales, y lo que se proyectaba inicialmente como un mero trámite para validar el proceso constituyente, acabó siendo una dura derrota para las fuerzas progresistas chilenas.
Tras el resultado, Boric emitió un discurso en el que indicó haber escuchado la voz de la ciudadanía y señaló que el proceso constituyente iba a continuar. Los diferentes partidos políticos chilenos con representación parlamentaria se organizaron para sacar adelante un nuevo proceso constituyente a través de lo que se denominó Acuerdo por Chile. Este nuevo proceso estaría constituido por dos órganos diferenciados: una Comisión de Expertos, que sería designada por los partidos políticos; y, el Consejo Constitucional, cuyos miembros serían electos por la ciudadanía.
Un problema fue que los partidos políticos dejaron fuera de la Comisión de Expertos al Partido Republicano, considerado de extrema derecha. Como consecuencia, este partido se posicionó como “víctima” del sistema y, desde una posición anti-establishment, realizó una intensa campaña para integrar el Consejo Constitucional, logrando ser la principal fuerza política con 23 de los 50 representantes posibles.
La política se puede definir en términos de conflicto y de consenso en momentos diferentes. El conflicto fue el que originó un proceso constituyente en Chile, pero no se encauzó a un consenso entre diferentes actores. La incapacidad de los actores políticos de llegar a acuerdos ha sepultado ambas propuestas constitucionales.
A diferencia del texto de la Convención Constituyente sometido al plebiscito en 2022, que se consideró inclinado hacia la izquierda, el Partido Republicano y sus aliados desarrollaron un texto constitucional inclinado hacia la derecha. Pero la población rechazó la nueva propuesta en el plebiscito de diciembre de 2023.
Ambas propuestas constitucionales sufrieron del mismo pecado. Las fuerzas políticas que representaban las mayorías en los órganos encargados de la elaboración constitucional actuaron con prepotencia y vanidad, plasmando sus programas políticos como proyectos constitucionales sin lograr acuerdos con sus rivales. Claramente, es una de las claves -si no la más importante- de la derrota en las dos ocasiones.
Después de este segundo rechazo, surge nuevamente la pregunta inicial: ¿y ahora qué sucederá?
Según el estudio de CADEM realizado una semana después del plebiscito, el 77% de los chilenos y chilenas creen que se debe cerrar el actual ciclo constituyente. Mientras, sólo un 19% piensa que debería hacerse un nuevo proceso constituyente. Estos datos no significan que la Constitución de 1980 redactada en medio de la dictadura militar de Pinochet se vaya a quedar. De hecho, que el 77% de la gente quiera dar por cerrado el proceso constituyente no significa que no deseen retomarlo más adelante. Pero el gobierno acusó recibo de lo sucedido y no se plantea abrir un nuevo proceso constitucional.
La política se puede definir en términos de conflicto y de consenso en momentos diferentes. El conflicto fue el que originó un proceso constituyente en Chile, pero no se encauzó a un consenso entre diferentes actores. La incapacidad de los actores políticos de llegar a acuerdos ha sepultado ambas propuestas constitucionales.
Hoy persiste un sentimiento anti-establishment en la sociedad chilena. Además, los actores políticos siguen en la conflictividad y la polarización de los últimos años. Pero, en paralelo, la sociedad demanda consensos en materias como seguridad y migración. Esto significa que el actual reto que afronta la política chilena es cómo resolver los problemas sociopolíticos llegando a acuerdos, en un contexto paradójico en el que la ciudadanía rechaza a la clase política y los partidos. Por eso, aunque el proceso constituyente quedó relegado a un segundo plano, puede que la posibilidad de una nueva constitución solo se haya postergado por un tiempo.
* Máster y Doctor en Ciencia Política por la Universidad de Salamanca.
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