*Por Camilo J. Filártiga Callizo
Venezuela continúa sumida en una profunda crisis política, económica y social que ha captado la atención del mundo entero. Desde la ascensión de Nicolás Maduro al poder en 2013, tras la muerte de Hugo Chávez, el país ha experimentado un deterioro significativo en casi todos los aspectos de la vida nacional.
El régimen autócrata de Maduro impone severas restricciones al ejercicio de derechos civiles y políticos básicos para un Estado democrático, entre ellos, los contenidos en los Artículos 18, 19, 20 y 21 de la Carta de los Derechos Humanos, relativos a la libertad de pensamiento, expresión, asociación y participación en el gobierno. Paralelamente, organizan y celebran elecciones que son seriamente cuestionadas en cuanto a su integridad por organismos internacionales y misiones de observación electoral.
El 22 de marzo de 2023, la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de la ONU (MIIV) informó ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra sobre la precariedad de la situación de la libertad de expresión en Venezuela.
En línea con esto, dos de los principales informes que miden la democracia en el mundo coinciden en calificar al régimen de Maduro como de tipo autocrático. El informe de IDEA Internacional “El estado de la democracia en el mundo” del año 2022 incluyó a Venezuela entre los regímenes autoritarios de la región junto a Cuba, Haití y Nicaragua. El proyecto de Variedad de las Democracias (V-Dem) en su informe 2023 ubica a Venezuela entre las “autocracias electorales”
Este marco mencionado es clave para comprender la naturaleza del régimen político en el cual se desarrollan los procesos electorales. Tal como ya ocurriera en las elecciones presidenciales del 2018, en la reciente elección del domingo 28 de julio de 2024, los resultados electorales han sido denunciados como fraudulentos por la oposición venezolana y gran parte de la comunidad internacional.
Según han expresado observadores independientes y organismos internacionales, todo el proceso electoral ha estado empañado por acciones poco transparentes y de dudosa legitimidad emprendidas por el régimen, afectando las reglas de juego, las condiciones de competencia y finalmente, el derecho a la libre elección y la participación del pueblo venezolano.
La transparencia y el control, condiciones elementales para la integridad de los procesos electorales, han estado amenazadas. La no autorización para el despliegue de misiones de observación como la de la Unión Europea (UE) o de la Organización de Estados Americanos (OEA) sumados a la participación de observadores de regímenes amigos como Rusia, China, Irán y Nicaragua, no favorecieron a un clima previo de confianza en el proceso eleccionario.
La Misión de la ONU para Venezuela constata igualmente “la reactivación de la maquinaria represiva” del régimen chavista. Y hasta el propio fiscal general de Venezuela admite que se han producido desde el domingo 1.062 detenciones, si bien culpa de la violencia a la oposición.
De la resolución final dependerá el rumbo que pueda tomar Venezuela. Los caminos son claros: profundizar el proyecto autoritario -cada vez más aislado de la comunidad internacional- o reiniciar un proceso democrático, con autoridades legítimamente electas por el pueblo y los derechos fundamentales garantizados.
La OEA denunció la “aberrante manipulación” de las elecciones de Venezuela en un “proceso sin garantías.” Los observadores del Centro Carter, invitados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) suspendieron una convocatoria para informar de los resultados preliminares de su supervisión y abandonaron el país.
La misión observadora del Centro Carter reportó la parcialidad del CNE a favor del oficialismo y criticó su “ausencia de transparencia” al proclamar ganador al presidente Nicolás Maduro. Consideró que la falta de resultados desglosados es “una grave violación” de principios electorales. Advirtió que “no puede verificar o corroborar la autenticidad de los resultados” del ente electoral, que anunció la victoria del presidente Nicolás Maduro.
IDEA Internacional en un comunicado público indicó que “La voluntad popular del pueblo venezolano, expresada en las elecciones del domingo, debe ser respetada. Los venezolanos tienen derecho a la transparencia total del escrutinio de los votos. Pero estos resultados son sospechosos y hasta que observadores independientes verifiquen el escrutinio, se debe retener el reconocimiento oficial de los votos.”
La UE coincide con la posición de estos organismos internacionales al afirmar que “Los resultados de las elecciones no han sido verificados y no podrán considerarse representativos de la voluntad del pueblo venezolano hasta que se publiquen y verifiquen todas las actas oficiales de las mesas electorales.”
A estas posiciones de organismos internacionales deben sumarse las expresadas por los Jefes de Estado de la región, quienes se han manifestado en este mismo sentido, reclamando transparencia, el conteo y la publicación de actas de cada mesa electoral. Desde el arco de gobiernos de derecha (Milei, Peña, Lacalle) -quienes no reconocen el resultado electoral- hasta los propios jefes de estado de izquierda como Boric y Lula, López Obrador o Petro, con distintos matices, todos coinciden en, mínimamente, pedir transparencia en el procesamiento de los resultados electorales.
De la resolución final dependerá el rumbo que pueda tomar Venezuela. Los caminos son claros: profundizar el proyecto autoritario -cada vez más aislado de la comunidad internacional- o reiniciar un proceso democrático, con autoridades legítimamente electas por el pueblo y los derechos fundamentales garantizados.
* Abogado. Profesor del Departamento de Ciencias Sociales UC.