Por Marcos Pérez Talia*
El 6 de agosto de 2023, el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) destituyó de su presidencia a Efraín Alegre mediante una cuestionada resolución de la Convención partidaria. Hoy, dos años después, los efectos de esa decisión siguen repercutiendo tanto en la estructura interna del partido como en su rol dentro de la democracia paraguaya. Más allá de las simpatías o críticas hacia el liderazgo de Alegre, hay una verdad política difícil de ignorar: destituir a un presidente elegido por voto directo de los afiliados nunca es una buena señal para la salud de una organización democrática.
En democracia, los procedimientos importan tanto como los resultados. Si un partido político que se precia republicano y democrático desconoce el mandato de su presidente sin agotar antes los canales institucionales establecidos, transmite un mensaje de fragilidad. En vez de resolver sus diferencias mediante el debate y el voto, acude a la fuerza de mayorías circunstanciales. Es una práctica que erosiona la confianza partidaria y genera fracturas que luego tardan años en sanar. El PLRA, que históricamente fue bastión de la oposición y de la lucha por las libertades civiles, terminó replicando en su interior las lógicas que muchas veces ha denunciado fuera.
El procedimiento utilizado también dejó más preguntas que certezas. Aunque la Convención es un órgano fundamental dentro del esquema estatutario del PLRA, su capacidad para destituir unilateralmente a un presidente electo no está claramente definida ni en la doctrina ni en la práctica constitucional paraguaya. No somos un régimen parlamentario al estilo europeo, donde las mayorías legislativas pueden remover a un primer ministro. Pretender que una convención interna funcione como un parlamento es un atajo riesgoso que desnaturaliza el carácter electivo del cargo. Lo que se vivió en 2023 fue menos una decisión institucional y más una operación política para reconfigurar el mapa interno con un riesgo muy elevado.
En los sistemas parlamentarios, como ocurre en muchas democracias europeas, el liderazgo del Ejecutivo está supeditado a la confianza del Legislativo. Si el primer ministro pierde el respaldo de la mayoría parlamentaria, puede ser removido mediante un voto de censura. Esa dinámica tiene sentido en contextos institucionales donde el Ejecutivo nace directamente del Parlamento y depende de él para gobernar. Sin embargo, los partidos políticos paraguayos —y en particular el PLRA— no funcionan bajo esa lógica. Dentro de su estructura interna, el presidente del partido no es nombrado por la Convención ni por el Directorio: es elegido de forma directa por el voto de los afiliados, al igual que los convencionales y los miembros del Directorio. Todos surgen de la misma fuente de legitimidad y, por tanto, no existe subordinación entre unos y otros.
Aplicar una lógica parlamentarista en un partido de base presidencialista es, además de jurídicamente cuestionable, institucionalmente riesgoso. La Convención partidaria tiene facultades deliberativas y normativas, pero existen serias dudas de que tenga la atribución de destituir, sin más, a un presidente elegido por el voto directo de los afiliados. Ese mandato no se lo dio la Convención, sino el pueblo liberal. Por lo tanto, no le corresponde quitarlo. La arquitectura del PLRA, al igual que la del país, fue diseñada para que el liderazgo se defina en las urnas, no en acuerdos de pasillo. La destitución de Efraín Alegre quebró esa premisa fundacional y abrió la puerta a un precedente que puede ser utilizado mañana por cualquier mayoría circunstancial.
Este artículo no busca realizar una defensa irrestricta de Efraín Alegre. Como toda figura pública con trayectoria, su liderazgo merece críticas y evaluaciones. Pero lo que está en juego va mucho más allá de un nombre propio. Lo que se discute aquí es el daño estructural que puede causar la parlamentarización de los partidos políticos en democracias de base presidencialista como la paraguaya. No se trata únicamente de la forma en que se resolvió una disputa interna, sino del mensaje que deja esa decisión tanto dentro como fuera del partido: que un grupo con mayoría coyuntural puede alterar las reglas a conveniencia y desplazar a una autoridad legítima sin pasar por el veredicto de las urnas sin asumir el costo político que implica hacerlo democráticamente.
Cuatro consecuencias rápidas ilustran este punto. Primero, las crisis internas no se solucionan con destituciones unilaterales, menos aun cuando su justificación jurídica es frágil. Segundo, las nuevas autoridades quedan debilitadas por la menor legitimidad que poseen frente a los afiliados. Tercero, en un momento en que los partidos ya enfrentan una deslegitimación global, actuaciones de este tipo los alejan aún más de la ciudadanía, proyectando señales de inestabilidad, cuando lo que más necesitan democracias jóvenes como la paraguaya es previsibilidad y coherencia. Y cuarto: el PLRA no es cualquier fuerza política. Es el principal partido de oposición. Por historia y por responsabilidad, necesita una organización sólida, vital y legitimada que pueda articular la tropa opositora. Frente a un Partido Colorado con vocación hegemónica y estructura territorial intacta, Paraguay necesita una contracara real. Porque sin oposición sólida no hay democracia que se sostenga.
En un artículo anterior publicado aquí en Tereré Cómplice, señalamos que el Partido Liberal, históricamente, ha resuelto mejor sus crisis “desde abajo”: convocando a elecciones, llamando al voto y legitimando nuevas dirigencias a través de la voluntad popular. A diferencia del Partido Colorado, que tradicionalmente ha sido más eficaz resolviendo disputas “desde arriba”, con acuerdos de cúpula, el liberalismo paraguayo tiene una matriz más plebiscitaria y horizontal. La destitución de Alegre contradice profundamente esa tradición partidaria. No solo fue un giro institucional forzado, sino que además quebró un principio fundacional: que las diferencias deben saldarse en las urnas y no en pasillos o convenciones partidarias con mayorías coyunturales.
Dos años después de la Convención que destituyó a Alegre, el PLRA aún no ha encontrado su rumbo. Lejos de salir fortalecido tras la destitución, el partido ha quedado atrapado en una dinámica centrífuga, con liderazgos atomizados, escasa propuesta programática y una desconexión creciente con los sectores jóvenes e independientes de la ciudadanía. La fragmentación interna se ha profundizado, los espacios de debate real se han reducido, y la duda que persiste es si realmente valió la pena parlamentarizar un partido que, por diseño y tradición, no opera bajo esa lógica