Cien mil títulos sin certificación de calidad: el lado silencioso de la educación superior paraguaya
Por Carla Fernández
Hay cifras que pasan inadvertidas porque no protagonizan portadas ni provocan escándalos. Pero están ahí, en los registros oficiales, esperando que alguien las mire de frente. Una de ellas es esta: entre 2023 y 2025, casi 100.000 paraguayos recibieron un título universitario de grado emitido por una carrera que jamás pasó por un proceso de acreditación. Cien mil. En tres años. Es el equivalente a la población entera de una ciudad mediana, egresando con un diploma que el Estado no puede respaldar como evaluado en su calidad.
Para entender por qué este dato importa hay que detenerse en qué significa la acreditación. Cuando una carrera está acreditada por la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES), un equipo de pares académicos revisa el plan de estudios, la formación de los docentes, la infraestructura y los procesos pedagógicos. Es la manera en que el Estado le dice a la sociedad: este título respalda una formación que cumple estándares mínimos de calidad. Cuando una carrera no está acreditada, esa garantía simplemente no existe. No quiere decir que la carrera sea mala. Quiere decir algo distinto y más inquietante: nadie lo ha verificado.
Un análisis cruzado entre el Registro de Títulos del MEC y el listado oficial de carreras acreditadas por la ANEAES revela una brecha que el sistema no puede seguir naturalizando. De los 164.000 títulos de grado registrados entre 2023 y 2025, solo 64.351 (39,2%) provienen de carreras acreditadas. Los 99.786 restantes, el 60,8% del total, no. Y la brecha crece año tras año: 30.586 títulos no acreditados en 2023, 32.775 en 2024, 36.425 en 2025.
El problema no es uniforme. Hay áreas donde el sistema funciona razonablemente bien. Siempre en el rango de tres años (2023, 2024 y 2025), se ve que Contaduría Pública tiene el 94% de sus 3.761 títulos en carreras acreditadas. Medicina, el 87% de sus 17.767 títulos. Arquitectura, el 85% 2.007 títulos; y Derecho, el 83% de sus 9.423 títulos. Son las profesiones que la sociedad asoció históricamente con prestigio, las que el mercado vigila de cerca, las que la propia ley obliga a someterse a evaluación. Pero hay otras donde la acreditación es prácticamente inexistente. Farmacia registró 4.509 títulos en tres años; solo 89 provienen de una carrera acreditada. Apenas el 2%. La formación farmacéutica, que incluye la responsabilidad sobre la dispensación, elaboración y control de medicamentos, se está expandiendo sin escrutinio externo.
Mientras la acreditación de la mayoría de las carreras sigue siendo una asignatura pendiente, otra grieta se abre paso en el debate público: la de los títulos falsos o de procedencia dudosa. En los últimos años, el MEC detectó más de 1.000 títulos falsificados de formación docente presentados para concursos. En agosto de 2024 revocó 61 títulos de una universidad privada que habían sido registrados de manera provisional. Más recientemente, el caso del senador Hernán Rivas destapó un presunto esquema de “abogados exprés” que involucra a 144 funcionarios públicos egresados de una misma universidad.
Estos casos no son anomalías aisladas. Son síntomas de un sistema donde la falta de acreditación de fondo y la falta de verificación de superficie se retroalimentan. Cuando el 60% de los títulos no pasa por evaluación de calidad, y cuando el control documental se basa en la confianza, las puertas para que el fraude se cuele dejan de ser excepciones para convertirse en oportunidades estructurales. Sin un plan de acción serio que ataque ambas dimensiones, los títulos dudosos no van a seguir siendo casos puntuales que ocupan portadas: van a ser una característica del sistema.
La asimetría estructural del sistema es profunda. De las 1.336 instituciones que emitieron títulos de grado en el período de referencia, 1.263 (el 94 %) no registran ninguna carrera acreditada por la ANEAES. Este universo está compuesto, mayoritariamente, por institutos de formación docente, institutos superiores de formación técnica y profesional, y centros de formación terciaria que históricamente no han atravesado procesos de acreditación. No estamos ante un sistema con una excepción menor. Estamos ante una excepción que se volvió regla.
Frente a este panorama, la respuesta no puede ser solo individual. Las instituciones del Estado existen precisamente para dar seguridad a la ciudadanía cuando los actores privados no alcanzan, no quieren o no pueden hacerlo solos. Esa es su razón de ser. La ANEAES viene desarrollando un trabajo serio de evaluación y acreditación, con equipos técnicos que sostienen procesos exigentes pese a contar con recursos limitados. Pero ese esfuerzo no puede sostenerse en aislamiento. Necesita el acompañamiento activo del Consejo Nacional de Educación Superior (CONES), que habilita las carreras y que tiene la potestad legal de intervenir cuando una institución incumple con sus obligaciones académicas. Si una carrera lleva años funcionando sin presentarse jamás a acreditación, o si se presenta y no logra acreditar tras múltiples oportunidades, el CONES debería actuar en consecuencia. Cuando los dos organismos trabajan articulados, el sistema funciona. Cuando uno se desentiende del trabajo del otro, la ciudadanía queda desprotegida.
Comparémonos con la región. Chile tiene un sistema donde el 96,9% de la matrícula universitaria está en instituciones acreditadas. Argentina, Brasil, Uruguay y Colombia tienen mecanismos donde la acreditación cubre porciones mayoritarias del sistema. Paraguay, en cambio, ha construido un universo de educación superior donde la regla es la ausencia de acreditación y la excepción es contar con ella. Y mientras tanto, sin haber resuelto la calidad básica, el país discute si está formando o no para los “trabajos del futuro”. La conversación es necesaria, pero no se puede saltar a debatir si formamos para la inteligencia artificial cuando todavía no podemos certificar que estamos formando bien para la ciencia de la educación, la farmacia, la ingeniería o la administración de empresas.
Cuando una carrera está acreditada por la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES), un equipo de pares académicos revisa el plan de estudios, la formación de los docentes, la infraestructura y los procesos pedagógicos. Es la manera en que el Estado le dice a la sociedad: este título respalda una formación que cumple estándares mínimos de calidad. Cuando una carrera no está acreditada, esa garantía simplemente no existe. No quiere decir que la carrera sea mala. Quiere decir algo distinto y más inquietante: nadie lo ha verificado.
La acreditación no es un trofeo decorativo. Es el mecanismo institucional por el cual el Estado se hace cargo de garantizar que un título universitario significa algo. Cuando ese mecanismo cubre apenas al 40% de los títulos, y cuando el resto se valida por confianza, lo que ocurre no es un fallo de gestión: es una renuncia silenciosa del Estado a una de sus funciones más básicas. Y como toda renuncia silenciosa, no genera escándalo. Genera consecuencias.
La buena noticia es que Paraguay está a tiempo. La ANEAES asume la construcción del Plan Estratégico de la Educación Superior como prioridad de gestión para este ciclo. El Registro Único del Estudiante de Educación Superior permite por primera vez ver el sistema con datos. Hay instituciones serias, profesionales comprometidos y una sociedad civil que empieza a hacer preguntas. Lo que falta es decisión política para convertir el aseguramiento de la calidad en una política de Estado, no en un trámite voluntario al margen del sistema.
Mientras conversamos sobre el Paraguay del 2030 o del 2050, los números del 2025 ya están escritos. Decenas de miles de profesionales recibieron un título que el propio Estado no puede certificar como respaldado por estándares evaluados. Y el 2026, si no cambia nada, va a sumar otra generación a esa cuenta. La pregunta honesta, la que se puede hacer mientras se toma un tereré bajo la sombra del mediodía, es si vamos a seguir construyendo un sistema universitario que titula sin certificar, o si finalmente vamos a empezar a exigir que cada diploma respalde lo que dice respaldar. La calidad de la educación superior no es un asunto técnico. Es un acuerdo social. Y los acuerdos, cuando se postergan, terminan rompiéndose solos.