Por Fulvia Alejandra González Ortiz*
En un distrito del departamento de Caazapá, una adolescente de 15 años espera ser atendida en la Unidad de Salud de la familia (USF) de su localidad. No llegó por una fractura ni por una infección. Llegó por una sobredosis de crack. Su segunda sobredosis vinculada al consumo de sustancias.
En su comunidad nadie sabe cómo abordar la situación. La USF no cuenta con profesionales especializados para acompañar estos casos. Tampoco existen programas dirigidos a adolescentes mujeres. El centro de referencia más cercano queda a más de 100 kilómetros, una distancia que para muchas familias resulta simplemente imposible de recorrer. Para ella —como para tantas otras— la ayuda profesional sigue estando fuera de alcance.
Su historia no es única. Se repite, con distintos nombres y en distintos distritos del país, donde las políticas públicas todavía llegan tarde o simplemente no llegan.
Cuando se habla de consumo de drogas, el debate suele concentrarse en la reducción de la oferta, mas no se habla de las adolescentes que desarrollan consumos problemáticos y encuentran un sistema incapaz de responder a sus necesidades. Esa ausencia también es una decisión política ya que aquello que no se observa, difícilmente se prioriza.
El consumo problemático no afecta a todos de la misma manera. Si bien los datos del Observatorio Paraguayo de Drogas de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) exponen mayor prevalencia de consumo en varones, la evidencia internacional como la producida por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), advierte que las mujeres progresan hacia la dependencia más rápido, sufren consecuencias físicas y psicológicas más severas y enfrentan barreras adicionales para acceder a programas de tratamiento.
A esto se suma una sanción social diferencial. La adolescente mujer que consume enfrenta un juicio moral que desalienta la búsqueda de ayuda ya que a diferencia de los varones opera con mayor intensidad la sanción simbólica. Esta diferencia incide en la detección temprana y en la adherencia a tratamientos.
Así también, en Paraguay, existe una oferta de atención desigual. Solo el 41% de los centros de tratamiento brindan atención específica para mujeres, frente al 59% para varones. Además, los adolescentes entre 13 y 17 años tienen cuatro veces menos oferta de tratamiento que los mayores de 18 años, de acuerdo con los últimos datos de la SENAD. Asimismo, el 42,5% de los Centros especializados en adicciones se encuentran ubicados en Asunción y Central, mientras que departamentos como Caazapá no cuentan con ningún centro de tratamiento especializado de gestión pública registrado.
Aunque el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS) ha apuntado a fortalecer los servicios de atención primaria y ambulatoria en las USF, incorporando profesionales de salud mental (Psicólogos y psiquiatras) y efectuando capacitaciones específicas, ese objetivo aún no se ha concretado de manera efectiva.
La intersección entre edad, género y territorio configura así una acumulación de desventajas. Ser mujer, adolescente y residente de un distrito alejado de las cabeceras departamentales implica enfrentar simultáneamente desafíos que se vislumbran con escasa oferta de servicios especializados, limitaciones económicas para el traslado, contextos de vulnerabilidad social y menor disponibilidad de redes institucionales de apoyo.
El derecho a la salud no se agota en la existencia formal de servicios, sino que exige que estos sean efectivamente accesibles, disponibles y de calidad, sin discriminación. Incorporar el enfoque de género y la dimensión territorial en el diseño de las acciones públicas es una obligación orientada a garantizar la igualdad sustantiva.
En los últimos años, Paraguay dio pasos importantes. La Ley N° 7104/ 2023, declaró la emergencia nacional en materia de sustancias psicoactivas y la implementación del Plan SUMAR en el año 2024 abrió la oportunidad para fortalecer la prevención y el tratamiento. Son avances interesantes. Sin embargo, el desafío no se agota en la existencia de políticas, sino más bien en la capacidad de implementación y el alcance territorial de las mismas.
No basta con declarar una emergencia o aprobar planes si las adolescentes siguen esperando atención en lugares sin servicios especializados y donde el acceso depende del territorio. Esa distancia también es una forma de invisibilidad. También es necesario preguntarse si los centros existentes fueron pensados para responder a las necesidades de las adolescentes o solo para cumplir con una oferta formal de servicios.
Las políticas se evalúan por sus resultados, no por sus intenciones. Y el resultado, para muchas adolescentes del interior del país, todavía es la espera.
Es por ello que hablar de “las invisibles” en lugar de ser un recurso literario, es una descripción de la realidad: adolescentes mujeres con consumo problemático que viven en distritos alejados, sin acceso oportuno a servicios y lejos de las prioridades del Estado.
La adolescente de Caazapá con la que inicia esta historia sigue esperando. Su historia podría repetirse hoy mismo en cualquier otro distrito del país. Y mientras eso siga ocurriendo, el problema, además del consumo problemático de sustancias, será la incapacidad de construir políticas que vean, escuchen y lleguen a quienes más las necesitan.
Nombrarlas es el primer paso. Hacerlas visibles en el diseño, la implementación y la evaluación de las políticas públicas es el desafío que Paraguay aún tiene pendiente.
*Magister en Políticas Públicas (Universidad Torcuato Di Tella, Argentina) y Abogada (Universidad Católica, Campus Itapúa)