De la construcción de la agenda a la implementación: acuerdos para un Sistema Nacional de Cuidados en Paraguay
María José Ayala*
En junio de 2026, la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de Ley que crea el Sistema Nacional de Cuidados de Paraguay (SINACUP), que ahora deberá ser tratado por el Senado. La iniciativa busca establecer un marco institucional para articular las políticas de cuidado en el país, mediante mecanismos de coordinación entre instituciones públicas y la participación de otros actores sociales. El proyecto reconoce el cuidado como una responsabilidad social y establece como horizonte un modelo basado en la corresponsabilidad entre el Estado, las familias, la comunidad y el sector privado. Responde a necesidades de la sociedad, ya que las tareas de cuidado recaen principalmente en los hogares y, dentro de ellos, de manera desproporcionada sobre las mujeres, generando desigualdades en el acceso al empleo, la educación y el bienestar.
El SINACUP representará un logro importante desde que se inició el debate sobre la pertinencia de una política nacional de cuidados, hace más de una década. Sus impulsores -principalmente el Ministerio de la Mujer, actores de la sociedad civil y organismos internacionales como ONU Mujeres- contribuyeron a posicionar el cuidado como un problema público y una responsabilidad que trasciende el ámbito de las familias, por lo que requiere una respuesta colectiva, desde la perspectiva de la igualdad de género y derechos, atendiendo que el cuidado es una necesidad humana fundamental que debe ser garantizada.
Existen además sólidos argumentos económicos a favor de instalar un sistema de cuidados, especialmente relevantes en el contexto actual donde los debates sobre productividad y sostenibilidad fiscal ocupan un lugar central en Paraguay. Como señala Verónica Serafini, la inversión pública en cuidados no debe entenderse como un gasto, sino como una estrategia con retornos sociales y económicos asociados a la generación de empleo, la participación laboral femenina, el fortalecimiento del capital humano y la sostenibilidad fiscal.
La evidencia regional muestra que estos retornos económicos pueden ser significativos. Por ejemplo, estimaciones para México indican que una inversión equivalente al 1.16% del PIB en un sistema de cuidado infantil podría generar un aumento promedio anual del 1.77% en el valor bruto de la producción, incrementar el empleo en 3.9% y generar ingresos fiscales adicionales equivalentes al 0.29% del PIB.
La creación del SINACUP será importante, pero solo el inicio de un proceso político e institucional que debe ser más amplio. También debemos preguntarnos qué condiciones permitirán que el SINACUP pase del reconocimiento normativo a una política efectiva, sostenible y capaz de transformar la organización social del cuidado en Paraguay.
Al respecto, una condición clave será ampliar la base social y política que acompañe su implementación y sostenga el sistema en el tiempo. La agenda de cuidados logró posicionarse gracias a la articulación entre instituciones públicas, organismos internacionales, academia y actores de la sociedad civil, que permitió incorporar el cuidado en los debates sobre igualdad de género y protección social, generar evidencia y avanzar hacia su reconocimiento normativo. Sin embargo, para adelante, se debería incorporar de manera más sostenida las voces y experiencias de organizaciones de mujeres, organizaciones rurales e indígenas, organizaciones de trabajadores y otros actores vinculados al cuidado, para fortalecer la legitimidad del sistema y asegurar que responda a diferentes necesidades y realidades territoriales.
Además, pasar del reconocimiento del cuidado a la transformación del modelo requerirá gestionar las tensiones que surgen cuando una política redistribuye responsabilidades, recursos y tiempos. Será necesario profundizar los espacios de diálogo entre los actores cuyas responsabilidades, costos o beneficios pueden verse afectados por la implementación del sistema, de modo a alcanzar acuerdos que permitan avanzar en su desarrollo. Por ejemplo, las discusiones sobre licencias parentales reflejan la tensión entre la promoción de la corresponsabilidad en el cuidado y las preocupaciones sobre los costos de estas medidas para los empleadores. De manera similar, el debate sobre el financiamiento público del sistema refleja la tensión entre la necesidad de ampliar la protección social y las restricciones fiscales que enfrenta el Estado. Estas cuestiones, aún no resueltas en el proyecto de ley, requerirán definiciones y acuerdos durante la implementación del sistema.
Existen además sólidos argumentos económicos a favor de instalar un sistema de cuidados, especialmente relevantes en el contexto actual donde los debates sobre productividad y sostenibilidad fiscal ocupan un lugar central en Paraguay.
Experiencias regionales muestran que el diálogo entre los distintos actores relevantes ha permitido promover medidas de conciliación entre trabajo remunerado y responsabilidades familiares que amplían derechos, favorecen la corresponsabilidad y generan beneficios para las propias empresas mediante una mayor retención del talento y mejores entornos laborales. En Uruguay, los espacios de diálogo tripartito y negociación colectiva permitieron avanzar en acuerdos que incluyen medidas para facilitar la conciliación entre trabajo y responsabilidades familiares, como licencias, apoyos para el cuidado y otras disposiciones orientadas a promover la igualdad en el empleo entre mujeres y hombres. Estos procesos de diálogo, aunque complejos, pueden contribuir a construir confianza, facilitar acuerdos y fortalecer la sostenibilidad política de las reformas.
En última instancia, el futuro del sistema dependerá de la capacidad de transformar el reconocimiento del cuidado como responsabilidad colectiva en un consenso social y político duradero. La evidencia sobre los beneficios sociales y económicos de invertir en cuidados es cada vez más sólida. El desafío pendiente es construir los acuerdos necesarios para traducir esa evidencia en una política capaz de sostenerse, financiarse e implementarse en el tiempo.
*María José Ayala es consultora en políticas públicas especializada en género, protección social y cuidados. Es Doctora en Políticas y Gestión del Desarrollo por la Universidad de Manchester.