Por Guillermo Sequera
Me llama la atención el escaso apoyo ciudadano que reciben actualmente los reclamos del gremio médico. Las demandas son varias: el pago doble por el trabajo realizado durante los días feriados, la regularización de los colegas que llevan más de cuatro años en condiciones laborales precarias, la disponibilidad de recursos e insumos adecuados y un reajuste salarial que, en términos reales, resulta incluso inferior a lo conseguido en 2012.
Los médicos sostienen, además, que trabajar en condiciones crónicas de escasez no solo vulnera el derecho de la ciudadanía a recibir una atención digna y segura, sino que también incrementa el riesgo de errores asociados al agotamiento o a la falta de insumos y esto los expone a demandas por sospechas de negligencia. Sin embargo, pese a la amplitud de estos planteamientos —varios de los cuales afectan directamente la calidad de la atención—, el debate público se concentra casi exclusivamente en el componente salarial.
En 2012 se establecieron los vínculos de 12 horas, con una remuneración de cinco millones de guaraníes y la posibilidad de acumular hasta tres vínculos por ese mismo monto. Aquel cambio —que permanece prácticamente intacto catorce años después— fue mucho más profundo respecto de la situación existente entonces que el reajuste solicitado actualmente. De hecho, ocho millones de guaraníes por vínculo en 2026 tienen un poder adquisitivo menor que cinco millones por 12 horas en 2012. Sin embargo, aquella transformación contó con un respaldo ciudadano considerablemente mayor.
Mientras el salario mínimo aumentó aproximadamente un 84% entre 2012 y 2026, y gran parte de los bienes de consumo registró incrementos cercanos o superiores al 70%, el actual reajuste solicitado para el vínculo médico sería del 60%. Por tanto, pasar de cinco a ocho millones de guaraníes no representa una mejora real respecto de 2012, sino una recuperación incompleta del poder adquisitivo perdido (véase la tabla 1).
Tabla 1. Comparativa de precios 2012-2026
| Categorías | 2012 | 2026 | Variación nominal |
| Leche Trébol entera, 1 litro, envase Tetra | ≈ G. 4.000 | G. 7.450 | +86,3% |
| Una chipa tradicional María Ana | ≈ G. 3.000 | G. 5.000 | +66,7% |
| Una Big Mac simple | ≈ G. 15.000 | ≈ G. 28.000 | +86,7% |
| 500 gr de Yerba Kurupi Clásica | G. 4.500 | G. 8.000 | +77,8% |
| 1 litro de diésel común de Petropar | ≈ G. 5.290 | G. 8.290 | +56,7% |
| Salario mínimo mensual | G. 1.658.232 | G. 3.044.000 | +83,6% |
| Vínculo médico de 12 horas | G. 5.000.000 | G. 8.000.000 solicitado | +60,0% |
| Valor necesario para conservar el poder adquisitivo de G. 5 millones de 2012 | G. 5.000.000 | ≈ G. 8.500.000–8.600.000 | ≈ +70–72% |
Fuente: elaboración propia con precios locales en referencias de páginas web de supermercados locales.
¿Qué cambió? Creo que la respuesta está, principalmente, en el contexto.
En 2012 existía una percepción de evolución positiva del sistema de salud y de ampliación progresiva de derechos. Aunque la creación de los vínculos representaba una conquista importante, y en cierta medida corporativa, del gremio médico, buena parte de la ciudadanía podía interpretarla como un componente de una transformación más amplia: “si mejoran las condiciones de los médicos y se fortalece el sistema público, también mejorará mi atención”.
Aunque el producto interno bruto y el Presupuesto General de la Nación eran considerablemente menores que los actuales, se percibía un esfuerzo del Estado por modificar normativas, reorientar prioridades y ampliar la inversión destinada a garantizar el derecho a la salud. El aumento salarial no se presentaba de manera aislada, sino integrado a una narrativa de fortalecimiento del sistema público y del derecho a la salud. La evolución del presupuesto del MSPyBS dentro del PGN durante aquel periodo ayuda a comprender ese contexto.
Figura 1. Prespuesto general de gastos de la nación por gobierno y su porcentaje asignado al MSPyBS (2006-2026 en millones de dólares corrientes)
Fuente: datos abiertos PGN del SIAT/BOOST y MEF. USD calculados con el tipo de cambio promedio anual.
Esa percepción es la que hoy parece haberse perdido. El reajuste salarial puede ser legítimo desde el punto de vista económico: durante catorce años no existió una corrección equivalente a la pérdida de poder adquisitivo, como si se hizo con el sueldo mínimo. Sin embargo, esa legitimidad histórica se encuentra desconectada de la pregunta que se hace la población general: “¿esto también mejorará mi atención?”.
La discusión, entonces, no debería reducirse a cuánto cuesta aumentar el salario de los médicos, sino extenderse a cuánto le cuesta al país mantener un sistema que pierde profesionales, confianza y capacidad de respuesta, y además obliga a las familias a gastar cada vez más de su propio bolsillo.
Actualmente, buena parte de la ciudadanía teme que un aumento salarial termine financiando el mismo sistema de salud en el que ya no confía plenamente, en el que existen dificultades para conseguir medicamentos, largas esperas, servicios sobrecargados y una atención que muchas veces depende del lugar donde se vive o de la capacidad de pagar por fuera del sistema público. No necesariamente se rechaza que los médicos ganen mejor; lo que se pone en duda es que esa mejora se traduzca en mejores servicios para la ciudadanía.
Por eso, el reclamo no debería limitarse a explicar cuánto perdió el salario médico frente a la inflación. Su relato también debe mostrar qué recibirá la población a cambio, como mayor permanencia en los servicios, cobertura efectiva de horarios, disponibilidad de especialistas, incentivos para trabajar en zonas alejadas, reducción de vacancias, continuidad de la atención y sentido de pertenencia. Todos indicadores de calidad de la atención que, principalmente, salvan vidas. Incorporar estos compromisos ampliaría la legitimidad del reclamo, sumaría mayor transparencia al sistema de vínculos y permitiría construir una causa compartida con la población. Creo que ahí está la potencia del mensaje, el enfoque debe ser sistémico, e idealmente dentro de un marco de reforma más amplia del sistema de salud y su modelo de financiamiento.
La recuperación salarial puede ser justa y necesaria, pero difícilmente recuperará por sí sola el apoyo ciudadano. Para lograrlo, debe formar parte de un acuerdo más amplio, con mejores condiciones para quienes sostienen el sistema y mejores respuestas para quienes dependen de él. La discusión, entonces, no debería reducirse a cuánto cuesta aumentar el salario de los médicos, sino extenderse a cuánto le cuesta al país mantener un sistema que pierde profesionales, confianza y capacidad de respuesta, y además obliga a las familias a gastar cada vez más de su propio bolsillo.
En 2012, la ciudadanía acompañó una mejora salarial porque la percibió como parte de un futuro mejor. El desafío actual es volver a demostrar que dignificar el trabajo médico no constituye un privilegio separado del derecho a la salud, sino una condición para hacerlo efectivo. Sin esa conexión, el reclamo seguirá pareciendo corporativo; con ella, puede convertirse nuevamente en una demanda social.