Por José Tomás Sánchez
Los grandes indicadores de una economía pueden mostrar estabilidad, crecimiento y disciplina. Pero existe otra estadística, menos celebrada y quizá más reveladora, que intenta responder una pregunta mucho más sencilla: ¿cómo sienten las familias que están viviendo?
En Paraguay, una respuesta aparece cada mes en el Índice de Confianza del Consumidor (ICC), elaborado por el Banco Central del Paraguay. La medición combina la percepción sobre la situación económica actual de los hogares —el Índice de Situación Económica— con sus expectativas sobre el futuro —el Índice de Expectativas Económicas—. La escala va de cero a 100: cuanto más alto el resultado, mayor es la confianza.
En mayo de 2026, el termómetro marcó fiebre.
El ICC cayó a 38,21 puntos, su nivel más bajo en lo que iba del año y uno de los registros más débiles desde que comenzó la medición, en 2018. La cifra adquiere otra dimensión cuando se la compara con uno de los momentos de mayor incertidumbre económica de la historia reciente: en abril de 2020, en pleno confinamiento por la pandemia del Covid-19, el índice había descendido a 37,8 puntos.
La comparación no se limita a un solo mes. El promedio del ICC entre enero y mayo de este año fue de 47,02 puntos. El promedio de todo 2020, el año en que la economía y la vida cotidiana estuvieron atravesadas por cierres, restricciones y temor al futuro, fue de 46,86.
La conclusión es incómoda: la confianza de los consumidores paraguayos se encuentra en niveles comparables a los observados durante una crisis extraordinaria.
Eso no significa que la economía de 2026 sea equivalente a la de la pandemia. Significa otra cosa: que una parte importante de los hogares no percibe en su vida cotidiana el mismo alivio que sugieren algunos de los indicadores agregados.
Es, en términos simples, una expresión estadística de una frase repetida con frecuencia en el debate económico paraguayo:
“La macro no llega a la micro.”
Cuando la confianza cae de esta manera, el dato no habla solamente de expectativas abstractas. Habla del bolsillo. De familias que sienten que llegan con mayor dificultad a fin de mes, que postergan compras, que revisan sus gastos y que observan el futuro inmediato con menos optimismo.
Es en ese contexto que debe interpretarse la decisión del presidente Santiago Peña de aumentar el salario mínimo en un 5%, de 2.899.048 a 3.044.000 guaraníes desde el 1 de julio.
La medida excedió la discusión estrictamente técnica sobre cuál debía ser el porcentaje de reajuste.
El artículo 255 del Código del Trabajo establece que el salario mínimo debe reajustarse tomando como referencia la variación interanual del Índice de Precios al Consumidor. En el debate previo hubo sectores que, considerando la inflación reportada, defendieron un incremento de apenas unos 60.000 guaraníes. Los sindicatos, en el extremo opuesto, reclamaron aumentos de entre 20% y 22%, alegando una pérdida acumulada del poder adquisitivo durante décadas.
Peña no eligió exactamente el punto medio. Optó, además, por cruzar una frontera con peso simbólico: por primera vez, el salario mínimo superaría los tres millones de guaraníes.
El propio presidente explicó la lógica política y social detrás de la decisión:
“La política pública tiene que enfocarse en el trabajador, porque le cuesta muchísimo llegar a fin de mes.”
También anticipó que algunos empresarios no estarían de acuerdo. Y no lo estuvieron.
Representantes del sector empresarial advirtieron que aumentos salariales superiores al crecimiento de la productividad pueden elevar los costos de las empresas, reducir competitividad y generar incentivos hacia una mayor informalidad laboral. Es una preocupación económica que no puede descartarse: Paraguay todavía tiene una proporción elevada de trabajadores fuera de los esquemas formales de empleo.
Para los sindicatos, en cambio, el 5% quedó lejos de lo reclamado. La reacción fue de insatisfacción. Dirigentes obreros consideraron insuficiente el reajuste y dejaron abierta la posibilidad de nuevas medidas de presión.
Ambas posiciones forman parte de un debate legítimo. Pero el deterioro del ICC agrega un elemento que trasciende la disputa entre trabajadores y empleadores: hay señales de un creciente malestar económico en los hogares.
Ese es, quizás, el dato que debería ocupar el centro de la discusión.
La estabilidad macroeconómica es indispensable. Una inflación controlada, cuentas fiscales sostenibles y reglas previsibles son condiciones necesarias para el desarrollo. Pero no constituyen, por sí mismas, una garantía de bienestar. Una economía puede lucir saludable en las grandes cifras mientras una parte creciente de su población experimenta dificultades para pagar alimentos, vivienda, transporte y servicios.
El aumento del salario mínimo fue una señal en dirección a esa preocupación, aunque sus efectos y su alcance seguirán siendo motivo de debate. El desafío más profundo es otro: convertir la estabilidad económica en mejoras perceptibles en la vida cotidiana.
Eso requiere productividad, formalización del empleo, mejores ingresos, competencia, inversión y políticas públicas capaces de reducir las brechas entre el crecimiento que muestran las estadísticas y el que sienten las familias.
Mientras esa distancia persista, el Índice de Confianza del Consumidor seguirá ofreciendo una lectura incómoda de la economía paraguaya.
Y el termómetro seguirá marcando fiebre.