Por José Tomás Sánchez
El gobierno cumplió su tercer aniversario y, en julio pasado, presentó su Tercer Informe Presidencial. En el reporte, ofreció un balance económico con avances difíciles de discutir. La economía paraguaya creció 6,6% en 2025, la mayor expansión en doce años y la mejor de la región, según el Banco Central del Paraguay. En el mismo sentido, en diciembre de 2025, Standard & Poor’s elevó la calificación soberana a BBB-, con lo que el país sumó su segundo grado de inversión. La inflación cerró en 3,1% y el desempleo se ubicó en 5,3%, el menor registro para un primer trimestre en la serie disponible. Son logros atribuibles a un manejo macroeconómico responsable sostenido durante dos décadas.
Sin embargo, conviene no confundir el crecimiento económico con la salud de la democracia. Ambos, algunas veces, pueden avanzar por caminos distintos.
El mismo año del segundo grado de inversión, el índice de democracia liberal de V-Dem para Paraguay tocó su punto más bajo. El indicador, que mide en qué grado las elecciones conviven con derechos individuales, igualdad ante la ley y controles legislativos y judiciales sobre el Ejecutivo, siguió mostrando una caída sostenida: pasó de 0,51 en 2010, a 0,42 en 2023 y a 0,38 en 2025. La tendencia muestra una erosión sostenida de las garantías liberales en los últimos años, no de mejora.
La percepción ciudadana acompaña ese deterioro. Según el Informe Latinobarómetro 2024, apenas el 24% de los paraguayos declaró estar satisfecho con el funcionamiento de la democracia. Más revelador aún, el 72% afirmó que no le importaría que un gobierno no democrático llegara al poder si resuelve los problemas, el porcentaje más alto de Sudamérica. A esto se agrega un dato inquietante, y es que, entre quienes rechazan la democracia, los más jóvenes son mayoría. Tomando como base a Latinobarómetro, el apoyo juvenil a la democracia es menor que el de los adultos mayores, tal como advirtió Marcelo Alonso en Terere Cómplice, una señal de alarma para un país donde la democracia tiene apenas tres décadas.
La tensión entre economía y democracia no se origina necesariamente en las elecciones, que se celebran de forma periódica y competitiva, sino en los mecanismos que deben permitir acomodar la capacidad de funcionamiento institucional al ritmo del crecimiento económico. Samuel Huntington lo advirtió hace más de medio siglo, indicando que cuando el desarrollo económico avanza más rápido que la capacidad de las instituciones para procesar las nuevas demandas sociales, el resultado no es más orden, sino más inestabilidad. Es decir, cuando las instituciones no responden, la ciudadanía tiende a dejar de culpar a los gobiernos para culpar a la democracia misma. Ese es el gran riesgo para nosotros.
Frente a esa tentación, es menester recordar a Amartya Sen, en especial por encontrarnos en un país de histórica tradición autoritaria, como lo es Paraguay: la democracia no es un premio que se debe cobrar después del desarrollo, sino como parte del desarrollo mismo, porque ninguna tasa de crecimiento capturará el valor de poder vivir, disentir y organizarse sin miedo. Es cierto que no nos encontramos en esa situación, pero hay que tomar las señales preocupantes sobre el estado de la democracia, como un llamado a atenderlas.
Paraguay ha venido impulsando un reconocido proceso de crecimiento económico en las últimas décadas. Pero al país los ciudadanos no lo podemos medir solo por su tasa de crecimiento o por el juicio de los mercados. Debemos medirlo también por su capacidad de limitar el poder, de proteger derechos y de sostener instituciones que funcionen con independencia de quién gobierne. En eso todavía tenemos una deuda, y atenderla es la tarea que el buen desempeño económico no debe hacernos postergar.
* Observación: Artículo publicado en el Diario Última Hora el 8 de Julio de 2026, como colaboración del Centro Interdisciplinario de Investigación Social (CIIS)