La fragilidad institucional y las preocupaciones respecto a la política de “Hambre Cero”
Alhelí González Cáceres
A principios de 2024, Santiago Peña presentó su proyecto estrella Hambre Cero en las Escuelas argumentando la necesidad de universalizar de manera equitativa la alimentación escolar en el sistema oficial. Sin embargo, apenas se dieron a conocer los detalles de la Ley 7264/2024 referentes a la fuente de financiamiento y a las instituciones que estarían involucradas en la gestión de los recursos, empezaron los cuestionamientos. Las críticas vinieron de varios sectores, desde el estudiantil universitario hasta la comunidad científica, legisladores de oposición y organizaciones de la sociedad civil. Estas objeciones tienen relación con cómo se gestó el proyecto Hambre Cero y lo que fue dándose después.
La promulgación de la ley de Hambre Cero implicó la derogación de la ley que había creado el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (FONACIDE) en 2012, que recibía recursos de la renta eléctrica de la Itaipú, por la cesión de la energía paraguaya excedente a Brasil.
El FONACIDE funcionaba como fondo común para el financiamiento de programas como el Programa Nacional de Investigadores (PRONII) para incentivar la investigación y el PROCIENCIA para incentivar la investigación y el desarrollo científico. También servía para para la adquisición de insumos para tratar enfermedades oncológicas y de alta complejidad, inversiones en infraestructura sanitaria, y para garantizar la gratuidad del acceso a la educación o “Arancel Cero” para estudiantes de las universidades e institutos superiores del sistema oficial. Otros programas que recibían fondos del FONACIDE eran la merienda y almuerzo escolar, y los programas de primera infancia. Estos programas quedaron desfinanciados con su derogación y no se plantearon alternativas claras por parte del gobierno que aseguren su continuidad.
El proyecto Hambre Cero tuvo resistencias como resultado de la derogación del FONACIDE. Pero esa no fue la única razón. La baja credibilidad en la capacidad del Estado paraguayo al momento de diseñar y planificar políticas públicas fue otro motivo. Tal como señalamos en nuestro artículo Crisis alimentaria, el hambre en los bañados y el escaso apoyo gubernamental, las instituciones gubernamentales han fallado de manera recurrente en las políticas sociales para paliar el hambre, como fue en el caso de la mitigación de la crisis alimentaria en los bañados de Asunción. Además, la gestión de la alimentación escolar ya ha sido asociada a recurrentes hechos de corrupción, en muchos casos involucrando, además del gobierno nacional, a gobiernos departamentales.
Analicemos específicamente al Ministerio de Desarrollo Social (MDS), institución que tendrá un rol fundamental en la implementación de la política de Hambre Cero en las escuelas. Esta institución ha generado dudas respecto a la transparencia, idoneidad y capacidad técnica para gestionar este tipo de políticas. Un ejemplo contundente ha sido la falencia en la gestión de fondos e insumos comprometidos por ley para los Comedores y Centros comunitarios durante y posterior a la pandemia, tal como lo analizamos en el artículo Ollas populares vacías y recursos sin ejecutar: ¿un problema de gestión?
La debilidad institucional, las acusaciones de corrupción y la falta de participación ciudadana en el diseño y control de varias políticas públicas, generan dudas respecto a la capacidad del gobierno central de manejar una política para erradicar el hambre en las escuelas.
La evidencia (originada de una solicitud de información pública) indicó que el Ministerio de Economía y Finanzas transfirió la suma de Gs. 8.272.823.000 para el Programa de Comedores y Centros Comunitarios gestionado por el MDS. Sin embargo, el MDS no realizó ninguna licitación pública para adquirir insumos alimenticios para las ollas populares ese año, según se ha podido observar en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.
¿Qué ha hecho el MDS con los más de ocho mil millones de guaraníes transferidos para paliar una situación grave de dificultad de acceso a alimentos en zonas vulnerables?
Además de las dificultades del MDS, otro problema radica en la composición del Consejo Nacional de Alimentación Escolar (CONAE), creado por la ley Hambre Cero con la finalidad de ejercer como organismo fiscalizador del manejo de los recursos asignados al FONAE. Este consejo está integrado por el ministro de Educación y Ciencias, el ministro de Economía y Finanzas, el ministro de Desarrollo Social, el secretario general y jefe del Gabinete Civil de la Presidencia de la República, el presidente del Consejo de Gobernadores del Paraguay y el presidente de la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (OPACI).
La presencia de la OPACI en el Consejo ha sido uno de los aspectos más cuestionados en la ley debido a las denuncias que pesan sobre esta organización con relación a malversación y desvío de fondos públicos, como puede constatarse en varias publicaciones de la prensa. Última Hora destacó que familiares cercanos al político Basilio Núñez (Bachi), como su hermano Óscar Núñez han estado, no sólo envueltos en escándalos por desvío de fondos públicos y lesión de confianza, sino que han sido condenados por la justicia.
La debilidad institucional, las acusaciones de corrupción y la falta de participación ciudadana en el diseño y control de varias políticas públicas, generan dudas respecto a la capacidad del gobierno central de manejar una política para erradicar el hambre en las escuelas. Igualmente, también genera preocupación que el gobierno no avance de manera más estructural en la problemática del hambre, ya que la crisis alimentaria probablemente continuará profundizándose si no se toca la raíz del problema: el modelo primario exportador y la consecuente pérdida de soberanía alimentaria. De no abordarse estos factores, no habrá recursos suficientes para mitigar con éxito el hambre en las escuelas. Asimismo, generó suspicacias una ley aprobada sin espacios de diálogo que involucren a los sectores afectados y al conjunto de la sociedad civil en la discusión sobre el destino de la renta eléctrica, los efectos de la derogación del FONACIDE y las políticas más efectivas para enfrentar la crisis alimentaria.
*Economista. Máster en Ciencias Sociales con especialización en Investigación y Desarrollo Social por FLACSO, Paraguay. Candidata a Doctora en Economía, Instituto de Industria, Universidad Nacional de General Sarmiento, Buenos Aires, Argentina. Email: caceresalheli06@gmail.com