Observando al Observatorio. Un análisis del Observatorio de Causas de Corrupción del Poder Judicial
Por Alejandra Del Puerto*
El Observatorio de Causas Judiciales y, específicamente, la sección de Causas Emblemáticas de hechos de corrupción (Observatorio, en adelante), es una iniciativa impulsada por la sociedad civil e instalada por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para fortalecer los mecanismos de transparencia y control ciudadano. En este artículo analizaremos en qué consiste esta plataforma, cómo nació, qué contenido podemos encontrar y en qué formato es presentado el mismo.
El Observatorio es una plataforma digital alojada en el portal de la Corte Suprema de Justicia, donde se halla un listado de causas emblemáticas vinculadas a hechos de corrupción (ver Figura 1). Nació en agosto de 2019, por impulso de la Coordinadora de Abogados del Paraguay (COAPY en adelante), una organización de la sociedad civil que reúne a abogados y abogadas que luchan por mejorar la administración y el acceso a la justicia. Fue instituida como gremio contralor de causas de hechos punibles de corrupción para combatir la impunidad.
Figura 1: Imagen de la página web del Observatorio del Poder Judicial
El pedido de instalar ese Observatorio surgió de la imperiosa necesidad de transparentar los expedientes de corrupción. Esta herramienta era necesaria para identificar a los actores intervinientes en dichos procesos –procesados, agentes fiscales, defensores, jueces–, conocer el estado de las causas y la forma en que estas eran llevadas. Antes del Observatorio, la cuestión de la transparencia de estos procesos era sumamente problemática.
Ocurre que las causas punibles de corrupción afectan a lo “público” y, como tal, a individuos y a la sociedad en su conjunto. Por tanto, el Ministerio Público debe asegurarse de impulsar las causas y que estas avancen con celeridad, cuestión que difícilmente advertimos en el sistema de justicia paraguayo. Sin otras partes impulsando estos procesos, los expedientes de corrupción terminaban en los juzgados y tribunales sin ser identificados como tales, sin avanzar en las etapas procesales correspondientes, quedando dormidos. Esta situación claramente beneficiaba a los intervinientes del proceso, que podían actuar o dejar de hacerlo, sin ningún tipo de control o escrutinio público, según comenta Esther Roa, presidenta de COAPY. De ahí la necesidad del Observatorio. Roa ha sido una de las principales responsables de que el Observatorio se constituyera y que esté actualizado.
La evolución del Observatorio ha sido notable. Al nacer, el Observatorio tuvo primeramente 50 causas emblemáticas. A julio de 2023, tras casi 4 años de operaciones, se encuentran más de 120 expedientes actualizados. Los expedientes cargados están vinculados a importantes figuras políticas o a personas de los entornos cercanos de grupos de poder. Carlos Portillo, Darío Messer, Patricia Samudio, Froilán Peralta, Erico Galeano y Hugo Javier González, son algunos de los procesados más conocidos. Los expedientes refieren a indicios de delitos como estafa, tráfico de influencias, contrabando, lesión de confianza, entre otros. Es decir, son hechos de corrupción, relacionados con el abuso de poder o el beneficio personal a expensas de los intereses públicos.
Contar con el estado de estas y otras causas relevantes es un gran logro de acceso a la información y transparencia. Sin embargo, a pesar de los avances, persisten algunas dificultades y cuestiones para mejorar la plataforma.
La información reunida en el Observatorio todavía es limitada. Esto se debe a varios factores. Por ejemplo, ninguna disposición o normativa establece cuáles son los criterios utilizados para determinar qué hace emblemática a una causa, con lo cual da lugar a interpretaciones subjetivas y, por lo tanto, a posibles discrepancias en criterios para subir algunas causas y no otras. Conforme a la acordada 1666 de la CSJ, se incorporan las causas a solicitud de los gremios de abogados, los medios de comunicación o la ciudadanía, siempre y cuando el Consejo de la Superintendencia de la CSJ determine que son emblemáticas, sin más detalles para definir criterios para esta determinación.
Hasta la fecha la gran mayoría de causas han sido levantadas a solicitud de una o dos organizaciones –COAPY y Somos Anticorrupción PY–, siempre que tomaron conocimiento de la existencia de causas vinculadas a hechos de corrupción. Una consecuencia de esto es que no todas las causas de corrupción cometidas por autoridades o funcionarios públicos se encuentran en la plataforma. Basta ver que causas como “Dany Xavier Durand Espínola y otros s/estafa y otros” –ex diputado y ex ministro de urbanismo–, “Oscar Boidanich Ferreira, Raquel Cuevas y Melisa Parodi s/ lavado de dinero y otros” –ex ministro de la SEPRELAD– y “Mario Alfredo Vega Mereles y otros s/ cohecho pasivo agravado y otros” –ex titular del INDERT– no están en el Observatorio y se encuentran a la espera de ser levantadas.
Otra limitación tiene que ver con el mecanismo de funcionamiento del Observatorio. La información según la acordada 1666 debe ser actualizada quincenalmente de forma manual. Esto implica que el funcionario encargado de monitorear una causa debe comunicarse con el juzgado en cuestión, consultando sobre las novedades del expediente para cargar la información obtenida a la plataforma. Esto en la realidad no sucede. Esther Roa comentó (a la autora de este artículo) que constantemente deben presentar notas a la CSJ pidiendo la actualización de los expedientes en el Observatorio y, no sólo eso, sino indicar errores en los datos cargados en las causas. Esto sin mencionar que a la par de monitorear la información del Observatorio, de forma casi diaria presentan notas de urgimiento a los juzgados y tribunales para impulsar el avance de los expedientes intimando a los jueces para que se expidan y sancionen. Por ende, no hay certeza de contar con la información más actualizada al momento de revisar los expedientes.
Otra dificultad es la forma en que la información es presentada. Si bien es posible encontrar el detalle de las actuaciones, el formato en que la información se muestra dificulta su análisis y procesamiento. Las causas se presentan en una lista sin numeración, clasificadas por orden alfabético, según el nombre de la carátula del expediente, sin un buscador que facilite encontrar la información según criterios de interés que puedan ser establecidos por los usuarios. Por tanto, para hallar un expediente específico se debe mirar el listado, uno a uno.
Otro problema de presentación es que la información de cada causa es cargada en un documento en formato PDF. Al no haber un sistema o software amigable para la búsqueda de información, no se pueden hacer búsquedas avanzadas para ver rápidamente, por ejemplo, las tendencias de causas en el tiempo, la evolución de la frecuencia, localidades, juzgados involucrados y palabras claves que permitan identificar las causas, entre otros criterios útiles.
El pedido de instalar ese Observatorio surgió de la imperiosa necesidad de transparentar los expedientes de corrupción. Esta herramienta era necesaria para identificar a los actores intervinientes en dichos procesos –procesados, agentes fiscales, defensores, jueces–, conocer el estado de las causas y la forma en que estas eran llevadas. Antes del Observatorio, la cuestión de la transparencia de estos procesos era sumamente problemática.
Finalmente, el Observatorio es poco amigable para un público no especializado en derecho. Aquellas personas que no conozcan de procesos o la terminología legal probablemente tengan dificultades para comprender la información disponible. Esto genera barreras a académicos de disciplinas como ciencias sociales, a periodistas de áreas de investigación, a estudiantes de grado y posgrado. Y sabemos que un Observatorio que no se observa, es de escasa utilidad.
Para concluir, queda resaltar el hecho de que contar con un Observatorio de este tipo representa un valioso esfuerzo para fortalecer la transparencia y el acceso a la información en Paraguay. Esta plataforma permite sacar a la luz y monitorear causas vinculadas a personas que con sus hechos han ocasionado un perjuicio a la sociedad; posibilita controlar a jueces y a fiscales que llevan los procesos; y facilita la promoción de una mayor conciencia sobre hechos de corrupción entre ciudadanos, funcionarios y autoridades, dejando en evidencia cuáles son los hechos de corrupción perseguidos, condenados y los que no lo son. Al menos esa debiera ser su finalidad. No obstante, en esta primera revisión advertimos que el funcionamiento del Observatorio aún no se encuentra debidamente institucionalizado. Es decir, sin el trabajo y seguimiento de la sociedad civil no tendríamos la información que hoy es posible obtener.
* Alejandra Del Puerto es Máster en Gestión Pública Avanzada por la Universidad de Barcelona.
Este artículo se publica en el marco de la iniciativa “Control joven para una mejor gestión pública”, impulsada por el Centro Interdisciplinario de Investigación Social (CIIS) con apoyo del CIRD, en el marco del proyecto Más Ciudadanía, Menos Corrupción.
Imagen de portada: Poder Judicial de Paraguay