*Por Jorge Rolón Luna
Cuántas personas viven de cometer ilícitos en Paraguay? ¿Es significativo ese número en términos de la Población Económicamente Activa (PEA)? ¿Cuánto peligro genera esa parte de la sociedad? Aquí indago acerca de un asunto cuyo abordaje es infrecuente: la masa delictiva que se dedica a cometer actos ilícitos como modo de vida. Se suele imaginar a los criminales como sujetos reconocibles a simple vista (toxicodependientes, pobres, jóvenes marginales, etc.), el “delincuente habitual” de Ferri, pero tal categorización no refleja la realidad del delito. Contribuyen también a la “inseguridad” el abogado que demanda diariamente con pagarés fraguados para esquilmar a maestras y jubilados, el contrabandista, el aduanero coimero, el hacker deshonesto, el empresario que soborna, el rico que evade, el político corrupto. Imposible nombrar a todos.
Los delincuentes que el sentido común asocia con la inseguridad (asaltantes de caudales, asesinos, motochorros, descuidistas) coexisten con aquellos que no generan temor o aprensión. Como dijo un diputado oficialista al proponer reducir penas quienes “devuelvan lo robado”: “los corruptos no son peligrosos”. Al menos eso cree él.
Sin montarme a la ola de alarma social que se vive en la actualidad, parto de una premisa fáctica: en el Paraguay, gran parte de la sociedad convive con distintas formas de ilegalidad y vive de ellas, siendo algunas de estas delictivas (de estas me ocuparé) y otras no (infracciones administrativas et al).
Consideraré primero la economía subterránea, aquella que no se contabiliza en el Producto Interno Bruto (PIB). Tiene una faz ilegal: comercio de mercancías robadas, falsificación, tráfico de drogas, prostitución, juegos ilegales, producción y tráfico de drogas, robo para uso personal, contrabando, evasión de impuestos producto del intercambio de bienes o servicios lícitos y otra legal (elusión de impuestos mediante ingresos, sueldos y salarios no reportados, descuentos a empleados y otras formas de ocultamiento, dentro del margen legal).
De acuerdo con el estudio de una entidad privada, en 2022 equivalió al 46% del PIB, aproximadamente 22.019 millones de dólares.
Gráfico 1. Economía Subterránea paraguaya (actividades legales e ilegales) en % del PIB
Fuente: PRODesarrollo.
En 2015 llegó a ser de 40 %, (equivalente 11.000 millones de dólares) y continuó creciendo en los años siguientes. Aquí aparece el primer dato de importancia: la economía subterránea crece, duplicando su monto y quienes viven de la ilegalidad deberían obviamente aumentar en número.
Gráfico 2. Economía subterránea paraguaya (actividades legales e ilegales) en millones de dólares
Fuente: PRODesarrollo.
Según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la Población Económicamente Activa (PEA) se compone de 5.374.551 personas y se encuentran dentro de la “fuerza de trabajo” unos 3.835.397 individuos. Quienes integran dicha fuerza generan el PIB legal del país, o sea, son el recurso humano necesario para producirlo. Si tomamos en cuenta dicha cifra, y haciendo una extrapolación matemática simple y directa, para generar el PIB SUBTERRÁNEO se necesitaría el esfuerzo y la dedicación de 1.898.521 personas, pues este producto interno bruto, es casi la mitad del legal (46%).
Gráfico 3. Fuerza de trabajo que contribuyen al PIB Formal y Subterráneo
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE), cálculo propio según datos del INE.
Es factible pensar que gran parte de este PIB Subterráneo es generado a través de actividades ilegales. Es, finalmente, una “fuerza de trabajo delictiva”, por lo que este dato nos plantea la nada halagüeña posibilidad de un número muy alto de personas dedicándose a delinquir habitualmente.
Pero, están además otros números a considerar vinculados a esta preocupación: en el país existen unas 12.427 órdenes de captura pendientes, que la policía no ha ejecutado. Entre los prófugos célebres tenemos a Dalia López, Sebastián Marset, Felipe Santiago Acosta Riveros —alias “Macho”— y Felipe Barón Escurra —fugado en dos oportunidades con ayuda policial. De los otros miles de casos nadie se suele enterar ni preocupar. Pero, no se aflija, en 2011 las capturas pendientes eran más de 34.000.
Mientras tanto, padecen nuestro sistema penitenciario 17.569 personas al 28 de noviembre de este año, según el Ministerio de Justicia. A esto habrá que sumar las miles de almas presas en comisarías, dependencias policiales como la Agrupación Especializada e, incluso, en instalaciones de la SENAD. Luego están los adolescentes infractores presos (160 según el MNP) y, finalmente, los miles con prisión domiciliaria (Cucho Cabaña y Erico Galeano, por ejemplo) u otras medidas no restrictivas de la libertad (quienes no sufren de prisión preventiva, pero tienen procesos penales). Muchos de estos datos nunca aparecen en las estadísticas pues simplemente no existen. ¿A qué viene esto, por qué debería importar? Ocurre que en el sistema penal se verifica una altísima rotación (entrada y salida de personas). Son miles los que salen de las cárceles todos los años, con escasísimas posibilidades de insertarse en el mercado formal -y legal- de trabajo…
Según registros oficiales, en 2013 entraron al sistema penitenciario 3.114 personas mientras que egresaron (ya con un “diploma” válido de delincuentes) 2.456 personas. Un día cualquiera como el 30 de diciembre de 2022, ingresaron al sistema 22 personas y lo abandonaron en igual número. Estos datos aleatorios dan cuenta de la rotación mencionada y permiten imaginar la importante cantidad de personas que, habiendo pasado por la cárcel, no tienen más remedio que dedicarse al delito. Como entre el año 2000 y el 2018 la población penitenciaria se quintuplicó, es lógico imaginar que decenas de miles de estas personas (en gran medida expulsadas del mercado de trabajo), estarían dedicándose hoy día a actividades ilegales. Una última acotación: no olvidar que desde la cárcel también se delinque y, pesadamente.
Otro dato que agrega números a la población analizada: el Ministerio Público informó este año que en los tres primeros meses se registraron casi veinte mil denuncias solamente por robos y hurtos (un delito contra la propiedad cada seis minutos).
En resumen, están los sujetos del sistema penal (esos que entran y salen de las cárceles todo el tiempo), quienes tienen órdenes de captura pendientes, los responsables de esos delitos contra la propiedad (que en un año nos darían la friolera de 80.000 hechos punibles y un número cercano de delincuentes). A estos hay que sumar la fuerza de trabajo responsable del PIB subterráneo e ilegal; allí también encontraremos a quienes no siendo excluidos delinquen: funcionarios y fuerzas de seguridad corruptas, empresarios que evaden o invierten en negocios ilegítimos e incluso ciudadanos corrientes.
Pero, como dice el criminólogo italiano Alessandro Baratta: “Delitos económicos, ecológicos, de corrupción y concusión, desviaciones criminales en órganos civiles y militares del Estado, así como connivencias delictuosas con la mafia, por parte de quienes detentan el poder político y económico, forman parte de la cuestión moral, pero no tanto de la seguridad ciudadana”. Es pertinente recalcar que la alarma social es creada por eso que José Nun llama “masa marginal”, compuesta por quienes nunca se emplearían en los trabajos formales ofrecidos por el mercado. Esta masa evidencia la relación estructural “entre los procesos latinoamericanos de acumulación capitalista y los fenómenos de pobreza y de desigualdad social'”. Sectores que son empujados al cuentapropismo, la subocupación, el cuentapropismo de subsistencia y son parte de un fenómeno permanente, razón por la que “No es posible una crítica estructural del sistema de control, sin discutir el problema económico”.
A diferencia de la realidad paraguaya, en otras latitudes la exclusión y las taras que se vinculan a ella fueron morigeradas por un sector de servicios potente y el Estado del Bienestar, mientras nosotros nunca superamos un modelo económico primitivo ni hemos resuelto los problemas de pobreza, desigualdad o desintegración social. Al mismo tiempo, son sociedades más transparentes y menos corruptas, mientras que por estos lares…
Queda claro que se encuentran “allá afuera” -al menos- cientos de miles de personas ganándose el pan ilegalmente, representando un potencial de peligro contra la seguridad ciudadana, nuestro patrimonio y destruyendo la convivencia social. Pertenecen a todas las clases sociales, son excluidos, vulnerables, los típicos bandidos que usted imagina y asocia con la marginalidad, pero también funcionarios, empresarios exitosos y probablemente su vecino el que lo saluda amablemente. ¿Existe alguna señal de que se vaya a atacar la raíz de todo esto, o sea, el modelo económico atrasado, la ausencia de política social y la impunidad?
*Jorge Rolón Luna. Investigador independiente, ex director del Observatorio de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior.