Por Rodrigo Ibarrola.
Durante milenios los mitos han servido para unir a grandes número de individuos desconocidos entre sí, logrando con ello una masa homogénea dirigida hacia un mismo objetivo. Justamente, esa capacidad única de crear ficciones ―y que permite llegar a una cantidad de personas, inalcanzable mediante relaciones interpersonales individuales― es la que posibilitó al Homo sapiens encumbrarse hasta la cima de la cadena alimentaria, para luego expandirse y transformar el planeta. El servicio militar obligatorio (SMO), como mecanismo para «servir a la patria» y «cumplir con el deber», forma parte de aquellos relatos. Sin embargo, debajo de ello no se ocultan crónicas solemnes ni narraciones heroicas, sino factores que son mucho más pragmáticos, terrenales y, sobre todo, económicos, que realmente apuntalan el sistema de reclutamiento hasta hoy.
Como han demostrados diversas experiencias alrededor el mundo, la alternativa más efectiva al SMO es la conformación de ejército profesional a través del enrolamiento voluntario. No obstante, se tropieza con un inconveniente: su costo es superior al reclutamiento obligatorio. Debido a que para el desarrollo de operaciones de guerra o de defensa efectivas se necesita equipamiento adecuado, un grado considerable de entrenamiento en tácticas complejas y maestría en el manejo de armas. Lo cual demanda una mayor inversión que la empresa más simple de adiestrar reclutas en tareas repetitivas y de poca especialización, durante unos pocos meses al año.
Ante la alternativa de aumentar el gasto militar o una mayor presión fiscal, es usual que el reclutamiento obligatorio reciba un apoyo ciudadano mayoritario, sobre todo de la franja etaria no afectada. Esto se debe, entre otras cosas, a que el salario del soldado profesional excede en mucho a la compensación recibida por un conscripto (si es que la recibe). De manera que la financiación adicional requerida para componer un ejército profesional debe ser asumida por la población en general, ya sea pagando más impuestos o recibiendo menos servicios sociales. Mientras que con el SMO, aquella financiación adicional se convierte en un tipo de impuesto soportado por una pequeña fracción de la población: los reclutas. De esta manera se entiende que cuando el enrolamiento obligatorio fue abolido en Reino Unido (1960), EE. UU. (1973) y Francia (1996), aún gozara de gran respaldo entre la población. Las medidas populares no siempre son las más eficientes.
El SMO tuvo su auge como mecanismo de reclutamiento predominante entre el final de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. Posteriormente, la conscripción obligatoria sufrió un retroceso en los países democráticos. La mayoría de ellos la abolieron en favor de un ejército profesional. Vale como ejemplo el hecho de que actualmente sólo 5 de los 29 países miembros de una organización con fines netamente de defensa como la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) mantienen el sistema.
Pero ¿qué ha causado que la tendencia se revierta? No se puede señalar a un solo factor como el determinante. Aunque se debe subrayar que el desarrollo económico ha contribuido a la disminución de las disputas entre los estados y, por consiguiente,a la desmilitarización.
La búsqueda de una óptima asignación laboral ayuda a explicar este fenómeno. Conforme aumenta el crecimiento económico, crece el stock de mano de obra calificada. Esto vuelve más oneroso ―para la economía en general― el sostenimiento del servicio militar, originado por el elevado costo de oportunidad de una mala asignación de la fuerza de trabajo. En otras palabras, un individuo calificado deberá cumplir con el SMO en lugar de continuar con un proyecto laboral prometedor o con su capacitación para ello, con la consecuente pérdida irrecuperable en la producción nacional. Las naciones desarrolladas son menos propensas a asumir los costos de enrolar a personas calificadas para labores poco complejas. Por lo que, el reclutamiento voluntario deviene en una solución más eficiente, dado que sólo aquellos con un costo de oportunidad menor (no se sientan capacitados para otra labor o por preferencia) se unirían al ejército.
Los países no desarrollados, en cambio, poseen una proporción relativamente baja de mano de obra calificada, por lo que el perjuicio es menor o eventualmente positivo. Un análisis que abarcó a países latinoamericanos ―incluido Paraguay― observó que los efectos positivos de la participación de la fuerza laboral militar en el crecimiento económico sólo pueden darse ante la ausencia de educación adecuada y oportunidades de capacitación para los jóvenes. Sugiriendo que el aumento de esos factores generaría mayores retornos al crecimiento económico que el aumento de la participación de la fuerza laboral en el ejército a través del SMO.
Además, una mayoritaria parte de la evidencia empírica sugiere que, en el largo plazo, el reclutamiento obligatorio afecta los salarios futuros. Así sucede en Dinamarca, donde un exrecluta percibe ingresos 7% menores que aquellos que no cumplieron con el servicio. Similares experiencias se presentan en los Países Bajos, Reino Unido y con los veteranos de Vietnam. Otro estudio, también en los Países Bajos, reveló que incluso reduce la probabilidad de obtener un título universitario y disminuye los salarios medios de la sociedad. En tanto que en Alemania no se evidencian efectos significativos en los ingresos.
Otro factor económico que afecta la elección del sistema de reclutamiento es la capacidad de recaudar impuestos. Los países con menor eficiencia tributaria tenderán a mantener (o instaurar) el servicio militar obligatorio. Una mejora, redunda en ingresos tributarios superiores con relación al PIB, lo que facilita la financiación de un ejército profesional.
Además de lo citado, también existen otros determinantes del servicio militar, como el grado de democracia (países con menor grado de democracia serán más proclives a instituirlo). Los estados envueltos en conflictos armados también tienden a implementarlo. Incluso un estado de tensión latente entre naciones favorece su establecimiento. La herencia política también aporta lo suyo: las ex repúblicas soviéticas tienen más inclinación hacia implementarla, mientras que las ex colonias británicas a abolirla.
En consecuencia observamos que, debajo de toda la retórica nacionalista, son estas variables ―nunca abordadas dentro del debate―, y no otras, las que, en última instancia, determinan el sistema de reclutamiento.
Finalmente, más allá de que el SMO forma parte aún del catálogo discursivo de la política nacional, y de que se encuentra contemplado en nuestra Constitución (tal como recuerdan con insistencia muchos de sus defensores, como si las leyes no fuesen convenciones mutables), su vigencia a futuro es más que dudosa.
La confluencia de los factores enumerados permiten aventurar un pronóstico a mediano plazo: en la medida que avancemos hacia un mayor grado de desarrollo económico y democrático, seremos más proclives a abolir el sistema. Para evitarlo, se requerirá de un dedicado esfuerzo por revertir el avance de los derechos y las libertades. Y no faltarán actores interesados en ello.
Entretanto, la fuerte oposición y el desuso de la ley son las primeras señales.
Imagen de portada: Última Hora.