Por José Duarte.
Se termina un año signado por la incertidumbre sobre el futuro del actual gobierno. Durante su primera mitad, el tema predominante fue la desaceleración económica, con el consecuente malestar social y las frustraciones en las expectativas tras quince años de crecimiento económico. Este fue el telón de fondo de los acontecimientos que, luego, en la segunda mitad del año, configuraron una grave crisis política. Así, el escándalo del “acta secreta” de Itaipú salió a luz en un contexto favorable para un estallido social, en el que la protesta pudo haberse articulado a partir de una serie de demandas o reivindicaciones como soberanía nacional, desempleo, pérdida del poder adquisitivo, altos niveles de endeudamiento privado, inundaciones e incendios en el campo; entre otras.
Sin embargo, ni los partidos de oposición ni las fuerzas de la sociedad civil lograron capitalizar la crisis política del gobierno. No se conformó una alternativa política capaz de reemplazarlo. A pesar de la amplia difusión mediática del escándalo de Itaipú, las movilizaciones populares fueron escasas (por no decir casi inexistentes). En los días candentes de la amenaza de juicio político al Ejecutivo, fueron la maquinaria burocrática de la ANR y los sindicatos estatales los que coparon las calles, sin una mínima disputa de parte de la oposición por el espacio público.
A diferencia de las convulsiones sociales que irrumpieron en la región, en Paraguay no hubo un movimiento de contestación social contra el orden establecido. Tampoco la oposición política pudo actuar como una fuerza política portadora de un proyecto real de poder. A pesar de que se conformó un escenario político y social propicio para la movilización de la sociedad, no hubo un sujeto político capaz de aprovecharla. En este sentido, me permito disentir con el análisis de la politóloga Rocío Duarte sobre el carácter anómalo de las protestas en Paraguay: en toda la transición democrática no faltaron momentos de grandes movilizaciones de diferentes sectores, desde organizaciones campesinas, sindicatos de trabajadores, estudiantes y otros sectores de la sociedad civil. Continúan vivos en la memoria colectiva episodios de movilización social que sacudieron al Paraguay recientemente. Podríamos multiplicar los ejemplos, pero solo en el pasado reciente podemos referirnos a las luchas estudiantiles –tanto de secundarios como universitarios– y, asimismo, al hecho no menor de que hace menos de dos años una turba de manifestantes quemó el Congreso para impedir la habilitación de la reelección presidencial.
Hay una memoria disponible sobre la protesta social, la desobediencia civil y la acción directa que no puede ser soslayada. Por el contrario, es necesario resaltar que dicha reserva de posibilidades esta vez no fue activada, más bien brilló por su ausencia. En vez de recurrir a estas, los principales actores políticos de la oposición rápidamente se dividieron entre quienes, por un lado, priorizaron la necesidad de impedir el retorno del cartismo al poder y quienes, por el otro, buscaron vanamente reeditar la aventura de un gobierno de unidad de nacional como el que tuvimos luego del marzo paraguayo con el gobierno de González Macchi. Estas alternativas no fueron consideradas con interés, sino apenas como motivo de burla en el microclima de las redes sociales, sin lograr suscitar la adhesión ni el acompañamiento de grandes sectores sociales.
La contracara del fracaso destituyente, asumido por un sector de la oposición, fue el fortalecimiento de la ANR como espacio institucional de trámite y resolución de crisis políticas. De hecho, solamente cuando la bancada mayoritaria del Partido Colorado anunció su apoyo a la remoción del Presidente, el llamado a un juicio político dejó de ser un acto testimonial para pasar a cobrar fuerza y ser una posibilidad real. Menos de 12 horas después, en medio de intensas negociaciones domésticas como internacionales –y ante la falta de unidad opositora en el Senado– fue la misma bancada colorada de diputados cartistas la que enterró toda posibilidad de juicio político. En medio de este convulsionado escenario, la oposición no hizo más que bailar al compás de la polca colorada o, en el mejor de los casos, se limitó a ser testigo del eterno retorno del abrazo republicano.
A semanas de finalizar el 2019, tanto la situación económica como política del país son otras. Los elementos que provocaron la aguda crisis política de este gobierno parecen disiparse. Según organismos nacionales e internacionales, nuestra economía superó la recesión en el último trimestre y se proyecta un crecimiento del 4% del PIB para el 2020. En el plano político, por un lado, existe una fuerte fragmentación de la oposición. Especialmente destaca el PLRA donde, además del llanismo, ahora el propio efrainismo se atomiza; sin mencionar que el principal referente de la contestación política, Paraguayo Cubas, fue expulsado del Congreso y su reducto de intervención se limita hoy a sus transmisiones de Facebook. Por otro lado, en la ANR, la crisis de Itaipú golpeó duramente a posibles relevos en el oficialismo, como el senador número 1 de Colorado Añetete, Luis Castiglioni, el vicepresidente Hugo Velázquez o el ex jefe de campaña José Alderete, dejando prácticamente vacío el lugar de la sucesión presidencial. Esta consecuencia inesperada de la crisis política de 2019 es de suma relevancia, dado que se neutraliza un prematuro internismo, preservando el liderazgo presidencial. Además, el oficialismo ha logrado reducir los niveles de tensión con la disidencia colorada, a través de una relación más institucional con el presidente de la ANR, Pedro Alliana, en un contexto de aparente neutralización política del cartismo.
Contra todo pronóstico, cada uno de estos elementos abre un camino de mayor optimismo en materia de gobernabilidad y cierra un año en el que la figura de Mario Abdo se recompone nacional e internacionalmente. En el ámbito nacional, porque logró salir airoso de un difícil año en lo económico, político y social. En el internacional, porque se posicionó como un moderado capaz de actuar con pragmatismo en un contexto de polarizaciones intensas. Una prueba es haber garantizado una escala técnica en territorio nacional a Evo Morales, mientras países vecinos se lo negaban. Del mismo modo, apunta a mantener buenas relaciones tanto con Bolsonaro como con Fernández, realizando incluso mediaciones para acercar a ambos mandatarios.De este modo, el oficialismo tiene como gran desafío fortalecer el relato que busca sustentar la legitimidad de Marito, es decir, el de ser un presidente que, a diferencia de sus antecesores, es capaz de gobernar sin la hipótesis reeleccionista, ateniéndose al statu quo constitucional. Junto con la necesidad de delinear políticas públicas más integradas en su implementación, capaces de definir con mayor claridad la identidad de su gobierno, esos son algunos de los retos más importantes de un presidente que, a poco más de un año de gestión, ya dio pruebas de tener un temperamento apto para afrontar fuertes turbulencias políticas.
Foto: UltimaHora