Por Dahiana Ayala.*
La crisis actual en lo que respecta al mercado de trabajo parece tomar graves dimensiones, sobre todo para las mujeres. La precariedad laboral que afecta a las mujeres al borde de la pobreza, incluso de la pobreza extrema, se expresa en trabajos a tiempo parcial, fragmentados y mal pagados. El nuevo gobierno de Santiago Peña, deberá encontrar una solución efectiva a las pésimas condiciones de trabajo que el mercado ofrece a las mujeres. Tal vez la respuesta se encuentre en potenciar el protagonismo de las mujeres en el diseño de planes de recuperación económica y social desde una perspectiva feminista.
Las trabajadoras paraguayas convergen en un mercado laboral que les ofrece puestos de trabajo de muy baja cualificación, a tiempo parcial y sin contratos. Este tipo de trabajo informal, con su amalgama de flexibilidad, existe al margen de las disposiciones establecidas por la ley.
Desde el año 2019 el gobierno regula el empleo a tiempo parcial, lo que no significa que la precariedad del trabajo femenino haya finalizado. Las mujeres son siempre las primeras afectadas por la desestructuración del mercado laboral. El esquema que se repite es uno donde el trabajo de la mujer se cotiza a un bajo precio y que durante las crisis económicas se agudiza. Como resultado, el empobrecimiento de las mujeres es creciente y peor a la situación de los hombres. Para el año 2022, la tasa de pobreza de las mujeres ha sido superior a la de los hombres: 731 mil mujeres son pobres mientras que los hombres representan un total de 671 mil. Y si nos concentramos en la pobreza extrema, hay 216 mil mujeres pobres frente a 198 mil hombres en la misma situación. En términos porcentuales, la división de la pobreza por sexo puede verse en la figura 1.
Figura 1: Pobreza y Sexo (%)
Fuente: Elaboración propia con base a datos de la Encuesta de Hogares, INE-2022
Cuando ahondamos en el análisis de las desigualdades en el mercado laboral, los datos muestran que la situación de las mujeres empeora si son pobres. La figura 2 revela que, del total de personas ocupadas en situación de pobreza, el 63,7% son hombres y el 36,3% mujeres. En cuanto a la desocupación total, la situación se invierte, afectando al 53,5% de mujeres y al 46,5% de hombres. Y si analizamos la inactividad, las cifras son muy significativas: del total de inactivos en situación de pobreza, el 68,1% son mujeres y el 31,9% son hombres. Esto refleja que la pobreza femenina condiciona especialmente a las mujeres a los peores empleos, a los peores salarios y a las peores condiciones laborales.
Figura 2: Pobreza, Actividad y Sexo (%)
Fuente: Elaboración propia con base a datos de la Encuesta de Hogares, INE-2022
Cuando observamos el aporte jubilatorio de las personas ocupadas en situación de pobreza (Figura 3), los hombres llegan al 5% y las mujeres al 2,7%. Si bien ambos son vulnerables al no estar protegidos por la seguridad social, a la larga termina siendo aún más perjudicial para las mujeres puesto que el sistema nunca implementa políticas de protección laboral a los tipos de empleos que mayoritariamente acceden las mujeres: parciales, domésticos y mal pagados.
Figura 3: Aporte Jubilatorio, Sexo y Pobreza (%)
Fuente: Elaboración propia con base a datos de la Encuesta de Hogares, INE-2022
Desafortunadamente, las mujeres son empujadas al empleo informal. Ante la ausencia de políticas integrales de cuidado y la injusta distribución de tareas al interior de los hogares, son más propensas a aceptar condiciones indignas de trabajo porque los horarios “flexibles” les permiten conciliar la vida laboral y doméstica.
En el caso de las mujeres que crían solas a sus hijos, los obstáculos para su participación en el mercado laboral no son sólo monetarios. Los mismos residen en la baja profesionalización y calidad de determinados puestos de trabajo en los que las mujeres están sobrerrepresentadas como son los servicios de limpieza y la asistencia personal y de salud. Esto es así porque las habilidades requeridas para realizar estas tareas –cuidar, educar, limpiar, asistir– están devaluadas en el mercado por considerarlas innatas o naturales en las mujeres. Otra barrera inmensa para el acceso al mercado laboral tiene que ver con la insuficiencia de los servicios de cuidado como guarderías y escuelas a tiempo completo, lo cual permitiría a las mujeres disponer de su propio tiempo para conseguir un empleo y desarrollarse profesionalmente. Estas condiciones siguen profundizando el empobrecimiento femenino y, sobre todo, la falta de autonomía de las mujeres.
De cara a las enormes dificultades que afrontan las mujeres en el mercado de trabajo, uno de los compromisos que debe asumir el nuevo gobierno colorado, encabezado por Santiago Peña, es integrar efectivamente la dimensión de género en el desarrollo e implementación de políticas públicas para la lucha contra la pobreza y la precariedad laboral. El nuevo presidente y todo su gabinete, en particular algunos ministerios como el de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, el de Desarrollo Social y el de la Mujer, deben tener claro que no se pueden generar soluciones si las mujeres no son tenidas en cuenta en los ámbitos de decisión.
Las trabajadoras paraguayas convergen en un mercado laboral que les ofrece puestos de trabajo de muy baja cualificación, a tiempo parcial y sin contratos. Este tipo de trabajo informal, con su amalgama de flexibilidad, existe al margen de las disposiciones establecidas por la ley.
Repensar las alternativas para las mujeres en el mercado laboral debe partir de un conocimiento acabado de las desigualdades existentes por razones de género que se profundizan en el caso de las mujeres pobres, campesinas, indígenas, afrodescendientes, mujeres trans, mujeres privadas de su libertad, mujeres que crían solas a sus hijos y que cuidan a otros familiares, mujeres empleadas en rubros de servicios, mujeres con discapacidad, mujeres víctimas de violencia, entre otras.
Las políticas públicas que se diseñen en este sentido deben tener la capacidad de corregir la disparidad entre hombres y mujeres. Esto se puede lograr condicionando la adjudicación de contratos públicos al respeto de la igualdad salarial entre hombres y mujeres, y generando mecanismos para valorizar los salarios de las profesiones esenciales donde las mujeres representan el mayor número, ocupaciones como el cuidado de personas dependientes (bebés, niñas, niños y adultos mayores).
Los planes deben tener una visión integral de género y deben ser transversales a todos los ámbitos de la vida de las mujeres. Por ejemplo, el gobierno francés como parte de su política de igualdad entre hombres y mujeres para los años 2023-2027, ha implementado un par de acciones basados en 5 pilares fundamentales: la lucha contra la violencia de género, las oportunidades económicas para las mujeres, la educación integral de las niñas, la salud y la emancipación política.
Cada uno de estos pilares se refuerzan a través de acciones específicas. En el caso del pilar vinculado a las oportunidades económicas, pone énfasis en el papel de las empresas y de la función pública en la consecución de la igualdad salarial y de acceso a puestos de responsabilidad a través de un índice de igualdad profesional al que las empresas estarán sujetas. Además, otorga apoyo financiero para que mujeres jóvenes accedan a las profesiones digitales y tecnológicas.
Para impulsar políticas de este tipo el gobierno requerirá, además de mucha expertisia, de un contundente compromiso con reducir las desigualdades basadas en el género. Y para ello será fundamental reconocerlas como tal, sin eufemismos.
* Doctoranda en Economía y Sociología del Trabajo en Aix Marseille Université
Imagen de portada: Yuki Yshizuka para Terere Cómplice