A un año del gobierno de Peña: lobby evangélico y derechos en riesgo
Por Montserrat Fois*
En vísperas de las elecciones presidenciales, el entonces candidato y ahora presidente Santiago Peña declaró en una entrevista que plantearía “un proceso de mejora de la educación donde no se hablen de estos temas”. Con “estos temas” se refería a la agenda de género que busca conquistar derechos para las mujeres, infancias y diversidades sexuales. Como veremos en este artículo, Paraguay todavía necesita dar pasos gigantes en materia de género, al menos si queremos mejorar la calidad de vida de la población.
En el primer informe de gestión del presidente Peña el término ‘género’ no aparece en todo el documento, pero las palabras ‘mujer/mujeres’ se usan unas 45 veces, principalmente para desagregar datos por sexo afirmando una visión conservadora sobre los roles de género. En esta línea, la bancada oficialista de la Cámara de Diputados cambió el nombre de la Comisión de Equidad e Igualdad de Género a Comisión de Equidad Social e Igualdad de Derechos entre el Hombre y la Mujer, eliminando deliberadamente la palabra ‘género’.
Los sectores ultraconservadores asocian la categoría género, desarrollada a lo largo del siglo XX dentro de las ciencias sociales y humanidades, con lo que llaman “ideología de género”. Su rechazo radical a esta categoría se debe a que cuestiona los roles culturalmente asignados a varones y mujeres, así como también los modelos excluyentes y moralistas de familia.
Esta resistencia es alarmante en un país donde cada 3 horas un niño, niña o adolescente es víctima de abuso, el 95% de los casos ocurre dentro del entorno familiar, casi el 40% de los hogares son monomarentales y el salario de las mujeres es G. 720.000 menor que el de los hombres.
Específicamente, la perspectiva de género considera cómo diferentes aspectos de la identidad (género, raza, clase, orientación sexual, discapacidad, etc.) se entrelazan y afectan las experiencias y posibilidades de las personas. No es lo mismo ser una mujer heterosexual de clase media urbana que una mujer lesbiana campesina, del mismo modo que no es igual ser un varón blanco urbano que un varón indígena. Por eso es crucial hablar de género, porque no solo abarca la situación de las mujeres -en plural- en relación con los hombres, sino que busca transformar las relaciones de poder que perpetúan desigualdades afectando a un amplio espectro de la sociedad.
Este enfoque conservador ha estado presente en los sucesivos gobiernos con algunas variaciones contextuales. Sin embargo, si algo caracteriza a esta gestión es el gran peso que ganaron los líderes de iglesias evangélicas y católicas en el Estado. Estos líderes no solo moldean las narrativas y posturas públicas del ejecutivo y el parlamento sino que también frenan el avance en las políticas con perspectiva de género, en derechos sexuales y reproductivos, y en el cumplimiento de los derechos humanos en general. Esta resistencia es alarmante en un país donde cada 3 horas un niño, niña o adolescente es víctima de abuso, el 95% de los casos ocurre dentro del entorno familiar, casi el 40% de los hogares son monomarentales y el salario de las mujeres es G. 720.000 menor que el de los hombres. La situación grave alcanza a varios sectores, siendo que apenas el 2% de la población trans tiene acceso a una remuneración que no provenga del trabajo sexual. Estas cifras subrayan la necesidad urgente de políticas inclusivas con perspectiva de género que reconozcan y enfrenten las múltiples desigualdades en la sociedad paraguaya.
La influencia de estos sectores evangélicos se puso en evidencia en muchas situaciones. Una de ellas fue durante el tratamiento del polémico proyecto de derogación del acuerdo con la Unión Europea para financiar el Programa de Apoyo a la Transformación del Sistema Educativo. Pese a que el mencionado convenio no buscaba modificar los contenidos curriculares de la educación pública, parlamentarios oficialistas del ala cartista instalaron un relato en contra de la cooperación europea, argumentando que “no van a venir a decirles cómo criar a sus hijos”. Finalmente, el proyecto fue rechazado en el Senado porque un acuerdo de estas características no puede ser derogado por el Parlamento y, porque, en definitiva, el gobierno no tenía manera de garantizar la continuidad de dichos programas. No obstante, al día siguiente, el presidente acudió junto a sus ministros al Centro Familiar de Adoración, donde se reunió con pastores evangélicos de distintas iglesias descontentos con el desenlace.
Mientras que en el Congreso la bancada cartista busca avanzar con proyectos de este tipo, en el marco de la 54º Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) realizado el pasado junio en Asunción, el Estado paraguayo se ratificó en su rechazo a resoluciones vinculadas con derechos para mujeres y niñas educación sexual y la población LGBTIQ+. Antes de la asamblea, representantes de la iglesia católica y la Alianza Evangélica Latina se reunieron con el vicecanciller para asegurarse de que así fuera.
Todo esto ocurrió luego de que el Ministerio de Educación y Ciencia (MEC), sin consenso de la comunidad educativa, difundiera el manual “12 Ciencias para la Educación de la Sexualidad y la Afectividad en la Escuela”. Este manual con sesgo religioso, desinforma con su contenido acientífico y refuerza estereotipos de género arriesgando la salud y la integridad de niñas, niños y adolescentes. Uno de los libros dirigidos a docentes sostiene que el condón no previene las infecciones de transmisión sexual cuando desde el siglo pasado se conocen estudios clínicos y epidemiológicos que demuestran su alta efectividad. Además, el manual afirma que el matrimonio es un vínculo indisoluble, fomentando explícitamente la cultura de la violencia bajo la idea machista de que se debe “soportar todo por la familia”. Esto va incluso contra nuestra legislación ya que el divorcio vincular fue legalizado mediante la Ley N° 45/1991, que modificó el Código Civil.
La fuerza que ha ganado el lobby evangélico en el MEC es a la fecha uno de los aspectos más críticos de la gestión de Peña en relación con las políticas de género. Resulta preocupante que un gobierno que se precia de la alta formación de su equipo, permita tal subordinación de las políticas públicas a intereses religiosos que no solo nos atrasan varios siglos ignorando los avances científicos, sino que vulneran así derechos fundamentales de la población.
Esta injerencia religiosa en el Estado es incompatible hasta con las campañas de prevención del VIH sostenidas durante años por el Ministerio de Salud durante varios gobiernos. Llegando al colmo de ir a contracorriente de la campaña de prevención del abuso sexual infantil y adolescente del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA), con visible respaldo del presidente Peña y la oficina de la primera dama.
Resulta preocupante que un gobierno que se precia de la alta formación de su equipo, permita tal subordinación de las políticas públicas a intereses religiosos que no solo nos atrasan varios siglos ignorando los avances científicos, sino que vulneran así derechos fundamentales de la población.
El primer año de gobierno de Peña ha estado marcado por retrocesos en términos de políticas de género y derechos humanos a partir del debilitamiento de instituciones como el Ministerio de la Mujer y el vaciamiento de programas, con una influencia creciente del lobby evangélico en la toma de decisiones. En esta tarea, legisladoras y legisladores como Raúl Latorre, Basilio Núñez, Lizarella Valiente y Gustavo Leite del sector cartista ocupan la línea de frente.
La postura conservadora del gobierno legitima la fuerte resistencia de estos sectores a la ampliación de una serie de derechos que van más allá de la legalización del aborto o del matrimonio igualitario. No obstante, estos temas se utilizan como excusa para eludir el cumplimiento de otros derechos fundamentales para todas las personas, independientemente de su género, etnia o credo como el de la educación sexual integral.
Si el lobby evangélico sigue ganando espacios tan holgadamente dentro del Estado es responsabilidad del presidente Peña. Esto es grave porque socava la democracia misma cuando estos grupos pretenden instalar un pensamiento único y vulnerar derechos contra toda evidencia científica. Paraguay enfrenta enormes desafíos en materia de derechos humanos e igualdad de género. Es urgente que el gobierno tome medidas para garantizar que las políticas públicas estén basadas en la evidencia científica y en el respeto a los principios democráticos. De no revertirse esta tendencia, las consecuencias serán profundamente negativas para el futuro del país y una amenaza para toda persona que no comulgue con estas ideas.
*Politóloga, máster en Antropología Social y Presidenta de la Asociación Paraguaya de Investigadoras Feministas. Investigadora categorizada del SISNI. Candidata a Doctora en Antropología Social.