Por Jorge Rolón Luna
El 6 de junio del 2024, diez días después de haber sido imputado por torturas, el presidente Peña nombró como comandante de la Infantería de Marina al contralmirante Walter Fernando Díaz. A este hecho, de por sí llamativo, siguió la ausencia total de reacción desde los medios de comunicación, desde la política e incluso desde la comunidad de derechos humanos del país. Sin dudas que ese nombramiento retrotrae por sus similitudes a tiempos de la dictadura, cuando Stroessner promovía a lo más alto a quienes reprimían a la disidencia política y social. Pero, en realidad, tiene connotaciones aún más inquietantes. ¿Estamos ante el síntoma de un retroceso democrático observable en otros sucesos? Piénsese, por ejemplo, en la “ley garrote” contra las ONG’s o en la inmediata modificación de la ley de conflicto de intereses, desguazada menos de un año después de su promulgación.
Aquí es pertinente hacer un recuento a partir del derrocamiento del dictador, para comprender a cabalidad esta situación. En junio de 1992, cuando el Paraguay promulgó su nueva constitución muchos pensaron(mos) que esto sería el último clavo en el ataúd del periodo autoritario. De hecho, y con una fuerza simbólica indudable, la ley que ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos fue la 1/90, dado que Stroessner nunca la ratificó como tampoco lo hizo con otros tratados de derechos humanos. Siguieron a ese importante gesto de la nueva democracia las ratificaciones de otros tratados, entre ellos la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (Ley 56/90), la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (Ley 69/90).
Sin embargo, estas entusiastas y veloces ratificaciones no significaron la erradicación de la tortura y los malos tratos en cárceles, comisarías o cuarteles, ni mucho menos. De esto último dan fe tanto el informe del Subcomité de Prevención de la Tortura de Naciones Unidas de 2010 como los sucesivos informes elaborados por el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura, desde su creación en el año 2013
Si bien es cierto que la tortura por razones políticas había sido prácticamente erradicada en el Paraguay, la nefasta práctica se había trasladado hacia la represión de la delincuencia común, teniendo muchas veces como protagonistas no sólo a la policía, sino a las FF.AA y a los operadores del sistema penitenciario. La tortura no ha sido en tiempos recientes un fenómeno raro en la realidad paraguaya, se podría decir, siempre teniendo en cuenta que la violencia institucional se reservaba para la “lucha contra el crimen” y de baja estofa, nunca contra la delincuencia de cuello blanco. Sin embargo, lo sucedido en Ciudad del Este hace unos años, con sus brutales características nos trasladó los oscuros tiempos de la dictadura.
En un hecho nunca debidamente investigado ni aclarado, el 16 de junio de 2020 fallecía baleado en aguas del río Parana el suboficial de la armada Marcos Agüero González (22), supuestamente víctima de contrabandistas. La reacción de los marinos a ese hecho fue y sigue siendo, uno de los episodios de violación colectiva de derechos humanos más graves del periodo post dictadura. Lo ocurrido en esa madrugada, mostró una magnitud no vista desde hacía mucho tiempo. Los marinos de la base naval de Ciudad del Este, comandada por el entonces capitán de navío Walter Fernando Díaz Aguilera, no sólo incurrieron en el delito de tortura contra 35 modestos pobladores del Barrio San Miguel de Ciudad del Este. Además de ello, usurparon funciones policiales, actuaron en tierra firme sin capacidad legal para ello, prescindieron de órdenes de allanamiento para penetrar en domicilios privados y detuvieron apersonas sin flagrancia ni orden de autoridad competente, según el acta de imputación de la fiscalía. El corolario de todo esto fue someter a brutales golpizas y torturas a los detenidos en la base naval.
Por cuatro años, el caso no se movió hasta que a fines de mayo de este año fueron imputados dos altos jefes navales, el ya mencionado Díaz Aguilera y Luis Torres Núñez, este último comandante de la Unidad de Guardia Costera de Ciudad del Este. Estos 4 años de impunidad se dieron en diversos ámbitos. La Armada paraguaya nunca investigó ni llegó a los perpetradores ni a los que ordenaron o toleraron las torturas, ni tampoco lo hizo la justicia militar, el sistema de justicia civil no imputó ni ordenó la detención de ningún efectivo militar, desde la política no se objetó la permanencia en las FF.AA de Díaz Aguilera ni se cuestionó su ascenso a contralmirante en diciembre de 2023. Esto se complementó, incluso, con un inexplicable silencio del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura, el cual tiene las herramientas legales para pronunciarse con fuerza a este respecto.
El vuelco inesperado lo dio el 27 de mayo de 2024 la fiscal Sonia Sanguinés con las imputaciones mencionadas, en donde detalla que los comandados por los jefes mencionados cometieron sucesivos delitos: “Los pobladores habrían sido sacados de manera violenta, arrastrados, puestos boca abajo algunos y otros de rodillas, mientras eran golpeados en distintas partes del cuerpo con puños, patadas, golpes con el fusil, y diferentes objetos como ser cables, mangueras, hierros, palos, todo esto delante de sus esposas e hijos menores de edad”.
Estos hechos, que en parte fueron filmados, fotografiados, sobre los cuales existen testimonios, partes médicos, documentos oficiales, nunca siquiera fueron negados por la Armada, que destituyó de su cargo a Díaz Aguilera al día siguiente de lo sucedido. Aquí nos encontramos frente a la impunidad sistémica: cuando las instituciones de un Estado—como el gobierno, la justicia y la policía—no solo no castigan los delitos, sino que, además, crean condiciones para que este tipo de actos queden siempre sin consecuencias. Tal modelo de impunidad perpetúa ciclos de violencia y violaciones de derechos humanos, generando una “seguridad” inversa de la esperada del Estado: ”seguridad” para los perpetradores y no para los ciudadanos.
Si todo este asunto resulta en ausencia de penalización a sus responsables, difícilmente se pueda hablar de la vigencia de un Estado de Derecho en el Paraguay.
Pero, la impunidad sistémica nunca se detuvo, más allá del solitario gesto de la fiscal Sanguinés. Los imputados no sólo continúan sus carreras militares como si nada hubiera pasado, sino que ascendieron y fueron nombrados en los más altos cargos de la Armada y, por ende, de la cúpula de las FF.AA.
El 12 de setiembre del corriente año, en el festejo del día de la Armada del Paraguay, el contralmirante Díaz Aguilera fue captado en imagen con su uniforme de gala recibiendo protocolarmente a un sonriente y exultante Fiscal General del Estado en la sede de la Aviación Naval. Esta instantánea está cargada de un algo valor simbólico en cuanto a la verdadera esencia de la democracia paraguaya de la post transición, pues se estaba fotografiando la mismísima impunidad sistémica que está en la raíz de todos los males que aquejan al país. Nos vienen varias preguntas inmediatamente. ¿Cuál es el mensaje que Emiliano Rolón envía a la corajuda fiscal que se animó a imputar a estos dos altos jefes militares? ¿Qué piensan las fuerzas armadas paraguayas que también apañaron a estos marinos? ¿Qué hizo la clase política que permitió ascender a Díaz Aguilera sin objetar su actuación en esos graves hechos que hasta hoy siguen impunes? ¿Y la comunidad de Derechos Humanos que guardó silencio ante esto?
Si todo este asunto resulta en ausencia de penalización a sus responsables, difícilmente se pueda hablar de la vigencia de un Estado de Derecho en el Paraguay. Este último, justamente tiene como nota la igualdad ante la ley de poderosos y de débiles, la fuerza del inescapable brazo de la ley para gobernantes y gobernados. El presidente Peña, quien ha tenido un rol activo en el ascenso y promoción de los imputados, tiene como representante del Estado paraguayo la responsabilidad de cumplir y honrar los compromisos internacionales del país en materia de derechos humanos. De la misma manera y, al no prescribir los delitos de lesa humanidad como la tortura, no puede ignorar que esta situación de impunidad puede acarrear responsabilidades ulteriores de las que deberemos hacernos cargo todos los paraguayos. Tampoco debe olvidar a las víctimas de estas atroces torturas, quienes siguen aguardando justicia.
*Abogado, investigador y experto en DDHH. Ex comisionado del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura.